La diputada Cecilia Patrón Laviada en la tribuna del Congreso

Explican por qué el PAN rechazó una iniciativa

El Partido Acción Nacional (PAN) junto con el bloque opositor en la Cámara de Diputados se impuso anteayer y paró de frente las pretensiones del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador de cambiar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y que los recursos pueda manejarlos directamente desde presidencia, informó la diputada federal Cecilia Patrón Laviada.

Indicó que desde que la iniciativa del Ejecutivo fue enviada al Congreso de la Unión para su revisión, desde ese momento el PAN analizó punto por punto las propuestas incluidas en dicha iniciativa y comentó que como resultado de ese análisis dictaminaron qué es improcedente e inconstitucional.

Anteayer, en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el PAN junto con el resto del bloque opositor rechazó dicha iniciativa y pospuso el tema para tratarlo en unas dos semanas aproximadamente.

Aún así, dijo la legisladora, la posición del PAN no cambiará en lo absoluto.

Luego explicó que la iniciativa enviada la semana pasada por el presidente López Obrador busca dotar a la Secretaría de Hacienda de facultades amplias para modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) sin la intervención de la Cámara de Diputados.

La propuesta consiste en añadir a la Ley el concepto de “emergencia económica” para justificar la libre reorientación de recursos del presupuesto para proyectos prioritarios del gobierno.

Sin embargo, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara publicó el 30 de abril (jueves pasado) un proyecto de dictamen a la iniciativa de Ley de Presupuesto con modificaciones a la propuesta del presidente.

“La primera sería la determinación de emergencia económica cuando se registre un decrecimiento del 1% en la medición trimestral del PIB publicada por el Inegi, respecto del año anterior”, explicó.

“La otra sería la redefinición presupuestaria en colaboración de los poderes: en caso de emergencia, el Ejecutivo podrá realizar una reorientación presupuestal hasta por 10 por ciento del gasto neto total aprobado en el PEF para el ejercicio correspondiente. En caso de exceder ese monto, el Ejecutivo enviará una propuesta a la Cámara de Diputados para su discusión, modificación y aprobación.

La legisladora yucateca advirtió de los riesgos que conlleva esta iniciativa en caso de ser aprobada:

—Se le da al presidente enorme discrecionalidad para modificar el presupuesto: el Ejecutivo podrá hacer cambios libremente hasta por el 10 por ciento del presupuesto total aprobado (hoy el límite de libre modificación es para ajustes cuando los ingresos caen hasta 3%). El 10 por ciento del PEF 2020 equivale a 611 mil millones de pesos, equivalentes al 2.5 por ciento del PIB.

—Es cuestionable la definición de emergencia económica: no queda muy claro el porqué se toma como parámetro el decrecimiento del 1% del PIB.

—Las emergencias se definen a nivel constitucional: los temas de emergencia son del interés general de la Nación y, por tanto, deben ser consideradas en la Constitución (como sucede con la suspensión de garantías en el artículo 29 y con la emergencia sanitaria en el artículo 73), con la participación en ambos casos del Congreso.

—No hay un órgano que decida o defina la emergencia económica: aunque se establezcan criterios “objetivos” para definir una emergencia económica, se carece de un órgano que sancione su existencia (que podría estar conformado por representantes del Ejecutivo, del Senado, la Cámara de Diputados, el Banco de México y el Inegi).

La diputada Patrón Laviada señaló que la ley tiene un sistema de control para evitar que cualquier instancia pueda acceder a tocar recursos, ya que hay partidas presupuestarias que no pueden sufrir decremento de un ejercicio a otro. Por ejemplo, el gasto en educación no debe ser menor al 8% del PIB.

También enfatizó que se mantendrán al pendiente de cualquier intento de autoritarismo, cualquier abuso de autoridad o intento de control y de preservarla institucionalidad democrática del país de intento de control absoluto del poder a través del presupuesto o cualquier instrumento.

 

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