Por nuevo laudo, pagaría unos 12 millones de pesos
Un conflicto laboral que se pudo arreglar con 50 mil pesos le costará ahora al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) al menos 12 millones de pesos, por la terquedad de su presidenta consejera María de Lourdes Rosas Moya, de acuerdo con un fallo reciente del Tribunal Colegiado en el estado, afirmó Lincoln Palma Rodríguez, representante del trabajador que ganó la demanda.
Esto, dijo, representará también un serio quebranto para esa institución.
En la sesión ordinaria del Consejo General Electoral del Estado, ayer el representante del PRI abordó el asunto y preguntó si afectará a estas elecciones.
Ante el silencio de la consejera presidenta, el secretario ejecutivo del Iepac, Hidalgo Victoria Maldonado, confirmó que existe este caso, pero por estar todavía en proceso no pueden dar mayor información.
El litigante laboral explicó que se trata de José Luis Alvarado Góngora, quien se desempeñaba como jefe de los servicios generales del Iepac. Cuando llegó la consejera presidenta en 2014 decidió despedirlo, y la forma de hacerlo fue llevarlo a la Junta de Conciliación para firmar un acuerdo donde decía que estaba de acuerdo con su remoción.
Sin embargo, continuó, el trabajador lo buscó después y le dijo que nunca estuvo de acuerdo con la forma en que lo despidieron, que incluso lo obligaron a firmar el acuerdo donde decía que lo aceptaba, por lo cual se inició un juicio solicitando la nulidad de ese acuerdo y una liquidación justa con apego a la ley.
Asimismo, recordó el declarante, en 2020 salió un laudo en contra del trabajador y se fueron a los juzgados federales con un amparo. La instancia falló recientemente ahora a favor del trabajador, ordenándole al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios que en 15 días emita un nuevo laudo, sin tomar en cuenta el acuerdo que habían presentado al principio y el cual ya fue nulificado.
Palma Rodríguez explicó que su defendido, cuando lo despidieron, ganaba alrededor de 1,200 pesos al día, de modo que al inicio del proceso pidieron una indemnización de 50 mil pesos.
La presidenta del Iepac se negó y ahora tan solo por salarios caídos calculó que le deben siete millones de pesos, más una indemnización de 20 días por año porque no lo reinstalaron, el pago de su prima vacacional y aguinaldos, que en conjunto sumarían 12 millones de pesos.
El defensor señaló que los responsables de que todo esto llegue hasta donde hoy se encuentra este caso son, además de la presidenta María de Lourdes Rosas, sus encargados del departamento jurídico, Bernardo Cano González y Miguel Fernández Montilla Cervera, quienes aseguraron que su extrabajador Alvarado Góngora perdió todos sus derechos al firmar en la Junta de Conciliación su renuncia y no le tocaría nada.
El abogado mencionó que siempre se han quejado en esa institución de la falta de recursos, incluso ahora más para sacar el proceso electoral; por tanto, cuando se confirme el laudo como lo ordenó el Tribunal Colegiado podrá ser un descalabro económico.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA
En opinión del demandante, la institución se podría evitar esto si su órgano interno de gobierno decidiera aplicarle la Ley de Responsabilidades a su consejera presidenta.
Esto es viable, dijo, al considerar que se trata de un órgano público descentralizado estatal, que tiene personalidad jurídica, patrimonio y vida propios, y entonces la responsable de velar por su correcto funcionamiento es la consejera presidenta.
Según añadió, al no cumplir la consejera presidenta con velar por el correcto funcionamiento de este instituto, por este descalabro económico le pueden fincar responsabilidades y obligarla a que ella lo pague de su bolsa, aplicándole la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Servidores Públicos del Estado, pero alguien lo debe promover, de preferencia su propio órgano interno de gobierno.