Un exdelegado involucrado
El último delegado en Yucatán de la desaparecida Sagarpa (hoy Sader), el político priista Ernesto Martínez Ordaz, estaría relacionado con la empresa que defraudó a decenas de campesinos de Sacalum el año pasado, con falsas obras de riego, según información conseguida por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.
Martínez Ordaz llegó a la delegación en febrero de 2018 por un acuerdo entre los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Rolando Zapata Bello, luego de perder la nominación como candidato del PRI a la alcaldía de Progreso.
Antes se había desempeñado como subdelegado de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.
En sus apenas nueve meses de gestión —abandonó el cargo el primero de diciembre sin terminar el proceso de entrega-recepción— promovió decenas convenios de apoyo financiero con recursos federales entre productores del interior del estado para obras de modernización de sus sistemas de riego, que nunca se hicieron, pero se cobraron y favorecieron a la empresa Construcciones y Especialistas en Urbanización, S.A. de C.V.
Al parecer, Martínez Ordaz, con la ayuda de esta compañía, simuló obras de riego para disponer ilegalmente de los recursos asignados a la Sagarpa para ese rubro en el presupuesto de 2019, sin importar los perjuicios ocasionados a cientos de campesinos.
Esta compañía fundada en Chiapas por militantes de Morena en 2014, transfirió parte de sus acciones a inversionistas yucatecos, relacionados a su vez con empresas dedicadas a sistemas de riego e incluidas en la lista de contratistas frecuentes de la Sagarpa y la Conagua.
En el caso de los campesinos de Sacalum, la cifra desviada ascendería a más de 13 millones de pesos.
El lunes 8 de abril, el Diario publicó que Martínez Ordaz, coludido, al parecer, en acuerdo con Construcciones y Especialistas en Urbanización, se aprovecharon del Programa de Incentivos de Sistemas de Riego Tecnificado para involucrar dolosamente a decenas de productores en convenios de concertación, en los cuales el gobierno federal daba la mitad de los recursos para las obras y los productores ponían el resto.
El presunto fraude en Sacalum se habría cometido en perjuicio de diez grupos de campesinos. Estos aceptaron modernizar sus equipos de microaspersión en 385 hectáreas, a un costo de $13,107,170 ($34,000 por hectárea), de los cuales, $6,544,000 lo pondrían los productores y el resto el gobierno federal, en calidad de subsidio.
Por indicaciones de Martínez Ordaz, los representantes de todos esos productores autorizaron que Construcciones y Especialistas en Urbanización instalaran los sistemas de riego, de modo que la Federación canalizó los subsidios a esta compañía, con poca trayectoria en el medio. Lo mismo hizo la mayoría de los productores, que entregaron la parte que les correspondía del convenio. “No obstante, esa empresa no puso ni un solo tubo. Cobró el dinero de los productores y del gobierno y desapareció”, denunciaron los campesinos.
Esta práctica, según muchos indicios, se habría repetido en numerosos contratos con productores de Tizimín, Conkal, Ticul y Sucilá, la mayoría de ellos firmados poco después de la toma de posesión de Martínez Ordaz como delegado de la Sagarpa el 8 de febrero de 2018.
Coincidentemente, según las averiguaciones de Central 9, el 12 de ese mes los accionistas de la empresa nombraron como apoderado para pleitos y cobranzas a Carlos Alberto Trejo Zapata, representante técnico y comisario de Mayabmex Operadora y Servicios, S. A. de C.V., que ha figurado como contratista de la Conagua.
Otra rara coincidencia es que el domicilio de la empresa, calle 21 número 101 entre 18 y 20, fraccionamiento Del Arco, es el mismo de la oficina de Ernesto Martínez Muñoz, a quien se le atribuye ser el operador financiero de esa empresa y de otras maniobras detectadas en la gestión de Martínez Ordaz y quien es yerno de José Lugo Maldonado y cuñado de José Lugo Chavira, contratistas de la Sagarpa en el mismo programa de riego—HERNÁN CASARES CÁMARA
Caso Municipios
El fraude a productores con sistemas de riego se realizó en varios municipios.
Empresas
La empresa Construcciones y Especialistas en Urbanización se creó en Chiapas ante la fe del notario de ese estado, Juan Luis Martínez Flores, el 21 de abril de 2014, pero estableció su domicilio social en Mérida, de acuerdo con los datos en poder de Central 9.
Accionistas
Sus dos accionistas eran en ese año, a partes iguales, Bruno Gabriel Carballo Sandoval, que fue miembro de la planilla de Gilda Aké Hoil, candidata de Morena a la alcaldía de Mérida en 2015 y Leonor Angélica Rojas Romero. En diciembre de 2014, Carballo Sandoval vendió sus acciones a Randy Alberto Ortiz, un comerciante oriundo de Mérida, sobre quien se ha interpuesto denuncias, pero sin resultados.