En medio de lo que parece ser la inminente renuncia de los magistrados del estado, y de posibles recursos de inconstitucionalidad que algunos podrían promover contra el Poder Legislativo por las reformas que mañana jueves se espera sean aprobadas, Ricardo Ávila Heredia, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, rindió ayer su último informe anual de actividades, correspondiente a 2021.
En su mensaje el magistrado presidente dijo que le es grato reconocer el compromiso y trabajo que realiza el personal del Poder Judicial para superar la adversidad, “conscientes de lo vital que representa nuestra labor para mantener a Yucatán como un Estado modelo, donde se respeta la ley, se procura la paz y el bienestar social, para ello, la impartición de justicia pronta, expedita y transparente es una tarea fundamental, y de ahí parte nuestra vocación”.
También como se ha dicho en repetidas ocasiones durante el proceso de las reformas al Poder Judicial propuesto por el gobernador Mauricio Vila y que se espera se aprueben mañana, Ávila Heredia insistió en que las principales carencias y necesidades están en los juzgados, se requieren más de estas instancias.
Juzgados
“El Poder Judicial considera necesario, y ha presentado las solicitudes presupuestales pertinentes, para reforzar los nueve juzgados mixtos que atienden asuntos en el interior del Estado con mayor personal e incluso para prever la creación de otros de este tipo en municipios que se encuentren más alejados de la capital, con la finalidad de garantizar un mayor acceso a la justicia, y no quitaremos el dedo del renglón para este fin”, afirmó el funcionario.
Aunque Yucatán está ya en semáforo epidemiológico verde y ya se reanudaron las reuniones y sesiones presenciales, el presidente del tribunal presentó su informe en sesión extraordinaria con carácter de solemne, con la presencia de los demás magistrados y consejeros de la judicatura, pero solo ellos, se transmitió por las redes sociales para los demás, no se permitió la presencia de los medios de comunicación como en ocasiones pasadas, que lo permitían las condiciones.
Independientemente de que Ávila Heredia y la mayoría de sus colegas en el tribunal, según ha trascendido, ya aceptaron y consideran retirarse pronto por las reformas que se aprobarán esta semana en el Congreso del Estado, en su caso es su último informe, porque está en el final de su periodo y no puede reelegirse otro periodo.
En su informe, como si confirmará los señalamientos hechos en el Congreso en los últimos días, Ávila Heredia informó que los juzgados de primera instancia representan el primer contacto para la resolución de conflictos entre los ciudadanos y ciudadanas.
Casos
El año pasado concluyeron 26,252 asuntos en todas las materias: familiar, civil, mercantil y penal incluyendo el sistema especializado para adolescentes; mientras que en segunda instancia, que recibe las apelaciones sobre decisiones de primera instancia, los magistrados y magistradas (que el gobernador pide se aumenten en sus reformas), en sus diferentes salas especializadas concluyeron 1,954 asuntos.
Al entrar en detalles sobre este punto, el magistrado precisó que durante 2021 en primera instancia se iniciaron 25,181 asuntos y se concluyeron 26,252, cifra que incluye asuntos iniciados en años previos, y de todos estos, el 34.4% de los inicios fue del ámbito familiar; 30% fue en los juzgados mixtos (es decir los nueve que se ubican fuera de Mérida), y 19% fueron de la materia mercantil.
Mientras que de los asuntos iniciados en segunda instancia, 61.45% fue para la sala colegiada civil y familiar; 15.5% para la colegiada penal y mercantil y 9.7% para la colegiada penal y civil.
En su informe también habló de los problemas que enfrentaron por la pandemia y las circunstancias de austeridad presupuestal, y que pese a esto, el Poder Judicial, a través del Tribunal Superior de Justicia, recibió de nuevo la certificación en el Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles que otorga la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.—DAVID DOMÍNGUEZ MASSA
Esto fue —explicó— por el cumplimiento de los estándares requeridos para la correcta implementación de los juicios orales mercantiles, a través de acciones de mejora regulatoria para asegurar una impartición de justicia de calidad, pronta y expedita en la materia.