Un contrato rescindido
El gobierno del estado de Yucatán informa que no canceló el contrato para la construcción del hospital de Ticul, sino que lo rescindió, y tomó esa decisión debido al incumplimiento de la empresa de Grupo Marhnos, al dejar la obra con un avance de 39.02% únicamente, a pesar de que se le concedió una prórroga de 300 días.
En un comunicado, señala que el contrato tenía una vigencia de 25 años y obligaba al Estado de Yucatán a pagar más de 237 millones de pesos, que se incrementarían para mantener su valor, suma que se pagaría en mensualidades de casi 20 millones de pesos, equivalentes a más de $658,000 diarios, lo que hace más de $5,500 millones.
También dice que la deuda derivada de la rescisión es de 125 millones de pesos, no de 723 millones como se publicó.
El comunicado precisa que el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, no es competente en el caso porque eso corresponde a las autoridades locales y federales que ya estaban conociendo de la controversia y que posteriormente resolvieron en definitiva. El escrito dice lo siguiente:
—El contrato PPS fue celebrado con objeto de complementar los servicios que Servicios de Salud de Yucatán (SSY) proporciona a la población, para lo cual contrató con la sociedad Infraestructura Hospitalaria de la Península, perteneciente al Grupo Marhnos, la construcción y operación de un hospital en el municipio de Ticul.
—El contrato tenía una vigencia de 25 años y obligaba al Estado a pagar una cantidad anual mayor a $237 millones que aumentarían para mantener su valor, que se pagaría en mensualidades de casi $20 millones, equivalente a más de $658 mil diarios, rebasando los $5,500 millones. A todas esas cifras se agregaría lo correspondiente al IVA.
—El contrato no fue cancelado, sino rescindido por el Ejecutivo del Estado, con motivo del incumplimiento de la empresa de Grupo Marhnos, al dejar la obra de edificación del hospital con un avance de 39.02% únicamente, a pesar de que se le concedió una prórroga por 300 días.
—El incumplimiento de la empresa de Grupo Marhnos ha dado origen a una controversia que se ha dirimido en diversos procedimientos y juicios ante las autoridades administrativas estatales, y judiciales estatales y federales, quienes fueron y son competentes para resolverla.
—Cada uno de esos procedimientos ha resultado favorable a SSY.
—La rescisión administrativa del contrato PPS es firme. En el procedimiento de rescisión seguido por SSY se respetaron todos los derechos de la empresa de Grupo Marhnos y de sus obligados solidarios, quienes comparecieron en todas sus etapas y ofrecieron sus pruebas.
—Se determinó que el valor actual de la obra del hospital es de poco más de $160 millones, por lo que restando las penalidades contractuales por el incumplimiento que sumaron casi $34 millones, el adeudo a cargo de SSY por la rescisión del contrato es por más de $125 millones, y no la que se indica en la nota periodística.
—La empresa de Grupo Marhnos decidió combatir el monto de la deuda mediante juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, organismo que por sentencia definitiva confirmó la suma de $125.051,765.70 como monto del adeudo, declarando la validez de la resolución impugnada.
—En cuanto a la información de la nota del fallo de un organismo de arbitraje internacional, se aclara que debe referirse a un tribunal arbitral mexicano actuando bajo las reglas de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional con sede en París, cuya intervención se debió a que la empresa de Grupo Marhnos, en aras de obtener otra determinación, promovió un juicio arbitral mediante el que, contrario a lo que ya se resolvió, pretende cobrar todas las cantidades que, según dice, invirtió en la realización del 39.02% de la obra, a pesar de que incumplió con el contrato PPS.
—SSY no se sometió al tribunal arbitral e hizo valer la incompetencia del mismo por corresponder a las autoridades locales y federales que ya estaban conociendo de la controversia y que posteriormente resolvieron en definitiva.
—Por ello, el laudo que contiene la supuesta condena al pago de los $723 millones a los que se refiere la nota es inejecutable jurídicamente, y la responsabilidad real a cargo de SSY por la rescisión del contrato PPS se limita a $125.051,765.70.
Gobierno del Estado Nosocomio
El Ejecutivo precisó el presunto adeudo con una empresa por el Hospital Regional de Ticul.
Sin ejecución
“Debido a su ilegalidad, los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) tiene promovido ante un tribunal estatal la declaratoria de nulidad del laudo arbitral, mismo que no podrá ejecutarse”.
Contrato
“La decisión del Ejecutivo del Estado (de rescindir el contrato) fue realizada conforme a derecho y privilegiando los intereses de la población porque, sin detrimento de los servicios de salud que presta y mediante el establecimiento de otros mecanismos, ha realizado la complementación de los servicios que eran objeto del contrato PPS”.
Ven ahorros
“Ello benefició al Estado con un ahorro presupuestal de más de $5,400 millones en el plazo de 25 años, evitando cargar a SSY la cantidad mensual mínima de casi $20 millones, cifras más IVA”.