Documentan una muerte y abuso contra extranjeros
La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) ya interviene en dos casos expuestos públicamente donde las víctimas son un bebé que recibió una presunta mala prescripción médica y una pareja estadounidense de adultos mayores expulsada del puerto de San Crisanto, donde reside.
El presidente de la Codhey, maestro en Derechos Humanos Miguel Oscar Sabido Santana, informó que en el caso del fallecimiento del bebé, de mes y medio de nacido, ya iniciaron la recopilación de información oficial y de oficio abrieron una investigación. Pidieron los informes al gobierno del Estado porque el fallecimiento ocurrió en un consultorio del programa estatal Médico 24/7 y uno de los involucrados es el médico responsable del dispensario.
El 3 de mayo pasado el Diario publicó que por una presunta mala práctica médica falleció el bebé de la señora M.L.Ch.L. en el consultorio 24/7 de Espita. El tratante de ese dispensario recetó unos medicamentos que habrían empeorado la condición del paciente y murió. Un doctor particular y otro del Centro de Salud de esa población que vieron al bebé consideraron que en el consultorio 24/7 pudieron haber actuado mal con las sustancias recetadas.
Ese es el segundo fallecimiento en un consultorio del programa Médico 24/7, que opera la Secretaría de Desarrollo Social, luego que el 25 de abril pasado murió la señora M.C., quien tenía seis meses de embarazo, por presunta negligencia médica porque el médico no la atendió de inmediato, según la versión de los familiares de la difunta, sino que le pidió que regresara en dos horas. Sin embargo, por la complicación del embarazo y su diabetes, M.C. regresó media horas antes de la cita pero en peores condiciones y cuando la quisieron trasladar de urgencia a Mérida falleció de un infarto.
Ante estas dos muertes, el titular de la Codhey hizo un llamado a las autoridades de salud para que no desatiendan los servicios médicos, la atención de los pacientes y el tratamiento de las enfermedades por darle prioridad a la emergencia sanitaria o por temor al coronavirus.
“Es preocupante que estén ocurriendo estas cosas en las instituciones de salud”, dijo el ombusdman. “Ya iniciamos de oficio las investigaciones del caso del bebé fallecido en Espita, abrimos un expediente con la información publicada en medios de comunicación. Ya localizamos a las personas afectadas y nos acercamos para ver si quieren poner la queja, si ya resolvieron o tienen comunicación con la autoridad responsable, y si ya les repararon el daño que les ocasionaron. Con base a la información oficial que nos proporcionen y con la versión de la parte afectada dependerá si sigue su curso la investigación o se cierra. De todas formas, seguimos de oficio este caso”.
Expulsados
El otro expediente es por la expulsión de una pareja que tiene su casa en el puerto de San Crisanto y no puede ocuparla porque lo impiden los pobladores por temor de que sean portadores del coronavirus Covid-19, ya que recién retornaron de Estados Unidos.
“Ya intervenimos, tuvimos conocimiento anteayer y estamos gestionando una solución pacífica”, reveló. “Entendemos que si bien la autoridad municipal y la SSP tienen la posibilidad de ejercer la fuerza pública para que los pobladores estén tranquilos y para evitar enfrentamientos violentos, también sabemos que estas personas extranjeras viven en San Crisanto, sabemos que viajaron a Estados Unidos por el fallecimiento de un familiar y sabemos que traen un dictamen médico donde el resultado de sus exámenes son negativos al coronavirus”.
El ombusdman yucateco hizo un llamado a las autoridades y a los habitantes del puerto para que respeten a estos ciudadanos y el examen que los declara libres del virus Covid-19.
“Entiendo a la población que está preocupada porque estas personas pudieran estar contagiadas y no quieren contagios en el puerto, pero traen el dictamen de que no tienen el coronavirus; entonces hay que apelar a la conciencia de la ciudadanía y de las autoridades para que les permitan acceder a su vivienda”, señaló. “Tienen derecho de estar en su domicilio y ahora están las autoridades en las labores de gestión.— Joaquín Chan
San Crisanto Violación de derechos
El ombudsman confía en que haya una solución pacífica en el caso de los extranjeros.
Segundo examen
“No son portadores del coronavirus, ya pedimos a la Secretaría de Salud les haga un segundo examen para que los pobladores tengan confianza y certeza de que no están infectados. Ellos solo quieren entrar a su domicilio y allí realizar su cuarentena”, indicó.
Informes
La pareja está en casa de uno de sus compatriotas, aunque el gobierno les ofreció hospedaje en un hotel. “Sabemos que obtuvieron un amparo. Les concedieron la suspensión provisional y un juez federal ordenó les den acceso a su vivienda, pero la población no acepta. Hay una mediación entre las partes para que se resuelva en forma pacífica”, añadió.