Preparativos de la consulta sobre las granjas porcícolas
Con información de un solo bando que se opone al funcionamiento de las granjas porcícolas, mañana domingo se realizará una consulta indígena en las comunidades de Kinchil, puerto de Celestún y comisaría San Fernando de Maxcanú para que los habitantes decidan si están de acuerdo o no con esos negocios que operan desde hace años en esos lugares.
La empresa Kekén publicó en un desplegado en el Diario que las consultas son ilegales. Asesores jurídicos del equipo Indignación informaron que se abrió un período de información para todas las partes, pero ningún representante de la empresa, dependencias estatales y federales, alcaldes ni comisarios ejidales invitados asistieron.
“La consulta indígena ha provocado un intenso debate, esperamos que la gente salga a ejercer su derecho a la autodeterminación”, señaló José Koyoc, integrante del equipo Indignación. “En la comisaría de San Fernando estuvo el comisario ejidal, pero no quiso pasar a responder las preguntas”.
“La población votará con la información que se les dio y que ellos conocen. No asistieron las partes acusadas, no saben qué tipo de información tienen, no quieren rendir cuentas”.
Luego informó que la votación será libre, sin un padrón ni uso de alguna identificación oficial y solo votarán los originarios del pueblo. Ellos se conocen, saben quiénes son y usarán sus propios protocolos de control.
La votación será simultánea en los tres pueblos, habrá observadores de la sociedad civil y de la ONU; esperan una jornada participativa y tranquila porque se realizaron asambleas informativas y un intenso perifoneo.
Algunos actores han presionado para favorecer a la empresa porcícola, por lo que pidieron apoyo policíaco a los ayuntamientos de Kinchil, Celestún y Maxcanú para que la jornada sea pacífica.
Se le preguntó a José Koyoc si se espera una lucha jurídica posterior porque Kekén sostiene que son asambleas ilegales y no acataría los resultados.
“Esa postura refleja más bien la ignorancia acerca de los derechos mínimos y básicos de los pueblos mayas. Si creen que la Constitución dice una cosa, estas asambleas indígenas las reconoce la legislación internacional, está protegida por diferentes declaraciones de los pueblos indígenas de la ONU y también es un abierto racismo en las formas como los pueblos toman sus decisiones”, indicó. “Los comités defenderán lo que el pueblo decida, las empresas y Estado mexicano tienen la obligación de reconocer los resultados de la consulta”.— Joaquín Chan Caamal
Granja en Homún
Un caso similar ocurrió en Homún. Parte del pueblo no estuvo de acuerdo con el funcionamiento de una nueva macro granja y realizó una consulta indígena, determinando que no aprobaban la apertura de ese criadero de cerdos. Sin embargo, no se respetaron los resultados y los opositores de la granja emprendieron juicios de amparo que hasta el día de hoy no se resuelven en definitiva, pero lograron parar su apertura.