Un periodista corresponsal de la Agencia Francesa de Prensa (AFP) en Caracas, Venezuela, cuestionó al presidente venezolano Nicolás Maduro sobre la detención de dos bomberos, a quienes se acusa de “instigación al odio” por publicar un vídeo en la red social YouTube en el que reiteradamente mencionan el nombre del mandatario venezolano, mientras se observa a un burro entrar y salir de un edificio, que al parecer es una estación de bomberos, del estado de Mérida.
El periodista Esteban Rojas, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, asistió a la rueda de prensa que se llevó al cabo en el Palacio de Miraflores, en Caracas, en la que el presidente Maduro informaría sobre los acuerdos obtenidos en China. En la sección de preguntas de la prensa, Rojas lanzó la pregunta al mandatario quien la calificó como inapropiada y de falta de nivel.
Visiblemente disgustado, Maduro preguntó al reportero si era periodista y de dónde se había graduado, para inmediatamente después señalar que esa pregunta no correspondía al nivel de información para que había sido convocada la rueda de prensa, y sentenció que no la respondería.
Y más que una pregunta ociosa, el periodista quería saber qué opinaba el mandatario sobre la acusación de “instigación al odio” contra los dos elementos de bomberos venezolanos, por la difusión de un video y que podría acarrearles hasta 20 años de cárcel
Hace unos días, un tribunal dictó “medida privativa de libertad” contra Ricardo Prieto y Carlos Varón, detenidos el pasado miércoles en la ciudad de Mérida, Venezuela, por “instigación al odio agravado”, dijo Fernando Cermeño, representante de la ONG Foro Penal en la región.
La detención de Prieto, de 41 años, y Varón, de 45, se produjo luego de que en redes sociales circulara un video en el que llaman “presidente Maduro” a un burro arreado con una correa en una estación de bomberos de Mérida.
Según Foro Penal, la acusación se basa en la Ley contra el Odio, aprobada a finales de 2017 por la oficialista Asamblea Constituyente y denunciada por la oposición como un instrumento para “criminalizar la disidencia”.
La norma prevé penas de hasta 20 años de cárcel, la ilegalización de partidos políticos y el cierre de medios de comunicación.
Un hombre y una mujer que protestaban por la falta de comida fueron los primeros detenidos en aplicación de esa ley, en enero, según Foro Penal. Fueron arrestados en una pequeña manifestación que cerró una avenida en la ciudad de Valencia, Venezuela.
Las autoridades gubernamentales no han hecho declaraciones sobre el caso de los bomberos, presentados en tribunales el fin de semana.
Según Foro Penal, en Venezuela hay cerca de 240 “presos políticos”.
Otra burla sobre el presidente le salió cara a una familia en agosto, al ser desalojada de una vivienda que le había asignado el gobierno por supuestamente bromear en un chat de WhatsApp de vecinos sobre la explosión de dos drones cargados de explosivos durante un acto de Maduro.
El mandatario denunció ese hecho como un “magnicidio en grado de tentativa”.
Tras el incidente, el periodista hizo dos preguntas sobre el financiamiento y las inversiones chinas en Venezuela y si pensaba asistir a la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, EE.UU.