La doctora Gina Villagómez Valdés, investigadora universitaria y colaboradora del colectivo Mujeres Todas, y cinco de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que preside Eduardo Ancona González, junto con Graciela Torres Garma, Mónica Febles Alvarez-Icaza, Javier Montes de Oca Zentella y Manuel Castillo Rendón, ofrecen sus consideraciones sobre las pruebas y evidencias que Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, da a conocer sobre un estructurado entramado de empresas fantasmas que operó durante la anterior administración estatal, en la que todo indica que se desviaron millonarios recursos del erario.
En los próximos días, otros actores de organismos cívicos, empresarios y funcionarios también emiten sus juicios en una entrega más en relación con la información documentada.— Carlos Fernando Cámara Gutiérrez
Dra. Gina Villagómez Valdés
Investigadora del CIR “Hideyo Noguchi” de la Uady
“Jugamos a la simulación”. En una palabra resume la investigadora universitaria Gina Villagómez Valdés, integrante del colectivo Mujeres Todas, al referirse a la red de empresas fantasmas que, de acuerdo con evidencias, medraron al erario en la anterior administración estatal.
La doctora en Antropología Social afirma que “toda la población hemos jugado a la simulación, ya que se sabe que las empresas fantasmas son una figura usada por todos los gobernantes de todos los partidos (políticos) y los hechos han salido a la luz cada vez que culmina un período administrativo”.
Círculo vicioso
“Se han presentado repetidamente pruebas y evidencias en los medios de comunicación de este tipo de situaciones cada vez que alguna gestión termina su período, por lo que no hay que sorprendernos de la existencia de empresas fantasmas. Lo que sucede es que jugamos a la simulación, a que aquí no pasa nada, a pesar de que esa figura ilícita es utilizada para desviar recursos públicos”, insiste la doctora Villagómez Valdés.
La académica de la Unidad de Ciencias Sociales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán reclama que se deje de mostrar sorpresa, “de que como que hacemos que nadie se da cuenta” y se exija que las nuevas autoridades cumplan sus funciones de denunciar e impartir justicia.
“Hay un gran faltante de recursos del erario, lo peor está en el interior del Estado, donde hay un hueco financiero en los ayuntamientos, irregularidades que presidentes municipales no se atreven a denunciar por presiones de los grupos de poder de la anterior administración que siguen operando, predominando”, sostiene la investigadora.
Grupos de poder
Al hablar de quiénes se favorecen de los desfalcos de las empresas fantasmas, la Dra. Villagómez Valdés señala que son los políticos de los partidos y los empresarios locales los que ofrecen los servicios.
“Se benefician los que forman parte de los grupos de poder, los cacicazgos regionales en el interior del Estado. En síntesis, los empresarios del poder, los políticos en el poder.
“¿Quién debe investigar esas irregularidades?”, repite la pregunta y responde contundente: “La autoridad. Independientemente de las denuncias, si hay o no hay. Debería darse un seguimiento a partir del poder legislativo antes de autorizar las cuentas. Hay que hacer un inventario, porque ya saben qué sucede, lo saben todo. Yo, como ciudadana común, tengo nombres de municipios —que no estoy obligada a revelar—, donde hay faltantes de grandes cantidades de dinero, donde prevalece la corrupción. Al poder legislativo hay que insistirle con fuerza, y a las demás autoridades, la Judicial y el Ejecutivo, para que cumplan sus funciones”.
Ante el cúmulo de pruebas y argumentos documentados, la activista social considera que “definitivamente la Auditoría Superior del Estado y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deben intervenir ya”.
“El SAT en lugar de perseguir de manera miserable a los pequeños comerciantes o empresarios menores o medianos para cobrarles un impuesto, que investigue y castigue. Que no exima del pago a los que evaden impuestos, que sancione a los que hacen mal manejo de los recursos públicos, pero creo que no lo hace por complicidad.
