Procederán por 2 vías por faltantes en el Ejecutivo
El gobierno del Estado anunció ayer las primeras acciones penales y administrativas por desfalcos y otras irregularidades en la estructura que dejó la administración de Rolando Zapata Bello.
El primer paso será la presentación de 26 denuncias. Seis serán por “irregularidades financieras” que representan un quebranto de al menos $533 millones en dependencias como las secretarías de Salud, de Educación y de Administración y Finanzas, principalmente.
Otras 20 denuncias serán por faltantes de bienes muebles, diferencias de inventarios y “discrepancias administrativas” halladas en la entrega-recepción, que involucran de nuevo a Salud, Educación y Administración y Finanzas, así como a las secretarías General de Gobierno, de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) y de Fomento Turístico (Sefotur), lo mismo que a los institutos de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), del Deporte (IDEY), de Seguridad Jurídica Patrimonial (Insejupy) y de Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey), el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior de Progreso, Cultur y el Hospital Comunitario de Peto.
Las denuncias se presentarán el próximo lunes 14 ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (en los casos de índole penal) y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).
Las medidas fueron anunciadas en el marco de los primeros 100 días del gobierno de Mauricio Vila Dosal, en rueda de prensa que ofrecieron las secretarias General de Gobierno y de la Contraloría General, María Fritz Sierra y Lízbeth Basto Avilés, y el consejero jurídico, Mauricio Tappan Silveira. La segunda leyó un texto con las acciones a seguir. No se aceptaron preguntas de los reporteros.
En las semanas finales de 2018, las diferentes plataformas de Grupo Megamedia dieron a conocer, en una serie de 15 reportajes, las operaciones de una red de empresas favorecidas con millonarios contratos del gobierno de Rolando Zapata, en la mayoría de los casos por asignación directa y sin constancia de la obra realizada.
En la rueda de prensa de ayer no se mencionaron nombres de exfuncionarios involucrados en las denuncias. Únicamente se habló de las dependencias.
La contralora Lízbeth Basto recordó antecedentes del proceso de entrega-recepción. Dijo que solo en los casos de dependencias como Salud, Educación y Administración y Finanzas, principalmente, el monto del quebranto a denunciar asciende a unos $533 millones.
Sobre los faltantes de bienes muebles, diferencias de inventarios y discrepancias administrativas citó algunos ejemplos: en la Secretaría de Educación se detectó la falta de 758 bienes muebles y equipos tecnológicos y en el sector salud no aparecen 260 bienes, entre ellos una incubadora, equipo e instrumental médico y de laboratorio, material informático y mobiliario y equipo administrativo.
Además de esos casos, están en proceso de revisión e integración otras siete carpetas de investigación por faltantes en dependencias como las secretarías de Desarrollo Rural y de Desarrollo Social y los institutos de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) y para la Construcción y Conservación de Obra Pública (Inccoppy), así como otras más en la Secretaría de Salud. El monto ascendería a $160 millones.— ÁNGEL NOH ESTRADA
Proceso
Son 26 denuncias en el primer bloque de acciones contra el gobierno anterior.
¿A dónde se dirigen?
Seis denuncias son por quebranto financiero en dependencias como Salud, Administración y Finanzas, y Educación, principalmente. Otras 20 involucran faltante de bienes y equipos, entre otras cosas.
¿Quién investigará?
Recibirán las denuncias dos órganos: las de índole penal irán a la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Las demás serán turnadas a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), órgano técnico del Congreso del Estado con autonomía técnica, presupuestal y de gestión.
¿Quiénes las encabezan?
El vicefiscal anticorrupción es José Enrique Goff Ailloud y la Auditoría Superior del Estado está a cargo de Mario Can Marín.