Ejidatarios denuncian ante el presidente López Obrador a ex funcionarios de esa dependencia en Yucatán por desviar cuantiosos recursos de un programa de riego
Socios de seis ejidos citrícolas del sur del estado denunciaron ante el presidente Andrés Manuel López Obrador la corrupción de funcionarios de la antigua Sagarpa en Yucatán, durante el gobierno de Rolando Zapata Bello, quienes se habrían apoderado de decenas de millones de pesos de un programa federal para modernizar sistemas de riego agrícola.
En una carta que entregaron al presidente en noviembre durante una visita de éste a Tekax —que ahora se hace pública a través de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia— los productores denuncian, con “indignación y tristeza”, a los responsables de la delegación de esa dependencia en el estado, que durante casi tres años encabezó Pablo Castro Alcocer, de coludirse con varios empresarios, en forma perversa, y de convencer a los productores de esas unidades de participar en el Programa de Fomento a la Agricultura, componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, incentivo Sistemas de Riego Tecnificado.
Mecánica
La participación de los productores es indispensable para “bajar”, a su nombre, los recursos de ese programa, aunque ellos reciban, como en este caso, solo una mínima parte.
Los campesinos inconformes exigieron al gobierno cumplir con lo previsto en el programa. Empero, en respuesta, la Sagarpa (hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), aun sabiendo que sus funcionarios habían desviado gran parte de los recursos en su provecho, acusó a los campesinos de malversar los fondos que supuestamente recibieron y turnó su expediente al Sistema de Administración Tributaria (SAT), para recuperar el dinero..
Embargo
Esta dependencia procedió al embargo de los bienes de muchos de esos productores. Algunos de esos bienes los remató el mes pasado, en plena emergencia sanitaria por el coronavirus.
“Nosotros nunca vinos un solo centavo de ese dinero, no robamos, no desviamos nada”, dicen los afectados en su carta al presidente.
“En cambio, los empresarios y funcionarios de la Sagarpa que se beneficiaron con el manejo de esos recursos, viven felices y sin que nadie los culpe o los presione”, añaden.
Nuevas denuncias
Central 9 publicó hace varias meses los detalles de este fraude, principalmente los cometidos en dos de los ejidos que firman la carta a López Obrador: la unidad de riego Plan Chac, de Sacalum y Leona Vicario, de Tekax.
En las últimas semanas, sin embargo, la inconformidad de los ejidatarios afectados se agravó por los remates del SAT y por nuevas revelaciones de algunos de ellos, según las cuales el 30 por ciento de dinero del programa de riego paraba en manos de los funcionarios de la Sagarpa, como una especie de “moche”.
Anomalías
También denunciaron la violación sistemática de las reglas de operación del programa, por parte de la Sagarpa, con el único propósito de obtener los recursos públicos y desviarlos a su favor.
La carta que los inconformes entregaron a AMLO el 8 de noviembre de 2019, está firmada por los dirigentes de los siguientes ejidos, donde existen unidades de riego: Trinidad Uno, Leona Vicario y Unidad San Fernando, de Tekax. Las unidades Emiliano Zapata Canek y Kampepén, también del mismo municipio, así como las unidades de riego Plan Chac y San Pedro Yocat, de Sacalum, y la Unidad Agrícola Dzetabay, de Ticul.
Fraude
En su carta, los campesinos denuncian a funcionarios de la delegación local de la Sagarpa, sobre todo los que estuvieron de 2015 a 2018, de “defraudar a decenas de productores de todo Yucatán, a través del programa para la modernización de sistemas de riego”.
Presuntos culpables
En otros reportajes, Central 9 publicó indicios de la presunta participación en ese fraude de Pablo Castro Alcocer, delegado de esa dependencia de octubre de 2015 a febrero de 2018 y de su sustituto, Luis Enrique Martínez Ordaz, que permaneció en el puesto hasta diciembre de ese año.
De acuerdo con la carta, los funcionarios de la delegación de la antigua Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se coludieron con los dueños de algunas empresas para lograr que éstos reciban el dinero federal directamente.
La normatividad del programa establece que los productores deben de aportar el 50 por ciento del costo total de la modernización de sus sistemas de riego y el gobierno federal el resto.