“Sé de una pequeña dependencia del gobierno anterior donde se pagaron millones de pesos en gastos para repuestos de toner (cartuchos de tinta para impresoras). No es posible que nadie se dé cuenta de semejante facturación por ese concepto, y todos se quedan callados”.
No ser cómplices
“Como ciudadanos debemos exigir y no esperar sentados que el nuevo gobierno haga la tarea. Hay que coadyuvar para que se castiguen los millonarios desvíos del erario”, indica.
La también integrante de la agrupación Red Mujeres por la Democracia Partidaria advierte que si el nuevo gobierno estatal no hace la parte que le corresponde también se hace cómplice y partícipe de esa trama, porque al final, afirma, todo se convierte en una cadena de complicidades y corrupción.
“Es el juego que todos jugamos, el de la simulación, en el que todos los yucatecos somos buenos, hasta los notarios, pero si no actuamos nos convertimos en cómplices de ese proceso de engaño en el que participan las empresas fantasmas, los ‘moches’, el robo de recursos públicos, las mafias inmobiliarias. Pero acá todo está bien, solo el calor y los moscos son lo que molestan”, apunta irónica la doctora Villagómez Valdés.
Comité de Participación Ciudadana
Sistema Estatal Anticorrupción
En el centro del debate, Eduardo Ancona González, como presidente, Graciela Torres Garma, Mónica Febles Alvarez-Icaza, Javier Montes de Oca Zentella y Manuel Castillo Rendón, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción también ofrecen sus puntos de vista sobre las evidencias de las polémicas empresas fantasmas creadas en la gestión gubernamental anterior.
La junta, que se instaló en febrero pasado, según expuso hace nueve meses su coordinador para comenzar “una lucha” para que “la comunidad sea vigilante del buen uso de los recursos y se convierta en crítica del cumplimiento de las autoridades para que vuelva a depositar su fe en el ejercicio de gobierno”, destaca lo siguiente:
“Hemos seguido la información mediática que este tema ha suscitado. Como Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán consideramos que la información recabada por los medios de información sobre la utilización de empresas fantasmas para desvío de recursos debe traducirse ya en una denuncia específica sobre el tema. Si hay la sospecha de corrupción se debe de dar el siguiente paso: poner la denuncia correspondiente para comenzar una investigación oficial sobre el asunto”, recomienda el comité ciudadano.
Dos actores
Sobre los que se benefician con las acciones ilícitas de la red de compañías irregulares, subrayan que “la corrupción que se señala tiene dos actores principales: el que recibe el producto del acto ilícito (un funcionario público) y el que da el producto del acto ilícito (el proveedor del servicio requerido). Eso es lo que hay que investigar: quiénes son esos dos protagonistas, ya que sin duda ambos se beneficiaron, de una u otra forma, del supuesto acto ilegal”, señalan.
Pero la pregunta es quién debe investigar esas anomalías. Los integrantes del comité de participación ciudadana responden así: “el Sistema Estatal Anticorrupción aglutina a seis dependencias gubernamentales: la Auditoría Superior del Estado (Asey), la Visefiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Contraloría del Estado, el Poder Judicial del Estado y el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales”, agregan.
“La Auditoría y la Contraloría, dentro de sus funciones, contemplan la revisión del ejercicio de los recursos públicos y conocer para qué se destinaron. La denuncia debe llegar a una de esas entidades para que la investigación oficial se pueda procesar. El Comité de Participación Ciudadana estará al pendiente de quién debe investigar y proceder ante un juez que lo haga”, explican a manera de contestación.
Además, juzgan que ante la demostración de argumentos documentados de desvíos del erario, la Asey y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) deben intervenir.
“La Auditoría debe hacerlo en su ámbito de competencia y el SAT en el entorno que también le corresponda. Pero para ello tiene que haber una denuncia formal sobre el ilícito de corrupción. Si esto no pasa, nos quedaremos en la especulación mediática y esto puede confundir más a la opinión pública”, finalizan los ciudadanos que conforman el Comité del Sistema Estatal Anticorrupción.