“Hay que dar ‘mordidas’”
La delegación de la Sagarpa en Yucatán (ahora Sader) denunció a Manuel Gómez Beltrán, un pequeño citricultor de Tekax, por no pagar parte de un subsidio que recibió del gobierno federal para modernizar su equipo de riego y esa dependencia turnó el caso al Sistema de Administración Tributaria (SAT), quien está a punto de embargarle sus propiedades.
De acuerdo con Gómez Beltrán, la reacción de la Sagarpa fue solo una maniobra para apoderarse de esos recursos federales en contubernio con la empresa Corporación Mexicana para Proyectos en Agronegocios (Copra), S. A. de C. V.
Como informamos en la primera entrega de este reporte, el citricultor tekaxeño dice que empleados de esa compañía lo convencieron de pedir un apoyo para modernizar el sistema de riego de su parcela, donde siembra limón con otros productores, sin dar nada a cambio. “El pago de ustedes es ficticio, así nos lo dijo Martín Viera Lugo supervisor de Copra, ya que nosotros le advertimos antes que no teníamos ni un centavo para dar”, afirma.
Empero, apenas se autorizó el pago, “los de esa red se quedaron con la mayoría del dinero y solo invirtieron un poco en las obras de riego”.
Estas obras consistieron en poner microaspersores (un dispositivo que riega junto a la planta de limón), en 50 hectáreas.
“Al principio la obra funcionó bien y funcionarios de la Sagarpa me orillaron a firmar el finiquito”, dice.
Pero luego un inspector de esa dependencia visitó las obras y notó la falta de tubos. “El convenio no especifica los tubos”, le contesté al inspector. “Solicitamos apoyo para un cambio de sistema nuevo, no de tubería, porque las que tenemos están en buen estado”.
La dependencia le informó a Gómez Beltrán que si no ponía la tubería nueva no le entregaría el finiquito y él debía devolver todo el apoyo, 756,000 pesos.
“Ese fue el pretexto para justificar el dinero que se llevaron y me amenazaron con denunciarme en el Departamento Jurídico de la Sagarpa”, afirma.
“Cuando me enteré de la denuncia, me apersoné a las oficinas de la dependencia y allí un subdelegado de apellido ruso (Jorge Luis Joel Koehrmann Steidinger) me dijo: nosotros ya no tenemos nada que hacer, el asunto está en el Jurídico.
“Voy a esas oficinas y le relato mi caso al encargado y él solo me pregunta: ‘¿Y tú, cuánto dinero te robaste?’.
“Luego de oír esto, pido una cita con el delegado Pablo Castro Alcocer, pero me atiende su secretario técnico, quien al recibirme me pregunta: ‘¿Con cuánto se cayó Copra contigo?’.
“Ese comentario se lo hice saber a Martín Viera Lugo. Éste me dijo: ‘Mira Manuel, aquí siempre hay que dar ‘mordidas’ a la Sagarpa’”.
De nada sirvieron las aclaraciones que Gómez Beltrán intentó dar al Jurídico de esa dependencia, porque ésta le confirmó que su caso ya se había turnado al SAT.
“El problema que tengo ahorita es que tanto el SAT como la Sagarpa están sobre mí y en lugar de $756,000 me piden $1.256,000 por los intereses moratorios y yo les digo: Así, menos puedo pagar”.
Notificación
Recientemente, añade el entrevistado, recibí un escrito del SAT con una notificación de embargo.
En respuesta, denunció a los de Copra en el Ministerio Público de Tekax: “Salieron a buscarlos, pero no los encontraron, cerraron sus oficinas en Mérida y desaparecieron, que se fueron a Campeche, dicen. José Lugo Chavira es el jefe de ellos, pero él no da la cara”.
Explica que esa empresa le ha robado a más de cien personas en el sur del estado, “muchas son gente pobre, como los agricultores de Canek o Pencuyut, tan humildes que no conocen Mérida y firmaron sus convenios por confiar en la Sagarpa”.
Yo, por mi parte, solo quiero que me dejen en paz, dice Gómez Beltrán, aunque, según mi contador, el SAT seguirá visitándome.
“Ya no aguanto la situación”, añade.
“Me acuesto y me dan las cuatro de la mañana sentado en mi hamaca, no me dan vida”, finaliza.— HERNÁN CASARES CÁMARA