En suspenso, una sanción en contra del gobernador
Hasta ayer la actual LXIII Legislatura del Estado seguía sin ser notificada de la resolución que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el recurso de reconsideración que promovió el gobernador Mauricio Vila Dosal.
Éste perdió ese recurso en contra de la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Xalapa para sancionarlo.
Víctor Hugo Lozano Poveda, diputado del PAN y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, refirió que siguen al pendiente de este proceso, más cuando sería algo inédito y deben cuidar cómo procederán.
Como se ha informado, desde diciembre la Sala Superior del Tribunal Electoral federal confirmó la sentencia contra el gobernador Vila por actos violatorios de la normatividad electoral en los últimos comicios locales de Yucatán ahora le corresponderá al Poder Legislativo decidir la sanción que se le aplicará.
Claridad en una resolución
Consultado al respecto, el legislador Lozano Poveda indicó que si la resolución indica de manera clara que corresponde a esta Legislatura la imposición de una sanción, se establecerá por medio de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, emitiendo el dictamen correspondiente.
Una vez aprobado por ese órgano colegiado, el dictamen se turnará al Pleno del Congreso para aprobarlo.
Esta comisión la preside Carmen Guadalupe González Martín, diputada del PAN, y su vicepresidenta es Alejandra de los Ángeles Novelo Segura, legisladora de Morena.
Más integrantes de la comisión
El priista Gaspar Armando Quintal Parra es el secretario, el otro secretario es el panista Jesús Efrén Pérez Ballote y los demás integrantes como vocales, también de Acción Nacional, son el mismo Lozano Poveda, Dafne Celina López Osorio y Karla Vanessa Salazar González; además de José Crescencio Gutiérrez González, de Nueva Alianza, y Vida Aravari Gómez Herrera, de Movimiento Ciudadano.
Es decir, de los nueve integrantes de esta comisión, cinco son del PAN —incluyendo a su coordinador Lozano Poveda—, y los otros cuatro son de partidos distintos.
El de Nueva Alianza es considerado aliado de los panistas. Casi en todas las votaciones sus sufragios son en el mismo sentido que los legisladores de Acción Nacional.
Por tanto, tendrían amplia mayoría para decidir la que consideren mejor sanción para el gobernador.
El Congreso, dice, actuará contra la violación electoral
“Es importante que desde Yucatán sentemos un precedente para que no se dé este tipo de intervenciones que vician la voluntad popular, como lo es la intervención de los gobernantes en las elecciones, algo que siempre criticó Acción Nacional al PRI”, afirmó Gaspar Quintal Parra coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado.
El legislador consideró que es necesario analizar detenidamente y proceder en consecuencia con total apego a la ley para cumplir con la sentencia emitida por la Sala Regional en Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sobre este tema, Quintal Parra comentó que esta es una oportunidad para el Congreso del Estado de sentar un precedente en el país contra este tipo de situaciones.
El diputado priista advirtió que es muy peligroso para la democracia la intervención del Ejecutivo en las elecciones (como siempre se le criticó al PRI), “más de tres décadas le llevó a la oposición, en ese entonces representada por el PAN y el PRD, denunciar y luchar contra las intervenciones del Ejecutivo en los procesos electorales, como para que ahora que son gobierno no haga lo que entonces con justicia le criticaba al PRI”.
Un precedente, aún sin notificación
El priista consideró que independientemente de que se notifique o no al Congreso esta resolución del Tribunal federal, y se tenga el tiempo de ejecución, es un deber democrático de esta Legislatura cumplir con el espíritu de la sentencia ya ratificada y agotados todos los medios de impugnación.
“Se debe implementar la sanción correspondiente, cumpliendo con los criterios de gradualidad y proporcionalidad que debe tener una sentencia. Insisto que esto es para establecer un precedente; que no se vuelva a repetir en ningún ámbito, ni en el federal, estatal o municipal”, puntualizó.