La misma normatividad señala que los productores son libres de escoger a la empresa que mejor les convenga, pero en los hechos, dice la carta, las obras se asignan solo a las compañías seleccionadas previamente por la Sagarpa.
Ni un peso
Los campesinos, mediante engaños, firmaron con ellas convenios de trabajo, de tal manera que los cheques expedidos por la Federación a su nombre, los endosaban a esas empresas.
“Es importante aclarar que ningún productor recibió dinero en efectivo o mediante depósitos en sus cuenta bancarias”, añade la carta.
Todos los recursos se manejaron vía transferencia a las cuentas bancarias de las empresas de riego, autorizadas por el productor para recibir ese dinero”.
“La Sagarpa nos decía que ese era el procedimiento y así tenía que hacerse”, dice la carta.
“Moches”
Entrevistado aparte, el representante de la Unidad de Riego de San Pedro Yocat, de Sacalum, José Álvaro Segura Torres, quien firmó un contrato con la empresa Corporación Mexicana para Proyectos en Agronegocios, S.A de C.V., (Copra) para modernizar el sistema de riego de esa unidad, y que al final no cumplió, revela a Central 9 que cuando le reclamó al director de esa compañía, José Lugo Chavira, por no haber hecho la obras, éste le dijo: “mira, del dinero que te dio el gobierno —$750,00 — el 30 por ciento es para la Sagarpa, tengo que dárselo a ellos para que manden a México” y añadió: “si yo les doy ese dinero ¿a mí que me queda? Ustedes, con cien mil pesos que les dé de material de riego, están bien servidos”.
Asimismo, en la carta entregada al presidente, los productores reconocen fallas en la aplicación de las reglas de operación del programa atribuido tanto a ellos como al gobierno.
Negociación
El documento explica que para participar en el programa los campesinos deben aportar el 50 por ciento del costo, “pero como somos productores de bajos ingresos, no tenemos el dinero para dar esa aportación”.
“Por eso, con la anuencia de la Sagarpa, negociamos con las empresas para que en lugar de dinero, nuestra aportación consista en mano de obra, ayudando en la instalación del equipo, en la limpieza de los caminos de acceso, etcétera”.
Por su parte, continúa la carta, “las empresas de riego normalmente incrementan los precios de los equipos para poder incluir parte de la aportación del productor. Así funciona todo y es la única forma a disposición de los productores de bajos ingresos para acceder a los programas federales”.
Incumplimiento
“El problema surgió cuando algunas empresas empezaron a dejar mal a los productores, es decir, no instalaron los sistemas de riego o solo hicieron el 50 por ciento de la superficie considerada en el proyecto”.
No obstante esto, dice la carta, esas compañías realizaron la entrega-recepción de las obras, “obteniendo, en algunos casos, bajo engaño, la firma de conformidad de los productores y en otros, falsificando sus firmas”.
“De este modo pudieron entregar los expedientes completos a la Sagarpa y cobrar los montos autorizados”.
Amenazas
Para los productores que se negaron a firmar la entrega-recepción de las obras —porque no se hicieron o se hicieron incompletas— la situación se convirtió en la “peor pesadilla”, indica la carta.
“Aunque las obras no se han terminado, la Sagarpa, y ahora la Sader, nos pide la devolución de los recursos federales que recibimos, pero que en realidad nunca llegaron a nuestras manos”.
Ante la imposibilidad de devolver ese dinero, la Sagarpa turnó al SAT la cobranza de esos recursos.
“Este organismo ya embargó los predios de muchos productores del sur del estado y amenaza con rematar nuestras propiedades si no devolvemos el dinero (…) que con mucho esfuerzo hemos adquirido a lo largo de una vida de trabajo”.
La vida es un drama
Esta situación “trae a todos entre la espada y la pared”, dicen los productores al presidente, y por eso “muchos de nosotros nos hemos enfermado ante el riesgo de perder nuestro poco patrimonio”.
“Nuestra vida es un drama y usted es la única esperanza”, escriben.
También le preguntan, al final de la carta, que si el gobierno perdonó en el pasado el pago de impuestos a grandes empresarios y cantantes, “¿acaso no podrá hacer algo por lo pequeños agricultores de Yucatán?” Continuará.—HERNÁN CASARES CÁMARA