Una empresa hizo negocio mediante subcontrataciones
La empresa A Moot Point, vinculada a un exfuncionario de alto rango y clasificada oficialmente como fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), nació expresamente para prestar servicios al gobierno, según reconoció el propio negocio en información que utilizaba para difundir sus actividades.
En datos que tenía disponibles en internet pero ya fueron borrados, la empresa indicaba que su primer reto fue “proveer a las dependencias del gobierno del Estado de Yucatán del equipo de cómputo y papelería que requieren para su funcionamiento”, lo cual consiguió meses después de su creación, a fines de 2014.
Según indicios hallados por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, esta compañía se apoyó en una red de proveedores que hacían los trabajos o dotaban de equipos que A Moot Point cobraba después al gobierno con sobreprecios.
Los dos mayores contratos que recibió del gobierno de Rolando Zapata Bello superan juntos los $70 millones, facturados a Servicios de Salud de Yucatán. Ambos corresponden a equipos y sistemas de tecnología.
Como ya hemos informado, A Moot Point era parte medular de la red de empresas que facturaron cientos de millones de pesos al gobierno anterior por una serie de contratos adjudicados de manera irregular o en procesos preferentes.
Sergio Martín Vadillo Lora, jefe del Despacho del Gobernador durante parte del sexenio 2012-2018 y coordinador de la fallida campaña electoral del PRI en 2015, es señalado como principal operador de esa red y tuvo injerencia directa en A Moot Point por conducto de su cuñado Carlos Francisco Amaro Quiroz, quien tenía rango de jefe y aparece en algunos procesos de licitación como representante de la compañía.
El director general del negocio era Christian Alejandro Morales Pino, quien trabajó también en la Dirección General de Tecnologías de la Información en el gobierno de Zapata Bello.
Morales Pino laboró antes, en la misma área, en el Ayuntamiento de Mérida durante la administración de Angélica Araujo Lara.
Al conflicto de intereses —al margen del tráfico de influencias y otros ilícitos— que representaba el parentesco político entre Vadillo Lora y Amaro Quiroz se suma que el director general Morales Pino es hijo del exregidor priista Antonio Morales Balderas, quien precisamente durante el gobierno anterior se desempeñó como subdirector de Comercialización de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay).
La Japay es una de las dependencias que otorgaron contratos a A Moot Point, bajo la anuencia —al menos en documentos— de Carlos Hernando Sobrino Argáez, entonces director general.
Morales Balderas renunció recientemente al PRI y se sumó a las filas de Movimiento Ciudadano.
Bajo el lema “Aplicando conocimientos, entregando soluciones”, A Moot Point exhibía en su presentación digital que su primer reto fue proveer de papelería y equipo de cómputo “a las dependencias del gobierno del Estado de Yucatán”, pero en los siguientes años —en realidad dejó de operar al finalizar el gobierno anterior— logró consolidarse “ganando mercado en las diferentes áreas de las Tecnologías de la Información, no perdiendo la esencia de enfocarse en el mercado de la integración de sistemas y desarrollo de software para pequeñas y medianas empresas”.
Se presentaba como poseedora de cinco valores: “empatía, respeto, profesionalismo, lealtad y honestidad”. Tenía, según revelaba en esa información, “40 colaboradores operativos”.
Central 9 tiene evidencias de que A Moot Point subcontrataba a proveedores que terminaban haciendo el trabajo. Luego pasaba facturas a las dependencias del gobierno con precios mucho más elevados.
Por ejemplo, la Japay le asignó un contrato —en condiciones que un organismo internacional califica de fraudulentas, como ya publicamos— para “Actualización del Padrón de Usuarios” de la Junta.
A Moot Point extendió una factura de 7 millones 361 mil 476 pesos. En los trabajos previos subcontrató a Desarrollo de Sistemas y Calidad Ambiental, quien le brindó asesoría “para integrar el expediente relativo, a fin de presentar una propuesta de trabajo” a la Japay con miras a “ejecutar el levantamiento censal 2016”.
El proveedor subcontratado cobró $60,000, sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Aportó “materiales, equipos, personal e insumos” para la elaboración de los trabajos, según detalló desde la propuesta dirigida a “Ing. Carlos Amaro Quiroz”.
Más casos
En noviembre de 2017, el gobierno concedió a la misma empresa un contrato para la reparación de un corte de fibra óptica. A Moot Point cobró 177 mil 166 pesos, pero había subcontratado para hacer ese trabajo a la empresa Sitra, que facturó por 118 mil 109 pesos.
Siguiendo el mismo mecanismo, en octubre de 2017 la Secretaría de Desarrollo Rural recibió de la compañía una factura de 127 mil 409 pesos por servicios de “hardware”.
El verdadero proveedor, pero subcontratado, fue la firma Ingram, que cobró en realidad 79 mil 441 pesos.
El negocio que ahora es oficialmente fantasma no se limitaba a los elevados contratos para obtener mayores ganancias. También siguió ese esquema en pequeñas compras.
En marzo de 2016, por ejemplo, entregó al gobierno diez accesorios conocidos como “diadema plantronics”, que serían dirigidos a la Dirección General de Tecnologías de la Información. Cobró $5,638.06
Según las facturas en poder de Central 9, A Moot Point compró esos accesorios a Servicios Integrales en Informática, que le cobró $3,600.30. Con el IVA, la cantidad subió a $4,176.35.
Los mayores pagos que recibió ese negocio fueron de Servicios de Salud de Yucatán: $34.724,646 para equipos y sistemas de tecnología en el Hospital Materno-Infantil y $37.296,051 para idéntico servicio al Hospital de Tekax.— ÁNGEL NOH ESTRADA
Impunidad Antecedente
Las irregularidades en torno a la empresa A Moot Point se hicieron públicas en 2018.
Denunciaron y ya…
En junio de ese año, Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, entonces de Movimiento Ciudadano, y Edgar Ramírez Pech, entonces presidente estatal del PAN, se presentaron en la Auditoría Superior del Estado (ASEY) para denunciar desvíos de recursos públicos mediante esa compañía. Días antes, las dos primeras ofrecieron detalles de esas anomalías en rueda de prensa; mencionaron las ligas de un “alto funcionario” con el caso.
Silencio y posiciones
Dos años y ocho meses después, el tema no se ha vuelto a abordar en los círculos políticos. Silvia López y Milagros Romero son hoy diputadas locales —ya sin partido— y Edgar Ramírez es jefe del Despacho del Gobernador.
Solo el SAT
De parte de la ASEY tampoco se sabe de alguna pesquisa. El SAT sí tomó ya medidas, al clasificar como fantasma a la empresa.