MADRID, España. (EFE).- La presencia creciente de símbolos soberanistas en lugares públicos de Cataluña, especialmente lazos amarillos de apoyo a los políticos secesionistas encarcelados preventivamente, es motivo de otro enfrentamiento entre partidarios y contrarios a la independencia de esta región española.
Los independentistas colocan pancartas, cruces y lazos amarillos en calles, plazas y playas, mobiliario urbano y fachadas, incluso de ayuntamientos e iglesias, aparte de las banderas separatistas habituales, lo que justifican como libertad de expresión.
Y los partidarios de la unidad de España se afanan en retirarlos una y otra vez para mantener la neutralidad ideológica del espacio público, lo que ha originado la intervención de la Policía autonómica catalana (Mossos d’Esquadra) en algún caso.
Tras frustrarse el proceso independentista ilegal catalán, a últimos de octubre de 2017, los soberanistas comenzaron a generalizar el uso de lazos amarillos para reclamar la libertad de los líderes sociales y políticos encarcelados provisionalmente por orden judicial y procesados posteriormente.
Un soporte publicitario de Barcelona (noreste) apareció hoy con un cartel anónimo en el que se ve un lazo amarillo invertido, a modo de soga, en el que puede leerse: “Si vivimos, vivimos para pisar las cabezas de los reyes“, un cita de “Enrique IV“, obra de William Shakespeare. Fuentes municipales lo atribuyeron a un acto vandálico.
El presidente del opositor Partido Popular (centroderecha), Pablo Casado, opinó hoy que lo que ocurre en Cataluña “no está pasando en Venezuela ni en Corea de Norte” ni se consentiría en ningún país democrático, y conminó al Gobierno español, que preside el socialista Pedro Sánchez, a que reaccione y “defienda a España.”
El 17 de agosto pasado, pancartas colgadas de varios edificios rechazaban también la presencia de Felipe VI en la ceremonia de Barcelona en recuerdo de las víctimas de los atentados yihadistas de hace un año, que causaron 16 muertos y más de cien heridos.
El fin de semana último, la Policía catalana identificó a 14 personas que planeaban retirar símbolos independentistas de varios municipios de la provincia catalana de Tarragona.
Los agentes los identificaron como “posibles autores de daños al dominio público” y por “presunta infracción grave de la ley de seguridad ciudadana“, que prevé multas de entre 601 y 30.000 euros (697-34.800 dólares al cambio actual).
La líder del partido opositor catalán Ciudadanos (liberales), Inés Arrimadas, acusó la víspera al presidente regional, el independentista Quim Torra, de utilizar los Mossos como “policía política” para “amedrentar” a las personas que “defienden un espacio público neutral” y “libre de símbolos políticos.”
El consejero catalán de Interior, Miquel Buch, replicó que se respete a los agentes y no se ponga en duda su profesionalidad y neutralidad.
El Ejecutivo español y el gobierno catalán tratarán la cuestión de las identificaciones y posibles sanciones para quienes retiren lazos amarillos de la vía pública en una reunión de la Junta conjunta de Seguridad Ciudadana.
En una carta, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha propuesto a Torra que la Junta de Seguridad se reúna del 3 al 7 de septiembre para analizar la seguridad ciudadana en general, “mejorar la eficacia policial” en Cataluña y tratar la situación de la “convivencia en el espacio público“, además de asuntos sobre el terrorismo, el crimen organizado y otros.
La secretaria de Estado de Seguridad española, Ana Botella, apeló el miércoles a la “sensatez” dada “la sensibilidad del tema, el debate abierto y el respeto que todos debemos al uso del espacio público.”
Por su parte, Torra anunció que exigirá “responsabilidades” a Grande-Marlaska por las “acciones intolerables” y “comportamientos inaceptables“, a su juicio, de miembros de las fuerzas de seguridad de Guardia Civil y Policía Nacional contra independentistas, como “agresiones” e “insultos.”
Además, Impulso Ciudadano, movimiento cívico contrario a la independencia, pedirá a la Fiscalía que investigue la posible “comisión de delitos” por parte del gobierno catalán en la neutralidad política del espacio público.
También sobre los lazos, el vicepresidente de la organización soberanista Òmnium Cultural, Marcel Mauri, opinó hoy que, desde el Estado español, se “intenta esconder lo que de verdad les escuece: que hay gente en la cárcel y el exilio.”
Aludió así a los políticos secesionistas que cumplen prisión provisional y a los fugados de la Justicia española por el proceso independentista ilegal de 2017.
“El problema no es que los pongan o saquen (los lazos), sino que algunas de las personas que los están quitando están utilizando la violencia y es un problema de orden público“, aseguró Mauri.