Familia se ampara
Varios integrantes de una familia solicitaron amparo contra la vinculación a proceso penal que ordenó el Juzgado 2o. de Control, a partir de la denuncia de millonario fraude que promovió Sergio Siqueff Wabi.
Hace varias semanas que los acusados fueron imputados de ese delito, del que obtendrían más de $50 millones, de acuerdo con el amparo que promovió el defensor Juan Manuel Cen Alonzo.
Los hermanos Mario y Carlos, y cuatro hijos del segundo fueron los acusados de participar en el fraude que habrían cometido al vender unos predios poco antes de que se les embargaran los inmuebles.
En las audiencias de imputación y vinculación los inculpados guardaron silencio, pero hace unos días promovieron el amparo contra el proceso que se le sigue porque, afirman, no cometieron ese delito y las pruebas aportadas por la Fiscalía General “son insuficientes” para presumir que cometieron ese delito.
El amparo fue recibido por el Juzgado 1o. de Distrito, que solicitó al juzgado de Control le envíe la carpeta de investigación número 11 de este año, que se integró para formular la acusación ante el tribunal estatal.
Se fijó el lunes 14 para resolver de fondo el caso y en tanto se determina si se concede a los acusados la protección de la Justicia Federal, los procesados seguirán en libertad, beneficio que se les concedió previo depósito de una cantidad de dinero que les impusieron.
Se considera que el fraude, independientemente del monto, no es un delito grave y, por lo tanto, la libertad se concede con restricciones, como no salir del estado sin autorización del juez, acudir a un registro judicial en determinadas fechas, no aproximarse al denunciante excepto para solucionar el conflicto, etcétera.
En tanto se resuelve el amparo las investigaciones siguen, aunque no se puede enviar el caso a un juicio hasta que las autoridades federales determinen si conceden el amparo o no.— Megamedia
Aristas en conflicto
Hace unos días se suspendió la audiencia penal inicial en una arista de un conflicto familiar que lleva varios años y en el que de por medio hay millonarias cantidades de dinero: por defectos en la notificación a una inculpada, la reunión judicial se pospuso para el miércoles de la próxima semana.
En este caso, que se ventiló en el Juzgado 2o. de Control, el denunciante es el empresario y exfuncionario estatal Fernando Ponce García, quien reclama $1,500 millones, importe de numerosos lotes que habría vendido de manera irregular su exyerno y principal acusado, Ermilo Castilla Roche.
En este supuesto fraude se involucran a la madre y a un hijo del inculpado. A la audiencia suspendida sólo acudió Ermilo Castilla Ponce, hijo de Castilla Roche. Cerca de las 11 horas, en la Sala Dos del Centro de Justicia Oral de Mérida, las partes se reunieron previa cita que se giró desde hace varios días para la audiencia de impu- tación, en la que los fiscales que siguen el caso informan a los acusados los cargos que les atribuyen según la denuncia.
La audiencia fue presidida por el juez Luis Edwin Mugarte Guerrero, quien a los pocos minutos determinó cancelar la reunión porque la madre del principal acusado, la señora Noemí Roche, no compareció por defectos en la notificación que debió realizarse.
Por lo tanto, se determinó que el próximo miércoles, en horas de la mañana, se realice la imputación con base en la Carpeta de Investigación 70/2018, promovida por Ponce García y a la que deben asistir los tres involucrados.
Las partes declinaron informar sobre el caso a la prensa, pero se averiguó que la millonaria cantidad que reclama el exfuncionario es el importe de la venta de lotes en la isla Holbox.
Con un poder notarial, que en apariencia le fue revocado, Castilla Roche habría vendido los terrenos a diversas personas y el monto de lo que supuestamente obtuvo ilegalmente supera los 1,500 millones de pesos, cantidad que reclama el quejoso.
Hace algunos años hubo un altercado en un juzgado civil cuando integrantes de las dos familias acudieron a una diligencia. El año pasado se hizo efectiva la denuncia de fraude de la señora Margarita Ponce Díaz, quien señaló como responsables de vender ilegalmente varios predios a su exesposo Castilla Roche y al hijo de ambos, Castilla Ponce.
Fue detenido, estuvo en prisión varias horas y luego de pagar baja fianza que se le fijó recuperó su libertad. En esta nueva denuncia, de su abuelo, también se le involucra, al igual que a su abuela paterna.
Se vio en la sala de audiencia a los asesores del quejoso, los abogados Alam Molina Álvarez, Pedro López Chulim y Juan Hernández.
Castilla Ponce acudió acompañado de varios abogados. En la siguiente audiencia, si alguno de los involucrados no comparece, ese juzgado puede ordenar que la fuerza pública lo presente ante el juez.
En una audiencia de ese tipo se ordenan medidas cautelares contra los acusados, desde la prisión preventiva hasta asistir con la regularidad que se determine a un registro policial, no salir del Estado sin autorización, depositar una cantidad de dinero que el involucrado puede perder en ciertos casos, etcétera.— Megamedia