Aunque desde el pasado jueves empezó a correr el plazo de 60 días para que las magistradas y magistrados renuncien, aún no solicitan su retiro, “el que quiera lo acepta y el que quiera no, la decisión es voluntaria”, lo que sí hay es la solicitud para que se promueva un recurso de controversia de inconstitucional contra las reformas al Poder Judicial recién aprobadas, afirmó ayer Ricardo Ávila Heredia, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
También declaró que, a pesar de estar en la ley desde hace varios años que al Poder Judicial le corresponde el 2% del presupuesto anual de todo el gobierno estatal, ninguno de los últimos gobernadores ha cumplido con esta obligación, siempre les dan menos.
Ayer informamos que, de acuerdo con las nuevas reglas estipuladas en las reformas al Poder Judicial aprobadas la semana pasada por el Congreso del Estado, desde el pasado jueves comenzaron a correr los plazos para que los actuales magistrados dejen sus cargos.
Este viernes se realizó lo que el mismo magistrado presidente calificó de una reunión con reporteros de diversos medios de comunicación y no propiamente una conferencia de prensa.
La sede fue la biblioteca del Poder Judicial del Estado y el objetivo era hablar de las reformas a esta institución que entraron en vigor el pasado jueves. De paso, aprovecho para abordar otros temas, como el presupuesto, las necesidades judiciales, la justicia laboral y otros.
”Nunca ha habido una amenaza”
Aunque estas reformas establecen los plazos, Ávila Heredia puntualizó: “Categóricamente digo que nunca ha habido una amenaza, el que quiera lo acepta y el que quiera no, la decisión es voluntaria, cada quien decide si se va o no se va, eso es algo personalísimo, y cada quien de acuerdo con su forma de pensar, con sus condiciones, tres ya presentaron un escrito para presentar una controversia, los otros no”.
En cuanto al contenido de la reforma con sus cambios, opinó que en síntesis trae cosas positivas, en algunas coincide y otras ya están desde antes, en lo primero que está de acuerdo es en que faltan más juzgados, pero no más magistrados.
Igual consideró que faltan juzgados, por ejemplo, en Buctzotz, Kanasín, Hunucmá y otros municipios del interior, no tanto por los casos que se presentan, sino por la distancia que dificulta hacer llegar la justicia.
“Pero si no hay dinero, cómo abres más juzgados, el Consejo de la Judicatura puede abrirlo si hay dinero, te puedo establecer claramente que en estos dos o tres últimos años se abrieron dos juzgados: el 4o. Mercantil y el 4o. Civil en Mérida, desafortunadamente la pandemia nos ha impedido la apertura de otros, y también se fueron cerrando algunos, lo que dio lugar sobre todo en materia penal”, citó.
Sobre la polémica que ha surgido en torno a si estas reformas fueron una intromisión de los otros poderes al Legislativo, el magistrado respondió: “Creo que eso ya son opiniones de cada quien de si hay intromisiones, al Congreso le corresponde hacer las leyes, es donde hacen las leyes, aunque todo en esta vida tiene su fondo político”.
En cuanto a los recursos, el presidente recordó que nunca les dieron los necesarios, ni siquiera lo que dice la ley, “está escrito que nos deben dar lo menos el 2% del presupuesto de todo el gobierno estatal, pero nunca nos lo han dado, ni cuando estaba el anterior gobernador (Rolando Zapata Bello) y tampoco con el actual (Mauricio Vila Dosal).
“Nos tocaba, por ejemplo, arriba de 800 millones de pesos donde se establecían estas necesidades de los juzgados, y quedaron en 600 y tantos millones, hubo un año en que no se subió ningún centavo, me ofrecieron una rebaja del 20% que afortunadamente por la comprensión que se logró con el gobernador no nos rebajaron y nos dieron lo mismo que el año anterior”, dijo.