El jurista español Baltasar Garzón sería el abogado de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el juicio de extradicción.
El litigante ha sido una figura importante para la política española e internacional, principalmente por promover un proceso penal en contra del dictador chileno Augusto Pinochet a finales de los años 90.
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Trayectoria de Baltasar Garzón
Ahora el jurista tendrá que impugnar por la extradición de quien formó parte de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Durante su carrera, Garzón destacó por ser el abogado de figuras de alto calibre como Julian Assange, fundador de WikiLeaks, siendo director pro bono de su defensoría.
Igual fue fichado por el equipo del expresidente boliviano Evo Morales para disputar juridícamente contra la orden de captura de la fiscalía de ese país.
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Como se recordará, al exdirector de Pemex se le acusa por actos de corrupción, asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
Conoce a AMLO
No sería la primera vez que el exjuez y exmagistrado español tenga asuntos con México.
El año pasado se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador en un encuentro privado, donde se discutió la creación de la Guardia Nacional.
De esta reunión también se dio a conocer que sostuvo pláticas con el titular del Ejecutivo en temas de seguridad, combate a la corrupción y de derechos humanos.
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Sin embargo, algunos medios de comunicación le señalaron como un artífice de la creación nuevo cuerpo de seguridad.
Contra el franquismo
El licenciado en derecho que ejerce su oficio desde 1979 ha publicado por lo menos 10 libros en lo que destacan los temas de violación a los derechos humanos en dictaduras y combate a la corrupción.
Su publicación más reciente, “No a la impunidad. Jurisdicción Universal, la última esperanza de las víctimas”, es un ejemplo de ello.
También ha escrito críticas al franquismo y a la Guerra Civil Española, a la que calificó de los mayores antecedentes de lesa humanidad de los que se tenga registro.
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En 2012 lo inhabilitaron del cargo en el máximo tribunal por 11 años luego de que magistrados españoles lo acusaron de haber tratado con “arbitrariedad” y “totalitarismo” a integrantes del derechista Partido Popular implicados en el caso Gürtel.