Filiberto Pinelo Sansores (*)
Lo terriblemente malo y hasta antipatriótico de las acciones que llevaron a México a tener una enorme deuda de 11 billones de pesos es no sólo tener que devolverla sin que hubiera servido más que para enriquecer a una minoría insaciable en lugar de haberse usado para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, sino que ahora es empleada como instrumento de amenaza a la estabilidad económica y financiera del país si el gobierno actual sigue el camino que lleva y no regresa al de las estrategias entreguistas y rapaces del régimen anterior.
Con el pretexto de que decisiones tomadas por este gobierno “han afectado la confianza de los inversionistas”, Standard and Poor’s (S&P), una de las principales empresas calificadoras estadounidenses al servicio de los grandes capitalistas del orbe, anunció hace unos días que cambió “de estable a negativa la calificación de la deuda emitida por el gobierno mexicano”, con la amenaza de que si éste no adopta lo que la transnacional le indica, sería degradada en los siguientes 12 meses (“La Jornada” 02-03-19).
No conforme y para remachar el clavo, dos días después la agencia volvió a embestir. Anunció una nueva medida que, viéndolo bien, no es sólo contra el gobierno, sino contra el país al degradar también la deuda de Pemex. Hizo esto, no obstante el anuncio del ejecutivo federal —semanas antes— de sanear a la empresa, disminuirle su carga fiscal e inyectarle recursos nuevos con el fin de fortalecerla, algo que no se hizo antes (“La Jornada”, 4-03-19).
Se trata de una amenaza abierta que, si se concretara, según quien la lanza, produciría un aumento en “el costo de los intereses que paga el sector público por su deuda y se encarecería la contratación de nuevos préstamos”, lo que significaría aumentar su monto, aun sin contratarse nuevos empréstitos (“La Jornada”, 02-03-19). El chantaje es claro: que se desande el camino que sigue el nuevo gobierno de fortalecer a Pemex en lugar de seguir su entrega al capital privado, sobre todo extranjero.
La calificación obedece a que no le gustan —como tampoco a la exigua minoría de grandes beneficiarios de las políticas que en el pasado enriquecieron a unos cuantos a la vez que empobrecieron a millones— las medidas que hoy toma el nuevo gobierno para revertir el inmenso daño que las mal llamadas reformas estructurales, entre ellas la energética, causaron al país. Esto lo reconoce la transnacional cuando dice sin ambages: “La perspectiva refleja el riesgo de que un reciente cambio en políticas dirigido a reducir la participación de la iniciativa privada en el sector energético” afecte los intereses de los inversionistas.
Desde esta óptica puede verse como un gran riesgo esa enorme deuda que contrajeron los ladrones que nos gobernaron, porque ahora se quiere usar como instrumento de presión por los representantes de los acreedores del país, que eso son las calificadoras que pontifican sobre México, para modificar políticas públicas como las del actual gobierno, cuyo propósito es beneficiar a la sociedad y no saciar ambiciones de minorías que quieren que se mantengan las mismas condiciones que durante sexenios las beneficiaron a la par que afectaban al país.
Desde hace años Pemex ha estado en el tobogán: cayó de 3.4 a 1.6 millones de barriles diarios, de 2003 a 2019 su producción de crudo; en un sexenio, el de Peña, duplicó su deuda, que ahora es de 104 mil millones de dólares; en los últimos 4 años acumuló una pérdida de 16 millones de dólares. Es verdaderamente cínico que las calificadoras, S&P y otras que han estado muy activas últimamente en México criticando acciones del nuevo gobierno, hayan dejado pasar las graves acciones y omisiones de depredación y corrupción que hicieron de Pemex una empresa casi en bancarrota y descalifiquen los grandes esfuerzos que hoy se hacen para levantarla.
Esta actitud sólo tiene un propósito: asustar a la sociedad para que ésta presione a fin de que se deshaga el camino y se regrese al sistema anterior que condujo a la casi liquidación de la paraestatal, con las consecuencias que el país padece, pero toparán con pared porque pese a los malos augurios, de calificadoras y aliados locales, la política del gobierno de López Obrador que se basa fundamentalmente en el combate a la corrupción y utilizar los recursos del erario para desarrollar al país está obteniendo un creciente apoyo.
Hace unos días, al tomar posesión de su cargo, Carlos Lomelín Salazar, nuevo dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, organismo cúpula de los empresarios mexicanos, se comprometió a colaborar con el gobierno de AMLO en materia de inversión y “lograr un crecimiento de 4%, erradicar la pobreza extrema en el sexenio y acabar con la corrupción”. “¡Hagamos historia!”, dijo, “nosotros le ayudamos, podemos movilizar a los sectores más organizados de la sociedad”, afirmó, después de poner de ejemplo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha interesado a casi 80 mil empresas.
Entonces, es falso que al país le vaya a ir mal o que vaya a ser ahogado por intereses exteriores como pronostican los catastrofistas de los medios. Lo que si no puede seguir existiendo son los dos países en uno solo que construyeron los gobiernos del antiguo régimen. Por un lado, como reveló el informe Billionaires Insights 2018 de la banca suiza UBS, un puñado de sólo 16 mexicanos que aumentan cada año exponencialmente su riqueza (de 116,700 millones de dólares en 2017 a 141,000 millones en 2018, cantidad que supera con creces el monto de nuestra deuda externa) y más de 53 millones de mexicanos cuyos ingresos sólo les permiten subsistir.
Las medidas de austeridad para pagar el gasto de su propio sostenimiento destinando los mayores recursos posibles a los programas sociales y a la inversión productiva —para paliar la pobreza y mejorar el mercado interno— son una buena base para salir adelante. Esto es algo que ni siquiera pasó por la mente de los gobernantes anteriores, pues todos se caracterizaron por el derroche y el latrocinio. Así es que los políticos desplazados, las empresas de presión financiera, como S&P, y los comentaristas del patio que no dejan de insistir en que el país retorne a una ruta que demostró su inoperancia se quedarán con las ganas de que al país le vaya mal.— Mérida, Yucatán.
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Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa