Advierten que los empresarios irían por otros terrenos
Sergio Oceransky, de la Fundación Yansa, consideró que es necesario cambiar el diseño de políticas públicas que vienen “de arriba a abajo”, para que el proceso y el contenido de las leyes agrarias nazcan de los propios pueblos originarios.
Esto lo dijo en referencia a que el procurador agrario, Luis Hernández Palacios, informó que un equipo jurídico asesorará a campesinos para que no pierdan sus tierras, de acuerdo con información de “El Universal”.
El despojo a ejidatarios de Ixil se inició en 2014 cuando el empresario Alejandro Escoffié Gamboa presuntamente les ofreció legalizar documentos de tenencia de la tierra y dinero a cambio de terrenos y desarrollo, relata Santiago Cob Tut.
El consultado detalló que originalmente Escoffié se hizo de un permiso legal para realizar trámites en nombre del ejido Ixil, pero a espaldas de la asamblea vendió más de 5,000 hectáreas de uso común a empresarios locales, nacionales y extranjeros.
Durante cinco años el “intermediario” o “coyote”, omo le llamó Santiago, registró actas de asamblea falsificadas, mapas apócrifos, y realizó toda clase de trámites en nombre del ejido para despojarles de sus tierras sin que ellos se enterasen.
Mediante la “Red de Resistencia y Rebeldía Ho” los ejidatarios abrieron los ojos. El colectivo fue a la comunidad para alertarles sobre dos megaproyectos eólicos que se pensaban construir.
Ellos lo pusieron en duda con la certeza de que no había un acuerdo de la asamblea ejidal que lo permitiese y se sabían propietarios de esas tierras.
“Fue un proceso muy difícil porque se fueron dando cuenta del engaño de Escoffié. Las autoridades se negaban a abrir la documentación, pero con la entrada del nuevo gobierno muchos documentos se abrieron y se descubrieron muchas cosas”, indicó Martha Flores, de la Red de Resistencia.
Entre los logros de la comunidad de Ixil están haber demostrado a la Procuraduría Agraria la ilegalidad de la compra-venta de 5,700 hectáreas, así como la falsificación de documentos y el registro ilegal de actas de asamblea inexistentes, por lo que para la dependencia federal todos esos actos no tienen validez.
No obstante, el tema se encuentra también en manos de un tribunal agrario, a la espera de resolución.
“Se trata de un rescate inédito por parte de la comunidad”, consideró Martha Flores. “Es un triunfo enorme para el ejido de Ixil”, coincidió Oceransky.
Por separado, ambos activistas relataron que, molestos al ver trastocados sus planes y derivado de las pérdidas millonarias que supone para ellos, los empresarios han pagado a ejidatarios afines, en Ixil y de otros poblados, para tomar una zona de sabana denominada “La Trinchera”.
“Ahora los empresarios están invadiendo las tierras que no pudieron despojar”, afirmó Oceransky.
Los ejidatarios quieren proponer un plan de desarrollo estratégico o de aprovechamiento sustentable en esa sabana, “el problema es que la zona está siendo invadida para crear un conflicto social”, indicó Martha Flores.
El procurador agrario comentó que la Sedatu revisará el caso porque existe la disposición del gobierno para entregar los terrenos nacionales al pueblo de Ixil.
Asimismo, añadió que hay cinco funcionarios de dependencias agrarias, turnados al órgano interno de control, por investigaciones sobre actos de corrupción diversos.
Respecto al cambio de régimen ejidal a comunal, añadió que es un tema que debe decidir en asamblea el ejido de Ixil.
Hasta 1992 los ejidos contaban con la misma protección que los bienes comunales, pero las reformas promovidas por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari facilitaron la privatización y venta de tierras ejidales, explicaron Oceransky y la antropóloga Gabriela Torres, del Ciesas.
Ayer domingo María del Carmen Sánchez, del Consejo Civil para la Silvicultura Sostenible en la Península de Yucatán, informó que al foro celebrado en Ixil asistieron 12 personas de ejidos de Quintana Roo, como Dziuché, La Presumida, Morelos, La Esperanza, Candelaria, Puerto Arturo, Saczuquil y Siete Gatos.
Luis Alberto Cahuich, del Concejo Indígena U Yóol Lu um, de José María Morelos, indicó que deben tomar ejemplo de lo ocurrido en Ixil y en otros ejidos de la Península, ante la embestida de megaproyectos que amenazan sus territorios en Quintana Roo.
Terreno en disputa
“La Trinchera” es una línea frontal construida con base en piedras del lugar dentro de una zona de sabana, que sirvió de contención ante las incursiones de piratas y que el pueblo indígena usó durante la Guerra de Castas. Se le llaman “terrenos nacionales”, pero en realidad pertenecen a Ixil, cuyo pueblo pidió a las autoridades agrarias que comiencen un proceso de restitución de esas tierras para declararlas “territorio histórico”.