No hubo retrasos de los pagos en el Isstey —sostienen
La exdirectora general del Isstey, Gabriela Cáceres Vergara, expresó que en relación con las declaraciones de funcionarias de la actual administración estatal sobre la situación financiera del instituto y los procesos administrativos de auditoría ante la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), se hacen las siguientes precisiones:
Al 30 de septiembre de 2018, el Isstey se encontraba operando y financieramente estable y al día con sus compromisos. Todos los sistemas de pensiones del país presentan retos, algunos de manera inmediata y otros a mediano plazo para atender a sus pensionados.
El Isstey, durante el período 2012-2018, cumplió en tiempo y forma la totalidad de sus compromisos derivados de jubilaciones y pensiones. Es decir, ningún derechohabiente presentó retrasos de pago.
Como es del conocimiento público, en 2014 se estableció un mecanismo para atender los pasivos que el gobierno del Estado tenía con el Isstey por medio de la creación del Fideicomiso Ucú; inclusive, la aportación de tierras al fideicomiso fue autorizado por el Congreso del Estado.
Este fideicomiso al enajenar las tierras recibidas tiene la obligación de reportar al Isstey parte del valor de la operación incluyendo la plusvalía obtenida.
El gobierno saliente, durante su período, realizó inversiones y desarrolló la zona de Ucú a fin de incrementar el valor comercial de los terrenos propiedad del fideicomiso.
Esta estrategia generó que el valor de los terrenos se incrementan significativamente, ya que al momento de la creación del fideicomiso el avalúo se encontraba en $2,255 millones por el total de la superficie; por su parte, el más reciente avalúo establece un valor de $2,871 millones; es decir, un incremento de $616 millones en menos de cuatro años.
Por lo anterior, el hecho de no vender los terrenos de manera inmediata; desarrollar la zona donde se encuentran los terrenos y obtener una significativa plusvalía, resulta ser a la vista la estrategia correcta para fortalecer el sistema de pensiones.
En adición a lo anterior, al término de la administración, se acordó trasladar la propiedad de las tierras del fideicomiso Ucú al Isstey, en vista de que se había cumplido el objetivo de incrementar el valor de las tierras. De esta manera, la totalidad del valor de los terrenos formaría parte del patrimonio del Isstey. Este esquema de fortalecimiento al sistema de pensiones planteado por el Ejecutivo se entregó a la administración entrante en proceso y con las condiciones necesarias para que la nueva administración lo concluya. Así, con mecanismos de financiamiento, cumplimiento de pagos y con reformas legales, se hace evidente el compromiso del gobierno 2012-2018 de fortalecer la operación permanente y viabilidad del Isstey.
En relación con el tema “contingencias por más de 2,500 millones de pesos”, en la que se señalan observaciones que no han sido solventadas y que corresponderían a reintegros por parte del Estado, se precisa que dicha información no corresponde a observaciones por mala aplicación o desvío de recursos, o cualquier delito relacionado con la malversación de los recursos públicos.
De acuerdo con los últimos informes presentados tanto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), en septiembre, las observaciones derivadas de los respectivos procesos de fiscalización han sido correctamente atendidas por los responsables a cargo de las áreas respectivas del Estado.
La finalización de los procesos de audición depende de los tiempos establecidos por los mismos entes federales de fiscalización que en la mayoría de los casos no son concluidos de manera inmediata, sino conforme a las disposiciones legales aplicables en materia de fiscalización.
Sin que pase inadvertido lo anteriormente señalado, se recalca que todos los documentos originales, generados y derivados de cualquier acto de autoridad en funciones administrativas y relacionados con los procesos de fiscalización durante la administración 2012-2018, obran en las instalaciones de las oficinas del propio gobierno del Estado, tal como establecen las leyes de nuestro país.
Con la revisión y el seguimiento de los expedientes se puede constatar que las observaciones realizadas por la ASF y SFP, fueron atendidas en tiempo y forma y conforme a derecho.
En resumen, las afirmaciones emitidas por las funcionarias estatales carecen de sustento, toda vez que la administración saliente cumplió los compromisos de pago de jubilaciones con el Isstey e instauró estrategias para asegurar la operación continua y viabilidad financiera.
De igual forma, se cumplió conforme a la ley, con los procesos de auditoría correspondientes. En ese sentido, es pertinente resaltar la importancia de que los administradores gubernamentales informen adecuadamente a la sociedad sobre el estado de los recursos públicos.