QUITO.- El expresidente de Ecuador Rafael Correa fue hallado culpable de cohecho agravado y sentenciado a 8 años de prisión, además perderá sus derechos políticos durante 25 años, dictaminó el tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia.
De acuerdo con la sentencia, Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, su estrecho colaborador, fueron condenados como autores del delito de cohecho.
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La mayor parte de la veintena de imputados fue declarada coautora del delito y dos exfuncionarias de la Presidencia fueron considerados cómplices.
Tanto para Correa como para Glas el panel de tres jueces que compone el tribunal emitió una condena de 8 años de prisión y la inhabilitación de la política durante 25 años.
Aún debe ratificarse la sentencia
“La sentencia como tal debe ratificarse o no en segunda instancia. Todavía ninguna pena está ejecutoriada, pues debe llegar hasta casación y resolverse para estar en firme”, explicó una fuente judicial.
El exmandatario afronta también el pago de una suma por daños y perjuicios, además de una reparación integral con la colocación de una placa en el Edificio de la Presidencia de la República pidiendo disculpas públicas.
Favores a empresas como Odebrecht
La sentencia acusa a Correa de liderar una red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual recibió aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular de su movimiento político, Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a varias empresas, entre ellas Odebrecht.
El expresidente, que reside en Bélgica y se encuentra prófugo por esta y otra causa, calificó de “payasada” el juicio y su defensa cuestionó la imparcialidad de los jueces, así como supuestas irregularidades de procedimiento en tiempo y forma.
“Todo organizado desde arriba”
En las audiencias previas, a inicios de marzo, la fiscal general, Diana Salazar, acusó al exmandatario dar las órdenes para que se cometiera el delito: “Todo estaba organizado desde arriba”.
Diana Salazar consideró necesario el pago de una reparación económica de 1,130 millones de dólares, el valor global de cada uno de los contratos que se colocaron dentro de esta trama de corrupción.