No deja salir a los organizadores el régimen cubano
LA HABANA (EFE y AP).— La Habana vivió este lunes un clima de tensión con fuerte presencia policiaca en algunas calles a la espera de la ilegalizada marcha convocada para precisamente ayer en demanda de un cambio político, pero al final la protesta no se realizó.
Los organizadores denunciaron que simpatizantes del gobierno les impidieron salir de sus casas y recibieran citaciones de la policía desde días antes.
EFE comprobó la fuerte presencia policial en un recorrido por calles cercanas al Capitolio Nacional, El Prado, el barrio del Vedado y otros más alejados del centro de la ciudad como el de La Lisa, donde las patrullas y agentes vigilan las calles.
En algunas viviendas se podían ver sábanas blancas extendidas en respuesta a la iniciativa de la plataforma opositora Archipiélago, que pidió colgarlas en respaldo a la marcha para demandar la liberación de los presos políticos y una solución de los problemas por la vía democrática y pacífica.
En contraste, edificios e instituciones oficiales llenaron sus fachadas con banderas cubanas. Frente a algunos ministerios, los funcionarios públicos celebraron actos de reafirmación.
La cara más visible del colectivo disidente cubano Archipiélago, Yunior García Aguilera, permanecía ayer incomunicado en su casa, vigilada aún por agentes, e “indispuesto con una migraña”, tal como aseguró a EFE un familiar que vive en su domicilio.
La zona del barrio del joven dramaturgo distaba mucho ayer al de la víspera, cuando agentes y personas afines al gobierno estaban apilados en su puerta para impedir que saliera a marchar, tal y como había anunciado que haría como antesala de la protesta de este lunes.
El dramaturgo y activista, de 39 años, ha incomodado al gobierno al poner rostro a la marcha, cuyo objetivo “es sacudir un país, hacer que la gente tome conciencia, generar un debate que provoque cambios”, según indicó él mismo la semana pasada en una entrevista a EFE.
Otros activistas y periodistas independientes tampoco pudieron salir de sus domicilios porque se lo impiden agentes de la seguridad del Estado o grupos de personas afines al gobierno. Algunos incluso fueron detenidos, como Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y su esposo Ángel Moya, según grupos opositores.
Decenas de personas se concentraron en un “mitin de repudio” frente ala casa en Santa Clara de la activista de Archipiélago Saily González, según denunció ella misma en redes.
El periodista independiente Abraham Jiménez Enoa afirmó en redes que se encontraba retenido en su casa y no podía salir a cubrir las protestas.
Su colega Yoani Sánchez informó que le habían cortado el acceso a internet.
La ONG opositora Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, registró más de 200 “actos represivos” en los últimos tres días, entre ellas por lo menos 49 retenciones en domicilios y 25 casos de amenazas.
En las jornadas previas, las fuerzas de seguridad citaron a decenas de activistas en comisarías y otros departamentos estatales. Varios de ellos señalaron que recibieron amenazas si participaban en la marcha del 15N.
Está previsto que se celebren protestas en cerca de un centenar de ciudades de todo el mundo en apoyo a esta marcha.
El Gobierno cubano consideró “ilícita” la protesta y no la ha autorizado al considerar que detrás se encuentra la “estrategia imperial” de Estados Unidos, como dijo la semana pasada el presidente Miguel Díaz-Canel.
El Gobierno cubano retiró este sábado, horas antes del inicio de las protestas, las acreditaciones a todos los periodistas y gráficos de la Agencia Efe en la isla sin explicar motivos ni aclarar si se trataba de una medida temporal o permanente.
Horas después las autoridades se las restituyeron a dos de los seis periodistas del equipo, algo que la presidenta de la Agencia Efe, Gabriela Cañas, ha considerado “insuficiente” y reclamado que se devuelvan todas.
En una intervención televisiva en directo, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó ayer como “operación fallida” la convocatoria de una marcha pacífica declarada ilegal por el gobierno.