De comprobarse la comisión de actos que puedan configurar alguna conducta delictiva en el caso de la recolección de firmas para los ciudadanos que aspiraban a ser candidatos independientes, las condenas correspondientes son de dos a siete años de cárcel y multas de 200 salarios mínimos, según Júnior Arellano Santana, vicefiscal para la atención de los delitos electorales en Yucatán.
Ese sería el castigo al que podrían hacerse acreedores los responsables de hacer mal uso del material electoral, en este caso los listados nominales y credenciales de elector en caso de comprobarse esos ilícitos en las inconsistencias de los apoyos ciudadanos que presentaron los que aspiraban a las candidaturas independientes, señaló.
Como informó el Diario, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) ya dio vista a la Fiscalía Especial Para Delitos Electorales (Fepade) de las inconsistencias halladas en las firmas que presentaron los aspirantes a candidatos independientes, por si hubiera algún delito de ese tipo.
El documento contiene alrededor de 20,000 inconsistencias en las firmas que presentó Sofía Castro Romero y 10,000 de Santiago Alamilla Bazán, que buscaban candidaturas al gobierno y a la alcaldía de Mérida, respectivamente. Más información, mañana en Diario de Yucatán.