Denuncian a seis exdirectores del Isstey en la ASEY
La bancada panista del Congreso denunció ayer ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) a los últimos seis directores y funcionarios del Isstey, a quienes acusan de abuso de autoridad y desvíos de recursos públicos por más de $2,000 millones, por los que consideran se da el quebranto de esa institución.
“La semana pasada ustedes vieron que hubo una discusión en el Congreso, en la cual nos decían que si tenemos nombres que lo denunciemos o seríamos cómplices. La bancada del PAN no solo no será cómplice de ningún acto de corrupción, sino que denunciaremos y eso es lo estamos haciendo ahora”, dijo Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de los diputados panistas.
La legisladora y sus cinco compañeros de bancada acudieron ayer por la mañana a la ASEY a presentar esta denuncia, y momentos antes ofrecieron una conferencia de prensa frente a la entrada del edificio de la Auditoría.
Según informó, acudieron a presentar la denuncia ante la ASEY contra de exfuncionarios del Isstey, la demanda es directamente contra los seis exdirectores y el director de finanzas de ese entonces, y con base en dos causales: abuso de autoridad y uso indebido de recursos públicos.
El diputado Manuel Díaz leyó la denuncia, en el cual se explica que por las administraciones desordenadas anteriores del Isstey, de manera irresponsable se propició un pasivo por pagos que no hicieron las dependencias del gobierno estatal a esa institución, correspondientes a las cuotas de sus trabajadores, que ascendieron a $2,223 millones.
Se añade que para resarcir esa deuda, el 18 de septiembre de 2014, cuando era gobernador Rolando Zapata Bello, se emitió un decreto sobre terrenos de Ucú con los cuales el Ejecutivo estatal pagaría su histórica deuda con el Isstey, que supera los $2,000 millones, pero hasta hoy no obran en archivos de la institución o del fideicomiso de esos terrenos el plan maestro para comercializarlos.
Se explica que por las cuotas de los trabajadores que durante años no pagó el Ejecutivo llegaron a acumular más de $2,000 millones, que se pretendió pagar con los terrenos de Ucú, al celebrar un fideicomiso público irrevocable traslativo de dominio para comercializar esas tierras, y el contrato se firmó el 31 de diciembre de 2014, aunque no se encuentra el plan maestro para su comercialización; por tanto, aún no se resarce esa deuda.
El quebranto del Isstey no es reciente. En un abuso de autoridad y mal manejo de los recursos públicos, las autoridades anteriores vendieron el patrimonio de los yucatecos para solventar ese adeudo que ellas mismas causaron, se añade.
Los exfuncionarios denunciados, todos emanados del PRI, son los exdirectores del Isstey Víctor Sánchez Álvarez, Clemente Escalante Alcocer, Nerio Torres Arcila, Zacil Leonor Moguel Manzur, Ulises Carrillo Cabrera, Milagros Castro Alcocer y Gabriela Cáceres Vergara, así como Juan Ricalde Ramírez, exsecretario de Hacienda; Alfredo Dájer Abimerhi, exsecretario de Administración y Finanzas, y Fernando Fernández Vargas, exdirector de Contabilidad de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Rosa Adriana Díaz añadió que aún no se aprueban las cuentas de 2018 del Isstey, y con base en eso acuden a interponer la denuncia ante la ASEY, por ser el órgano correspondiente de investigar, y que en caso de encontrar alguna de estas dos causales como delito tendrá también la obligación de interponer la denuncia ante el órgano correspondiente.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA
“Presentamos las pruebas donde se venden los terrenos, la denuncia asciende a más de $2,000 millones, que sería el desvío por las cuotas retenidas no entregadas la Isstey y por los terrenos vendidos de forma irregular por el gobierno anterior de Rolando Zapata y de Ivonne Ortega”, afirmó.
La diputada puntualizó los siguiente: “Lo dijimos en tribuna y lo repetimos acá, respaldamos totalmente todas las acciones de beneficio hacia ellos y creo que también la ciudadanía, y en especial los jubilados y pensionados tiene que conocer por qué el quebranto del Isstey y quién en ese momento no solo cometió abuso de autoridad, sino desvío de recursos, en su caso si fuera probado”.