Amparo directo a favor de Acosta Solís causa enojo
El ex subprocurador de Justicia Rafael Acosta Solís es el protagonista de otro de los conflictos agrarios en Yucatán potencialmente explosivos, revela un informe interno del Registro Agrario Nacional (RAN).
De acuerdo con ese documento, del que ya publicamos una primera parte el 26 de marzo, hace cinco años Acosta Solís fue contratado como asesor jurídico por el ejido de Valladolid para la parcelación de parte de sus tierras, a cambio de entregarle 4,800 hectáreas como forma de pago.
Al llegar una nueva directiva, los ejidatarios acordaron despedir al asesor y recuperar las tierras que le habían entregado, aunque pronto descubrieron que éste ya había iniciado el proceso legal para ponerlas a su nombre.
“Esta situación, que ha exaltado los ánimos en el núcleo ejidal, podría desbordarse y llamar la atención de autoridades federales de mayor nivel”, añade el informe.
Según el documento, en 2015 las entonces autoridades ejidales encabezadas por el comisario José Matilde Cervera Dzul, presentaron a la asamblea, que lo aprobó, el proyecto para la parcelación de las 30,000 hectáreas del ejido de Punta Laguna y sus alrededores.
La asamblea también aprobó la contratación como asesor jurídico del ejido, por medio de un contrato de prestación de servicios, de Acosta Solís, ex subprocurador de Justicia de Ivonne Ortega Pacheco.
En el convenio se establecía que éste cobraría sus honorarios con la adjudicación de una extensión de tierra del ejido que, luego se supo, ascendía a 4,800 hectáreas.
En esta superficie, cercana a Punta Laguna, hay cenotes y cuerpos de agua.
En julio de 2018, empero, a propuesta de los nuevos dirigentes ejidales, la asamblea decidió destituir a Acosta Solís como asesor jurídico y expulsarlo del ejido junto con Cervera Dzul, a quien acusaron de graves irregularidades.
En ese entonces se descubrió que al acta de la asamblea de fecha 25 de junio de 2017 y sus anexos, en la que se aprobó la contratación de Acosta Solís, como asesor y apoderado del ejido, con facultades para oír y recibir notificaciones y se estableció la forma de pago de sus honorarios, estaba desaparecida, lo que frenaba las acciones legales en su contra.
Las autoridades ejidales solicitaron al RAN copia certificada del acta de la asamblea de junio de 2017, mediante oficios ingresados a la delegación de la dependencia el 12 de junio del 2018, recibido con el folio 3,431, así como otros oficios fechados el 20 de agosto del 2018 y el 21 de enero del 2019.
Finalmente el ejido obtuvo copia de esa acta y en asamblea realizada en octubre pasado se acordó recuperar las 4,800 hectáreas adjudicadas al exasesor Acosta Solís y regresarlas al uso común.
Sin embargo, ante esto, explica el informe del RAN, Acosta Solís, sin conocimiento de los ejidatarios, interpuso un amparo indirecto para solicitar la inscripción del acta donde se le otorgan esas 4,800 hectáreas. Este amparo causó ejecutoria, pero no se ha cumplido por la falta del dictamen técnico de la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica del RAN.
Empero, continúa el informe, al enterarse de este asunto, “los integrantes de los órganos de representación del ejido mandaron un escrito al juez Primero de Distrito en el estado, en donde le informan que debe de desistir del cumplimiento del amparo, actualmente en el estado de ejecución”.
Esta situación ha propiciado un clima de creciente inconformidad entre los ejidatarios, advierte el documento. En la última visita del presidente López Obrador a Valladolid, muchos de ellos le pidieron su intervención para recuperar las tierras en poder de Solís Acosta.
En otra parte, el informe se refiere al conflicto agrario en Motul. En ese lugar se da un enfrentamiento entre dos grupos de ejidatarios por la venta de 540 hectáreas al empresario francés O.D.C., dueño de la hacienda Santa Teresa.
El grupo que defiende la venta lo encabeza el actual comisario ejidal, Jorge Marcelino Alonzo Chuc, quien pretende la parcelación de la tierra para entregarla a dos prestanombres del empresario.
Alonzo Chuc, electo comisario el 5 de agosto de 2018, forma parte del grupo de Arcadio Tamayo Ángulo, comisario ejidal de 2009 a 2012 y quien habría iniciado las negociaciones con el empresario.
El grupo que se le opone lo dirige Juan Itzá Balam, quien fue comisario ejidal de 2012 a 2015.
Éste demandó en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) a Alonzo Chuc por usurpar las funciones de comisario, ya que él no puede desempeñar ese cargo por haber sido comisario suplente en la gestión de Tamayo Ángulo.
A su vez, Alonzo Chuc demandó en el mismo tribunal a Itzá Balam por asignar 240 hectáreas del ejido a personas cercanas a él.
Hasta este momento el TUA no ha resuelto en definitiva sobre ninguno de los dos temas. Continuará.— HERNÁN CASARES CÁMARA