Las “Olimpiadas” que se realizaron en el Cereso de Mérida en 2016

Avance carcelario

Con calificaciones entre 6.78 y 8.6, y un promedio de 7.18, los cuatro centros penitenciarios estatales que operan en Yucatán se ubican por encima de la media nacional de 6.75 que arrojó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de Centros Estatales, levantado el año pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El diagnóstico ubica a los reclusorios de la entidad dentro de niveles de operación aceptables, que si bien no son los estándares más altos como Querétaro, con 8.22; Tlaxcala, 8.07; Coahuila, 8.03, y Guanajuato, 8.01, tampoco son la crítica situación que afrontan los penales de Tamaulipas, con la calificación más baja 5.42; Guerrero, 5.92 y Veracruz, 5.94.

El diagnóstico, compartido al Diario por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), otorgó calificaciones de 6.78 al Centro de Reinserción Social de Mérida; 6.86, al de Oriente en Valladolid; 7.01, al del Sur en Tekax, y 8.6, al Femenil del Estado, con sede en Mérida.

En el ámbito peninsular, las calificaciones permiten a ubicar a los reclusorios de Yucatán por encima de los cuatro de Quintana Roo: Playa del Carmen, 5.85; Cancún, 6.12; Chetumal, 6.23, y Cozumel, 6.68; con calificación promedio de 6.22. Pero las calificaciones de los reclusorios yucatecos están por debajo de las que alcanzaron los dos que tiene Campeche en Ciudad del Carmen y San Francisco Kobén, con 7.23 y 7.39, respectivamente, y con promedio de 7.18.

Todos los penales de Quintana Roo están por debajo del 6.75 de la media nacional.

El diagnóstico abarca el estudio de cinco ejes sobre los cuales gira el trabajo de un reclusorio, siendo estos: 1) Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno; 2) Aspectos que garantizan una estancia digna; 3) Condiciones de gobernabilidad; 4) Reinserción social del Interno, y 5) Grupos de Internos con requerimientos específicos.

Los visitadores de la CNDH y las comisiones de los derechos humanos de todos los estados del país levantaron los diagnósticos en una escala de cero a 10, donde cero es la calificación más baja y 10 la más alta.

Dentro de la calificación cero existe algo peor que es el hecho de que el rubro a evaluar no exista. Por ejemplo, un centro cuenta con una enfermería, pero no tiene equipo ni material, pero otro centro no cuenta ni siquiera con un espacio de enfermería; esta situación es una constante en los reclusorios que obtuvieron las peores calificaciones.

En el caso concreto de Yucatán, el reclusorio femenil del estado resultó el mejor calificado de los cuatro con 8.06: obtuvo 7.9 en procuración de integridad física y moral de las internas, 7.91 en estancia digna, 8.68 en gobernabilidad (control y administración del reclusorio), 7.47 en lo que tiene que ver a la reinserción social (la reinserción social es uno de los aspectos más importantes que conlleva la operación de los centros penitenciarios) y 8.33 en lo que tiene que ver en la atención de internas con necesidades específicas.

En ningún rubro antes señalado se colocó por debajo de la media nacional de 6.75.

El reclusorio sur de Yucatán en Tekax es el segundo mejor calificado del estado con 7.01. En procuración de integridad física y moral de los internos calificó con 7.58; en condiciones de estancia digna, 7, y gobernabilidad, 7.08; sin embargo, en reinserción social de los internos se ubica con 6.22, debajo de la media nacional, y 7.18 en la atención a necesidades especiales de algunos internos.

El penal de Oriente, en Valladolid, promedió 6.86 y es el tercero mejor calificado de la entidad. Obtuvo 6.87 de calificación en procuración de integridad física y moral; 7.48 en condiciones de estancia digna; 7.08 por sus condiciones de gobernabilidad; 6.78 en lo que respecta a reinserción social, pero solo 6.08 en la atención de necesidades especiales de algunos internos (debajo de la media nacional).

El Centro de Reinserción Social de Mérida se ubicó en el cuarto sitio con promedio de 6.78, destacando por el 7.73 que alcanzó en procuración y garantías de integridad física y moral de los internos. Sin embargo registra un 5.48 en condiciones de estancia digna (debajo de la media nacional). Sus condiciones de gobernabilidad le permitieron alcanzar 6.86, con una reinserción social calificada con 7.1, pero ligeramente debajo de la media nacional en lo que se refiere a la atención de necesidades especiales de internos donde obtuvo 6.74.

El reporte señala en lo general que los penales de Yucatán no presentan problemas de sobrepoblación o hacinamiento, operan dentro de una gobernabilidad relativa donde se cumple con protocolos, lineamientos y reglas y con instalaciones elementales para una estancia digna de los internos.— Emanuel Rincón Becerra

Las áreas de oportunidad, por decirlo de algún modo, tiene que ver con las estrategias para la reinserción social del interno, como capacitarlo y apoyarlo para reiniciar una vida al salir del penal, también se debe trabajar en las demarcaciones de los espacios comunes, a fin de que procesados no convivan con sentenciados, la atención a de necesidades especiales de algunos recursos en virtud de género, estado de salud, etnia, discapacidades, etcétera.

Diagnóstico Penales

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de Centros Estatales agrega:

El personal

Si bien el personal que labora al interior de los centros yucatecos no es suficiente, bajo un organigrama estructurado, herramientas adecuadas y capacitación, éstos pueden realizar su labor sin poner en riesgo su seguridad o la de los internos.

Estándares

Alimentación, salud, talleres, educación, espacios deportivos, actividades artísticas y culturales, dormitorios y áreas comunes se ubican dentro de estándares en torno a la media nacional en los cuatro reclusorios, que los internos puedan interponer quejas sobre presuntas violaciones a sus derechos humanos y que de ellas se dé parte a la Codhey caracteriza también a los centros penitenciarios de la entidad.

Áreas de oportunidad

Estrategias de reinserción social y demarcar los espacios comunes para que procesados no convivan con sentenciados, entre otras.

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