El Comité de Lucha por el Rescate de la Juguera de Akil y de la Unión de Ejidos Citricultores, demanda del gobierno del Estado que aclare quién es el propietario de esas instalaciones, que han dejado de ser en beneficio de los productores locales de cítricos, ya que contrario a los fines para los cuales se creó, al pagar precios demasiado bajos de la producción local y además ahora traer de Veracruz la naranja para maquilar, y hasta exportar.
Dirigentes ejidales del Sur y Lorenzo Alvarado y Sosa, quien encabeza el Comité de Lucha por el Rescate de la Juguera de Akil, celebraron una conferencia de prensa para hablar del conflicto qe data de 2016 y solicitaron una audiencia con el gobernador Mauricio Vila Dosal, para que les aclaren esta situación de la juguera.
“La situación por la que atraviesa la juguera es muy preocupante, ya nadie sabe a ciencia cierta de quién es la planta, quién la compró y cuánto pagó. Si ese fue el caso y si se vendió, qué se hizo con el dinero de la venta, porque todo parece indicar que solo unos cuantos saben lo que en realidad está sucediendo”, expresó Víctor Be.
En día pasados, debido a una demanda de Lorenzo Alvarado, se ordenó el embargo a la maquinaria de la juguera. Sobre el asunto, María Fritz Sierra, secretaria general del gobierno del Estado, indicó que la juguera es propiedad del gobierno y la tienen dado en comodato. También dijo que se trata de un problema de administraciones estatales anteriores.
Al respecto, Alvarado y Sosa indicó que eso crea más confusión, ya que si es propiedad del gobierno del Estado, cuál es la razón para que el empresario Arturo Peniche Solís tenga la posesión de la fábrica.
Peniche Solís ha asegurado que pagó la deuda de esta planta para rescatarla y devolvérsela a los ejidatarios cuando le paguen.
Alvarado y Sosa añadió que, conocedores de la operación de esta planta han estimado que al año, entre la producción que venden en el mercado local y lo que se exporta los responsables puede estar obteniendo 10 millones de pesos o hasta 30 millones anuales, “y de eso los citricultores no ven ni siquiera un buen pago por su producción”.
Víctor Be indicó que los delegados que asisten a las asambleas y supuestamente aprobaron tal operación, no tienen claro porqué y cómo se han llevado al cabo esas decisiones que afectan al patrimonio de los citricultores de 12 ejidos que constituyen la Unión de Ejidos Citricultores del Sur del Estado.
El ejidatario puntualizó que es necesario se informe con claridad la situación en la que se encuentra actualmente esta planta, sobre todo que se hizo con el apoyo de 100 millones de pesos que supuestamente le dio el gobierno del Estado hace unos meses, y en qué se gastó, porque además solo se entregaron 90 millones.
Por su parte, Diego Cetina Euán recordó que esta planta se creó para regular los precios de la naranja, limón, la producción de cítricos en el sur, en beneficio de los citricultores ejidales, pero desde que llegó el empresario les ha sido perjudicial. Aseguró que los particulares pagan mejor que en la juguera, por ello no llevan su producción a esa planta.
“Pero el problema —continuó el ejidatario—, ya no es solo los bajos precios que pagan, sino que además a veces ni te lo pagan, o tarda lo menos un mes en pagarlo y además muy por debajo de los precios del mercado. Se supone que la planta fue para que nos ayuden, pero ahora es mejor vender a otros, pagan mejor los particulares”, aseguró.
Los ejidatarios recordaron que desde administraciones anteriores se presenta un mal manejo de la planta, entre fraudes e irregularidades que nunca se investigan, “solo lo resuelven con negociaciones y cambios de directivos que luego vuelven a lo mismo”.
También señalaron que, desde el inicio de su administración le entregaron por escrito la solicitud al gobernador del Estado para que les dé una solución definitiva, y hasta la fecha siguen esperando que al menos los reciba y les den una respuesta, una explicación de cuál es la situación, qué pasa y qué pasará con esta planta.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA
Juguera Conflicto
Una parte de la maquinaria de la Juguera de Akil está embargada por una sentencia de un juicio mercantil.
Deuda de $4 millones
El juicio lo promovió el citricultor y presidente del Consejo Citrícola Yucateco, Lorenzo Alvarado y Sosa, por una deuda de $4 millones.
Propiedad del gobierno
María Fritz Sierra, secretaria general de gobierno, indicó el pasado 15 de mayo que el embargo ocurrido con la Juguera de Akil se trata de la confiscación de algunos bienes, ya que es propiedad del gobierno del Estado, pero lo entregaron en comodato.
No es definitiva
El gobierno estatal ha asegurado que no hay aún una sentencia definitiva en el caso de la Juguera de Akil, se está atendiendo, y hasta ahora en términos prácticos lo que se ha determinado en los juzgados, es un cambio de depositario de la maquinaria a favor del demandante.
Piden una reunión
El Comité de Lucha por el Rescate de la Juguera de Akil y de la Unión de Ejidos Citricultores solicitó una reunión con el gobernador Mauricio Vila Dosal para que les aclaren esta situación de la juguera.
No han sido escuchados
Los ejidatarios indicaron que desde el comienzo de la administración de Vila Dosal han solicitado una audiencia, petición que no ha sido atendida.