Surgieron 176de la gestión de Rolando Zapata
La Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado (Profedet) no refleja en sus estadísticas los supuestos miles de burócratas despedidos por la administración de Mauricio Vila Dosal porque en la actualidad solo registra 329 demandas de indemnización, pero 176 fueron en los últimos meses del gobierno de su antecesor Rolando Zapata Bello.
Según explicó el procurador del trabajo, Luis Orlando Catzín Durán, quizá el número de demandas aumente un poco más porque la Junta de Conciliación y Arbitraje pudo recibir otras demandas de extrabajadores de las dependencias descentralizadas como la Secretaría de Salud, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), el Instituto de Vivienda (Ivey), y el DIF estatal, entre otras instituciones independientes administrativamente del Ejecutivo.
“El grueso de las demandas por despido o renuncias se presentaron ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios”, señaló el licenciado Catzín Durán, quien también es presidente del Partido Socialista del Sureste.
De acuerdo con las estadísticas de la Profedet, en la presente administración estatal van 153 demandas laborales por despido o renuncia.
El gobernador Vila Dosal asumió el cargo el 1 de octubre de 2018. En ese mes hubo 46 demandas; en noviembre, 52; diciembre, 18; enero de 2019, 18; febrero 17; y en lo que va de marzo, solamente 2.
En los últimos meses del período de Zapata Bello, de enero hasta agosto de 2018 se presentaron 176 demandas, pero llama la atención que en el antepenúltimo mes de su gestión (agosto), renunciaron 120 trabajadores de un jalón. En enero de 2018 renunciaron 10, en febrero 9, marzo 6, abril 7, mayo 6, junio 13, julio 5 y agosto 120. En septiembre no hubo movimientos.
Las estadísticas demuestran que hubo más renuncias durante la administración de Zapata Bello que en la Vila Dosal hasta el momento.
Como parte del seguimiento del proceso de conciliación y los juicios laborales en marcha de ambas administraciones, numerosos extrabajadores acuden por asesoría jurídica ante la Profedet.
La administración rolandista ofreció 817 audiencias de asesoría en esa dependencia: en enero de 2018 fueron 160; febrero, 108; marzo, 71; abril, 61; mayo, 62; junio, 138; julio, 52; agosto, 165.
En la administración de Vila Dosal, la misma procuraduría ha atendido 125 en octubre, 72 en noviembre, 25 en diciembre de 2018; 45 en enero de 2019, 58 en febrero y 8 en marzo, para un total de 333 asesorías.
Durante los últimos meses de la administración de Zapata Bello la Profedet logró la firma de 116 convenios de finiquito y con Vila Dosal lleva 98 hasta diciembre pasado. También logró cuatro desistimientos de demanda contra la administración que salió y siete ahora. El tribunal de los trabajadores no ha emitido ningún laudo por convenio.
“Tuvimos bastantes extrabajadores porque los citamos para la conciliación, quienes aceptaron la indemnización recibieron el finiquito y quien no, puso su demanda laboral”, dijo Catzín Durán. “Muchos abogados empezaron a hacer su campaña para jalar clientes, pero a la fecha no creo que sean tantos los despedidos”.
“Se cree que son muchísimos porque hay dependencias que tienen 600 empleados y vinieron 80”, explicó el procurador. “El grueso de la gente vino a la Procuraduría por asesoría jurídica o para buscar un arreglo. Hubo momentos en que sí había bastante gente, pero llegaron a arreglos”.
El licenciado explicó que el trabajador de base tiene derecho al finiquito que se conforma con el pago proporcional del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional y una indemnización que puede ser de 15 a 45 días de sueldo.
Sin embargo, la indemnización se paga hasta que se gane el juicio laboral porque debe quedar acreditado el despido injustificado. En el caso de trabajadores de confianza, solo tendrían derecho al pago proporcional o al pago de deudas de horas extras o bonos.
Los trabajadores de contrato, dependiendo de cuánto tiempo tienen, si rebasa un año de trabajo ya se consideran de base. La ley de los trabajadores marca que después de los primeros seis meses de trabajo, al día siguiente se considera al trabajador de base, por lo menos que el nombramiento diga que es de confianza.
Catzín Durán dijo que por primera vez la Dirección de Transporte despidió gente y le llamó la atención que la Secretaría de Cultura y las Artes, que dirige Erica Millet Corona, todos renunciaron o fueron despedidos. Las renuncias también son una táctica de los trabajadores para obtener una indemnización.— Joaquín Chan Caamal
“La mayoría renuncia cuando tiene sus 30 años de servicio o tiene la edad para pensionarse. Pero ahora, la mayoría lo hizo por el cambio de gobierno”, dijo. “Al renunciar, ellos están obligando a generar el cheque de finiquito”.
El procurador informó que hubo trabajadores con 15 y hasta 28 años de antigüedad que interpusieron su demanda por despido injustificado, pero la mayoría tenía menos de esos años en sus puestos.
Entrevista Procurador
La mayoría de exburócratas acepta un arreglo antes de ir al tribunal laboral, según indicó.
Pagan poco
El licenciado Catzín Durán dijo que varias dependencias ofrecen poco finiquito, como la Sedesol estatal que está pagando 30 días y generalmente los extrabajadores no lo aceptan. En cambio, la exSeduma, el IDEY y la Dirección de Transporte pagan más y logran los desistimientos de denuncias.