La Federación “nos cerraba la ventanilla”
Ernesto Canales Santos, exitoso abogado de empresas de Nuevo León y pionero en la lucha por cambiar el sistema penal en el país, aceptó convertirse en fiscal anticorrupción de su estado en 2016, el primero de su tipo en México, pero nunca pensó lo difícil que sería desempeñar ese puesto.
Cuando el gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, que fue elegido con dos terceras partes de los votos, lo designó titular de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, los diputados del Congreso —en manos del PRI y del PAN— “prácticamente me lincharon”, dice Canales Santos, en la segunda parte de la entrevista que concedió al Diario.
“Me citaron a comparecer ocho horas, durante las cuales trataron de descalificarme e impedir mi nombramiento”.
Le dijeron que no tenía experiencia en el gobierno y lo amenazaron con revelar cosas de su vida personal y de su familia. “Usted se va a enterar aquí hasta de cosas que hizo su padre”, le espetó un diputado y él le respondió “y también de las que hizo su madre”. Tuve que contestarles fuerte porque era la única manera de pararlos, dice.
“Tomé los insultos con tranquilidad porque yo ya tenía mi vida amortizada. Tenía 75 años y un prestigio profesional comprobado, con 55 años de práctica con los mejores clientes de la localidad; además, tenía el apoyo político de ‘El Bronco’”.
Con ese apoyo, Canales Santos inició su trabajo en la Subprocuraduría, “prácticamente desde cero”, afirma, “porque ni en Nuevo León ni en el país había antecedentes de una estrategia legal, sistemática, de combate a la corrupción”.
“Para empezar fui con mis amigos de la entonces PGR —los serios, los académicos— y les pedí los protocolos para perseguir los delitos de corrupción y me dijeron: no los tenemos. ¡Imagínese, en la Catedral de la persecución del delito no había esos protocolos!
“Tampoco existían ministerios públicos especializados porque nunca se había perseguido la corrupción. ¿De dónde los vamos a sacar?, me pregunté”.
El gobierno le mandó agentes del Ministerio Público con experiencia en delitos sexuales y de violencia familiar, y con ellos comenzó a atender las denuncias de corrupción que presentaba el público, las organizaciones civiles y la misma Contraloría del Estado, y a crear expedientes penales.
En dos años la Subprocuraduría formó 250 carpetas de investigación, de la cuales Canales Santos escogió 40 casos que la Subprocuraduría pudiera controlar, sin la injerencia de la PGR, de la Unidad de Lavado de Dinero de la Secretaría de Hacienda, del SAT o de la Secretaría de Defensa, que obstaculizaban sus investigaciones, y las documentaron de tal modo que fueron aceptadas por los jueces.
Uno de los principales obstáculos para esta tarea, dice, es que lo más importante en investigaciones de este tipo, “lo que es la esencia de la corrupción, la información bancaria y financiera, no nos la daban las dependencias del gobierno federal”.
“Por lo tanto, no podíamos documentar fácilmente los ‘moches’ y conocer el destino del dinero producto de los desvíos. Solo teníamos pruebas circunstanciales: la casa que habían construido, etcétera, pero no el número de la cuenta o del cheque”.
Obras sospechosas
“Sin acceso a los movimientos financieros, resulta imposible acreditar ante un juez que la evolución de un patrimonio sea consecuencia de la participación directa en actos ilícitos y esa es la clave de todo”, explica.
“Sabíamos, por ejemplo, que en una obra determinada se habían cobrado 100 pesos, cuando había costado 50; es decir, había un ‘moche’ o un sobreprecio de 50. ¿Dónde había ido a parar ese dinero?, no lo sabíamos.
“Lo demás era fácil: teníamos el contrato de la obra y los peritajes, pero no la ruta del dinero. Aquí el gobierno federal nos cerraba la ventanilla. La información financiera teníamos que pedirla a través de la PGR, que ya era el primer filtro. Ésta atendía la solicitud según le gustara o no, y luego llegábamos a Hacienda, y allí otro filtro. Es decir, había una decisión política de proteger a Medina”.
No obstante esta situación, Canales Santos documentó parte de la corrupción del exgobernador priista, a quien acusó de varios delitos, con la información que la Subprocuraduría podía controlar, no con la del gobierno federal.
Una de las acusaciones era la autorización ilegal de Medina de la Cruz de incentivos fiscales a la empresa automotriz KIA. También se acreditó el uso, por parte del exgobernador, del avión y del helicóptero del gobierno para hacer vuelos privados, entre otras imputaciones.
“En ese tiempo, muchos veían como normal que el gobernador usara esos aparatos. ¿Cómo negárselo si él es el dueño”, pensaban.
Antes de llevarlo a juicio, Canales Santos llamó tres veces a Medina de la Cruz a comparecer y lo mismo hizo con su esposa y su papá.
Con los elementos que reunió, lo llevó ante un juez local, quien expidió la orden de aprehensión, en un acto sin precedente en el país.
Nunca antes una autoridad local había consignado a un gobernador por corrupción. En los demás casos, como los más recientes de los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo o Sonora, detrás de las acusaciones estaba la PGR.
Sin embargo, Medina de la Cruz solo estuvo cuatro horas en la cárcel. La decisión de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, más la red de protección que tendió a su alrededor el gobierno federal, logró su excarcelación, “pero el proceso penal continúa”, manifiesta Canales Santos.
Parte de esa red, añade, “pudieron ser, a lo mejor, las influencias del principal abogado de la defensa de Medina, Adolfo Aguilar Zínzer, quien podría tener un juez amigo desde hace 20 años, dispuesto a darle una liberación por X o Z dinero o por X o Z argumentos”.
Pero aun así esa defensa fue muy débil “y hasta patética”, dice.
Aguilar Zínzer usó como principal argumento en el caso de KIA, que Medina no había firmado el memorándum de los estímulos fiscales como gobernador, sino cono testigo de honor. “Hasta pena daba oírlo”, recuerda Canales Santos.
Nuestro fiscal del caso le contestó que aun como testigo de honor, Medina impuso como los términos de las exenciones fiscales, “lo que mostró la actuación de abogados como Aguilar Zínzer, especializados en defender a altos funcionarios acusados de corrupción, actuando en el nuevo sistema penal sin saber cómo, usando técnicas viejas, pero cobrando honorarios modernos”. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA