El proceso para el nombramiento de un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán adolece de fallas de origen, pues la convocatoria se publicó fuera del tiempo que establece la ley y no se atendieron otros aspectos importantes, según hizo notar el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra).

El jueves pasado, como publicamos, finalizaron las comparecencias de doce aspirantes al cargo ante la Comisión de Selección del CPC, que deberá dar a conocer su decisión a más tardar este jueves 31, día en que finaliza el encargo de Javier Montes de Oca Zentella.

Polémicos postulantes

Entre los postulantes a esa posición de esencia ciudadana hay algunos vinculados con partidos políticos, uno con amonestaciones del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip) y otra involucrada en un aparente conflicto de interés.

Un aspirante más, un abogado que se postula por tercera ocasión, se apartó de las reglas de la convocatoria al presentar su plan de trabajo por escrito y no exponerlo verbalmente en el tiempo acordado, como sí hicieron los demás comparecientes. La Comisión de Selección no le hizo notar esa falta.

Hace unos días, cuando ya estaba en marcha el proceso de designación y aún no comenzaban las comparecencias, el colectivo Cimtra envió a los integrantes de la Comisión de Selección una carta en la que indicó que la convocatoria no fue publicada en el Diario Oficial del Estado en los plazos que estipula la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán.

Retraso en publicación oficial

El artículo 25 de esa ley señala que la convocatoria se debe publicar a más tardar 60 días naturales previos a la fecha en que concluya el nombramiento del integrante saliente o dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que ocurra alguna vacante por causa distinta a la conclusión del período.

En este caso, el nombramiento de Montes de Oca Zentella finaliza el 31 de marzo. La publicación se hizo el 21 de febrero pasado, es decir, con 20 días de atraso.

“La lucha contra la corrupción se tiene que dar desde muchos frentes e implica grandes retos. Uno de tantos es el de cumplir y hacer cumplir la ley”, se indicó en la misiva, que firma Lízbeth Estrada Osorio, coordinadora de Cimtra Yucatán.

El colectivo subrayó que ese incumplimiento de la ley impacta también en el tiempo del que hubiera podido disponer la Comisión para hacer un proceso de análisis y una valoración más exhaustiva de los candidatos, con entrevistas a profundidad durante sus comparecencias, por citar un solo ejemplo.

Cimtra también formuló una serie de propuestas para mejorar el proceso, que, a juzgar por los resultados, no se tomaron en cuenta.

Detalles que “salpican” el proceso del SEAY

En plática con un reportero de este periódico, posterior al envío de la carta, la maestra Estrada Osorio se refirió a otros detalles que salpican el proceso para nombrar al futuro integrante del Comité de Participación Ciudadana del SEAY:

  • 1) La misma ley dice que en la convocatoria se deberán considerar, entre otras características, el método de registro y evaluación de los aspirantes. En este caso sí se consignó el método de registro, pero no el método de evaluación. Se habla de comparecencias, pero la Comisión no clarifica qué y cómo evaluará.
  • 2) Se dispone que se deben hacer públicos —en versiones públicas— los documentos que hayan entregado los aspirantes para su inscripción en el proceso.

La lista de aspirantes se publicó en la red social Facebook. En cuanto a los documentos, únicamente se presentan los currículos y la carta de intención.

A los currículos no se adjuntan los documentos probatorios que solicita la convocatoria. No se sabe, al menos públicamente, quién postula a los candidatos y con qué sustento.

  • 3) También señala la ley que se podrán efectuar audiencias públicas de este proceso, en las que se invitará a participar a investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil.

A nadie se invitó, ni se activó algún canal para la participación que señala la ley.