“Era mi jubilación… y me la quieren robar”.

Con esas palabras resumió el ingeniero R.O.R., de 74 años de edad, una situación que en teoría lo ha dejado sin un bien que adquirió hace más de 40 años y por el que está dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias.

Su denuncia es de un fraude consumado al estilo de la mafia inmobiliaria, del cual se enteró de manera fortuita al tratar de hacer una operación.

Un nuevo escándalo jurídico por fraude

En síntesis, suplantaron su identidad, se presentó la identificación de un homónimo y se falsificó su firma para realizar una compraventa que oficialmente quedó registrada en dos millones de pesos. La propiedad, dice el afectado, vale el triple de esa suma.

El acto involucra a conocida notaría pública, que avaló la operación, y ha sido motivo de una queja ante el Consejo de Notarios de Yucatán, que preside Héctor José Victoria Maldonado. Hasta hoy el denunciante no recibe respuesta de este organismo y la notaría se deslindó prácticamente de la operación de la cual dio fe.

“Si todo estuviera bien, si no hubiera contubernio, ¿por qué no me han buscado?”, pregunta la víctima ante esa situación.

El ingeniero R.O.R. decidió exponer su caso al enterarse, por medio del Diario, que dos notarios públicos han sido sometidos a procesos judiciales por irregularidades cometidas en el ejercicio de su profesión.

El suyo, considera, es un caso típico de abuso en el cual la víctima queda en estado de indefensión.

Síntesis de un nuevo caso de fraude

Sintetiza su denuncia de la siguiente manera, con conceptos que también relató en un oficio dirigido al doctor Victoria Maldonado:

—El 5 de diciembre de 2020 se vio en la necesidad de internar a su esposa en un centro médico privado del poniente de la ciudad. No lo hizo en el IMSS porque hacían falta médicos a causa de la pandemia de Covid.

—Llegó a un acuerdo verbal con el administrador de la clínica, E.B.M., en el sentido de que si se agotara el depósito que entregó a la hora del ingreso podría dejar en calidad de garantía un terreno de su propiedad en Cholul, que compró en diciembre de 1978 y tiene un valor estimado de 5 a 6 millones de pesos.

—El 12 de diciembre se dio de alta a su esposa. Quedaba un saldo por pagar y entregó al administrador la escritura original del lote y le firmó un pagaré en blanco. Se acordó liquidar la deuda en parcialidades.

—Se encontraba con el administrador un abogado, quien revisó los documentos y verificó datos en el sitio electrónico del Registro Público de la Propiedad.

—El denunciante pagó la deuda más adelante y le devolvieron la escritura y el pagaré. Aparentemente todo estaba correcto.

Descubre el fraude

—Tiempo después decidió vender la propiedad, para reponerse de gastos, y con sorpresa descubrió que aquélla ya estaba inscrita a nombre de otras personas.

—Lo que más le llamó la atención es que la operación de falsa compraventa se efectuó el 8 de diciembre de 2020, es decir, tres días después del ingreso de su esposa y cuatro antes de que entregara la escritura original —solo había aportado datos— al administrador del hospital.

—Para consumar el hecho, en ese corto período aparecieron una corredora de bienes inmuebles, un homónimo del afectado con residencia en Campeche (esto lo pudo apreciar con la credencial de elector), un acreedor que hipotecó el terreno al homónimo y tres compradores que adquirieron del “prestamista” —identificado como José María Barrero Canela— el lote señalado.

—Dio fe de la operación la notaría pública número 7, cuyo titular es Jorge Aguilar y Aguilar. El ingeniero R.O.R. se presentó en esas oficinas y, de acuerdo con su versión, lo atendió el abogado Iván Suárez, quien dijo que fue él quien elaboró las escrituras a nombre de los tres supuestos compradores.

Con una firma diferente

—Al comparar los documentos originales el abogado admitió, y así lo hizo saber al afectado, que la firma del falso vendedor no era la misma que aparecía en la escritura auténtica y que “todo parecía” indicar que fueron engañados, lo cual comunicaría al titular de la notaría y a los supuestos compradores para llegar a un acuerdo económico y poner fin a ese delicado asunto.

—Después de varios ofrecimientos del abogado de llamarle por teléfono, lo cual nunca cumplió, la víctima se presentó de nuevo en la notaría en busca de conciliar intereses, pero solo recibió excusas.

—Llevó el caso por escrito al Consejo de Notarios el 11 de enero pasado. Tres meses después no hay respuesta y se dispone a emprender más acciones legales para defender un patrimonio que consideraba su jubilación.