Plantean reforma legal para evitar las extorsiones
En respuesta a la preocupación de la iniciativa privada local, específicamente socios de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Yucatán, la diputada Cecilia Patrón Laviada propondrá el proyecto de decreto para reformar los artículos 370, 371 y 376 Ter del Código Penal federal a fin de detener el robo y extorsión a choferes de vehículos de carga.
El 15 de abril pasado, durante la campaña proselitista, la hoy legisladora federal por el IV Distrito se reunió con integrantes de esa agrupación que, entre otras cosas, manifestaron su preocupación en el aumento de los índices de robo y extorsión a vehículos de carga que salen de Yucatán a otros destinos del centro del país, principalmente.
Al resolver la libre y segura movilización de mercancías redundará en un fuerte impulso a la reactivación económica, la protección de empleos por parte de las empresas transportistas, protección de la economía familiar y, en definitiva, el fomento del desarrollo nacional para superar la crisis actual.
En aquella ocasión detallaron que durante los últimos meses decenas de choferes exigieron mayor seguridad en las carreteras y que la Guardia Nacional patrulle esas vías porque, según denunciaron, en distintos municipios donde forzosamente tienen que pasar les exigen una cuota o pago obligatorio para que se les permita la libre circulación.
En México el delito de robo y asalto a transportistas ha ido en aumento, pues en 2020 el país se colocó como el tercero mundial con más incidentes de robo a carga.
Esto no solo afecta a los transportistas, sino que supone una gran pérdida para las empresas y grandes daños colaterales como pérdida de mercado, paros de líneas de producción, aumento de precios, retrasos en entregas de productos finales, multas por parte de los clientes y mala reputación de marca.
Según Karla Cisneros, directora de Riesgos de Lockton México, se calcula que los costos del robo de carga llegan a los 290 millones de dólares anuales.
En aquella reunión Cecilia refrendó su compromiso de trabajar de la mano y cercana con los organismos y cámaras empresariales para enriquecer las iniciativas de ley que tengan que ver con el desarrollo de México en general.
Cecilia Patrón propone aumentar de 2 a 13 años de prisión (en vez seis meses a cinco años) si el robo se ejecutare con violencia. Si la violencia constituye otro delito, se aplicarán las reglas de la acumulación.
En el Artículo 376 Ter, la ley indica que la pena sería de 9 a 15, en vez de 6 a 12 como está ahora, “a quien cometa el delito de robo en contra de personas que presten o utilicen por sí o por un tercero los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado”, y de 5 a 7 años en vez de 6 a 12 años como está ahora cuando el objeto del robo sea las mercancías.
Otra modificación, sugiere el proyecto, es aumentar de 5 a 7 años de prisión (actualmente es de 2 a 5 años), cuando se trate únicamente de robo de equipaje o valores de turistas o pasajeros, en cualquier lugar, durante el trayecto del viaje, con independencia del valor de lo robado.
De un vistazo
Saqueos
En el tercer trimestre de 2020 se registraron 4,986 incidentes de robo a vehículos de carga, lo que representó un alza del 9% en comparación con el segundo trimestre y conforme aumentan los robos se eleva la violencia ejercida para que los conductores se detengan; el último trimestre del 2020 el 56.6% de los robos registrados, fue con violencia.