Se logran quitar el brazalete pese a orden judicial
Fruto del sistema judicial oral que suplió al sistema escrito, nació el brazalete o grillete electrónico para localizar a personas que por disposiciones de los jueces siguen un proceso penal fuera de la cárcel, aunque este sistema no siempre es confiable, como ocurrió hace algunos días en esta ciudad.
No es la primera vez que el poseedor de un brazalete o, por lo general, tobillera electrónica, rebasa las indicaciones que le dieron para no estar en prisión, lo que demuestra que no es total la eficacia de ese sistema para prevenir que una persona se sustraiga de las autoridades.
Quien tiene otras opciones de vida fuera del estado lo más probable es que desobedezca a las autoridades.
El caso más reciente fue el de Óscar Humberto L.S., acusado de abuso sexual, quien se deshizo del artefacto, el cual abandonó en un paradero de la Jacinto Canek, como denunció la madre de la víctima de ese delito.
Oriundo de Jalisco, el acusado dejó el brazalete electrónico el 5 de este mes y las autoridades iniciaron su búsqueda, sin los resultados esperados.
Se han dado varios casos de inculpados que evaden la vigilancia que se les impone por medio de los brazaletes electrónicos. Esta medida tiene un costo para el Estado, ya que los aparatos no son de su propiedad, sino de una empresa que estaría ligada a exfuncionarios del sexenio pasado.
Los procesados son sometidos a una serie de pruebas por parte de una sección de la Unidad de Medidas Cautelares a fin de que se evalúen los riesgos de que evada la acción de la justicia y, por tanto, se le mantenga en prisión en vez de ese dispositivo electrónico.
Los candidatos a un grillete electrónico deben tener trabajo, arraigo en el estado, familiares y otro tipo de características.
Sin fondos
Varias pruebas pueden no tener respuesta con una base firme, por ejemplo, que un familiar se comprometa a dar alojamiento y trabajo al acusado, así como otros medios para su sustento.
Usualmente los seleccionados a un detector de ese tipo carecen de recursos, aunque de todas maneras firman una responsiva.
El equipo tiene un valor superior a los $70,000, que incluye el dispositivo circular y un teléfono celular que debe mantenerse a corta distancia para que pueda ser monitoreado.
Funciona en sitios donde llega la red de telefonía. Si hay alguna variación el aparato emite una señal la cual deben ver las autoridades que, en ese momento, deben hacer una llamada a fin de que el acusado responda.
De no recibir respuesta, entonces la Policía va al sitio donde se detectó el aparato.
Hay detalles no previsibles, de acuerdo con los informes recibidos. Por ejemplo, cuando el artefacto fue programado para enviar señales en determinada demarcación: “no puede salir de Kanasín”.
Al salir de esa población se emite el aviso, pero el artefacto deja de enviar señales que permiten localizar al inculpado cuando está fuera de esa demarcación.
Puede suceder, como en el caso de Óscar Humberto, que pase mucho tiempo para que se inicie la localización, lo suficiente como para que una persona se esconda.
Otra de las medidas que se adoptan con este sistema es que las autoridades, sin previo aviso, pueden acudir al domicilio del procesado. También se consideran las horas propias en que el aparato “no se mueve, no cambia de lugar”, como en las horas de sueño.
Hay casos no previstos, como el de un pescador de Progreso que obtuvo permiso para retirarse el aparato cuando estaba en alta mar. También el de una tabasqueña acusada de entrar a una casa ajena, pero al dar su domicilio para ser liberada por medio del grillete electrónico dio precisamente el inmueble en disputa.
Los aparatos también pueden sufrir daños, ya sea el brazalete en sí o el celular. Los precios de reparación van por cuenta del procesado, lo que serían varios miles de pesos.— Megamedia