Queja digital “sin peso”
Las miles de firmas digitales por medio de la plataforma change.org para expresar rechazo al reemplacamiento vehicular de este año no tienen peso para revertirlo ni consecuencias políticas, consideró Juan Pablo Galicia Nahuat, analista político, maestro en Gobierno y Políticas Públicas y académico de la Universidad Modelo.
La plataforma www.change.org llevaba unas 35,000 firmas virtuales contra el cambio de placas en Yucatán, programado para marzo próximo, y decenas de comentarios de rechazo. Ante esta manifestación masiva, el Diario pidió la opinión del politólogo Galicia Nahuat para conocer el impacto de esta iniciativa.
“En primer lugar, hay que tomar en cuenta que esta plataforma es privada y se origina en Estados Unidos durante la campaña de Barack Obama”, señaló.
“Considerando que es una plataforma extranjera y privada, es muy complicado que cualquier tipo de iniciativa logre generar un cambio en automático. Lo que sí funciona es como un gesto simbólico de rechazo. Hablar de 35,000 firmas en dos o tres días es una cifra envidiable, pero la verdad, la plataforma no tiene una vinculación con alguna instancia legal o política para que genere un cambio”.
“Este tipo de activismo virtual no lo reconoce la autoridad porque la plataforma sólo pide el nombre y un correo”, dijo. “No se puede garantizar que solo sean yucatecos los que rechazan el reemplacamiento. Puede que haya falsificación de correos, que den nombre de otras personas, es un mecanismo muy complicado, es mejor ir a la Ley de Participación Ciudadana”.
El maestro Galicia Nahuat recordó que cuando el gobierno estatal anterior quiso regular la plataforma de transporte Uber por medio de la modificación de la Ley del Transporte del Estado en 2017, también hubo ciudadanos yucatecos que recurrieron al portal change.org y juntaron unas 60,000 firmas que llevaron al Congreso del Estado, pero aun con ese respaldo, los diputados locales aprobaron las modificaciones a la Ley del Transporte.
Entonces, si se ve lo que ocurrió posteriormente con esas firmas digitales, en realidad no sirvieron para detener esa ley estatal ni para generar que no se aplique, explicó. Y Uber tuvo mejores resultados legales con el amparo que tramitó y ganó en un juzgado de Ciudad de México con efectos en todo el país, que es con el que está trabajando en la actualidad, recordó.
También afirmó que en el caso de los nuevos impuestos y el reemplacamiento que realizará el gobierno estatal, sería más efectiva la defensa jurídica contra esos impuestos y derechos.
En el caso del impuesto sobre seguridad, se puede litigar por medio del amparo o que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se niegue a firmar el convenio, lo que haría casi imposible que el gobierno cobre ese impuesto nuevo por la vía del recibo de consumo, dijo.
Es más viable que el gobierno del Estado detenga esos cobros por orden de algún juez federal, que lograrlo por medio de las firmas digitales en change.org, reiteró.
“Tengo entendido que el PRI busca alguna estrategia para evitar esos cobros. La verdad, tiene más probabilidades, aunque sean bajas, que la vía legal sea más efectiva, que por medio de la vía política y de la plataforma change.org, que no tiene peso”, señaló. “En esta plataforma cualquiera se puede registrar o iniciar una iniciativa. Si yo en este momento me inscribo por el mismo caso del cambio de placas, ya habría dos iniciativas y las dos pueden recabar firmas, pero entonces no se distinguiría cuál es la legítima. Ese es el problema de esta plataforma estadounidense”.
El profesor de la Universidad Modelo dijo que sería totalmente diferente si los inconformes recurren a la Ley de Participación Ciudadana, que tiene las figuras legales del plebiscito y la iniciativa popular, o que exijan que en el Catálogo de Políticas Públicas y Actos Gubernamentales trascendentales se incluyan los nuevos impuestos o cobro de derechos que pretenden aplicar en el ejercicio fiscal, para que cuando se publiquen los ciudadanos puedan exigir que se sometan a un plebiscito.
Vía institucional
“Tenemos una ley de participación ciudadana y esa es la vía institucional para combatir las propuestas gubernamentales, pero no la utilizamos”, sostuvo.
Se le preguntó si 35,000 firmas digitales en change.org son representativas, si se toma como base que la Secretaría de Seguridad Pública tiene un padrón de 650,000 vehículos en Yucatán. Dijo que no pueden ser representativas, pero tampoco significa que los 615,000 que no se suman a esta movilización estén conformes con pagar el reemplacamiento.— Joaquín Chan Caamal
Hay una serie de complicaciones como es el acceso al internet, la falta de información que llegue a todos los propietarios de vehículos, no todos tienen contacto en redes sociales, no saben cómo utilizar la plataforma, no tienen cuenta de Facebook, entre otros impedimentos.
“Como la forma de recaudar firmas es en línea, seguramente movieron a sus contactos por medio de ‘link’ en las redes sociales, pero habrá gente que no lo vio, no tiene entre sus contactos a quienes promocionan esta firma”, señaló. “Es más sencillo que quien quiere controvertir al gobierno, es mejor que acuda a la ley de participación y al catálogo del Iepac que ya se tiene”l
Firmas
El analista político explica por qué no son representativas las firmas digitales recabadas.
Complicaciones
Hay una serie de complicaciones como es el acceso al internet, la falta de información que llegue a todos los propietarios de vehículos, no todos tienen contacto en redes sociales, no saben cómo utilizar la plataforma, no tienen cuenta de Facebook.
Otras limitaciones
“Como la forma de recabar firmas es en línea, seguramente movieron a sus contactos por medio de ‘link’ en las redes sociales, pero habrá gente que no lo vio, no tiene entre sus contactos a quienes promocionan esta firma”, señaló. “Es más sencillo que quien quiere controvertir al gobierno, acuda a la ley de participación y al catálogo del Iepac que ya se tiene”.