Después de dar a conocer las dificultades que atravesó en la búsqueda de respuestas sobre asuntos del ámbito del Ejecutivo, Marysol Canto Ortiz subrayó: “Nuevamente las dependencias del gobierno del Estado intentan poner trabas en el acceso a la información pública”.
“Nuevamente se sirven de vericuetos legales para intentar coartar nuestro derecho a saber, pero en ¡Ya Basta! acordamos no darnos por vencidos”, apuntó. “Vamos a continuar preguntando, aunque no les guste, aunque les moleste y aunque traten de vernos la cara escondiendo la información”.
Como publicamos ayer, la abogada Canto Ortiz se encargó de informar —durante la séptima sesión del Observatorio Ciudadano de Cumplimiento— de los resultados del seguimiento a compromisos suscritos por el gobernador Mauricio Vila Dosal en 2018, así como a las promesas de campaña más publicitadas y a otros temas de relevancia.
Con ella participaron Blanca Estrada Mora y Nicolás Andrés Dájer, también integrantes del grupo promotor del colectivo ¡Ya Basta! La primera informó del seguimiento al Poder Legislativo, en el tema de Parlamento Abierto, y el segundo evaluó los compromisos de la agenda ciudadana contraídos por el alcalde Renán Barrera Concha.
En su intervención, Marysol Canto citó ejemplos de los contratiempos a que se enfrentó en la búsqueda de información del Ejecutivo. Algunos son relativos a la estrategia Apoyo Seguro y el programa de movilidad, en los cuales, recalcó, no ha podido acceder a documentos tan básicos como proyectos ejecutivos. Las prórrogas han sido una respuesta común de los sujetos obligados.
También reveló que han comenzado a dar seguimiento a la situación financiera del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey). Se solicitó información sobre documentos contables, pero, como en los casos mencionados, el sujeto obligado recurrió a la prórroga.
A medias o incumplido
A continuación, una síntesis de los conceptos de la exconsejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el orden en que los formuló:
—El compromiso para establecer el modelo de Gobierno Abierto está en proceso, tomando en cuenta que el 12 de julio de 2019 el titular del Ejecutivo firmó la declaratoria para implementar este modelo en la administración Pública de Yucatán.
—El 21 de abril de 2021 se instaló el Secretariado Técnico tripartita, integrado por representantes del gobierno del Estado, la sociedad civil y el órgano garante, el Inaip (Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales).
—Sin embargo, pese al tiempo transcurrido no se cuenta con el plan de acción que sirva de referencia para concretar los trabajos de este modelo de participación ciudadana.
—El segundo compromiso se refiere a la adopción del estándar de contrataciones EDCA-MX, también conocido como compras abiertas. Está como incumplido.
—En un intento de maquillar la voluntad política de cumplir este compromiso, se firmó un convenio con el Inaip mediante el cual el Ejecutivo se compromete a poner a disposición de la ciudadanía los mecanismos que utiliza para el ejercicio del gasto público. Es decir, para realizar compras y arrendamientos, o bien, para pagar servicios, así como los contratos que derivan de esta labor administrativa, documentos descriptivos de los proyectos a los que está dirigido el uso de los recursos económicos, partida presupuestal, contratos, proveedor o proveedores… En resumen, toda la documentación que respalda un adecuado origen y destino presupuestal.
—A lo largo de nuestros seguimientos hemos tenido complicaciones para conseguir datos sobre este tema, ya que la firma del convenio se quedó en eso: un documento más suscrito.
—En este seguimiento —después de una búsqueda exhaustiva, parafraseando las respuestas a nuestras solicitudes de acceso a la información— no encontré algún micrositio en la web destinado específicamente a las compras abiertas que aloje información del gobierno del Estado.
—Ante estas circunstancias, los ciudadanos contamos con el recurso de realizar solicitudes de acceso a la información. Por tanto, seleccionamos proyectos anunciados con bombo y platillos como históricos e importantes por el propio titular del Ejecutivo.
—A Sedesol le solicité información sobre el proceso de licitación que sustenta la inversión de 47.2 millones de pesos para adquirir 206,534 “kits” de camisas, zapatos y mochilas entregados mediante el programa Impulso Escolar a los alumnos de primaria para el curso escolar 2022-2023, anunciado por el gobernador Vila el 5 de septiembre de 2022.
—La respuesta que recibimos fue un mapa paso a paso para realizar una consulta pública en la Plataforma Nacional de Transparencia. Hago espacio para decir que sin este mapa no hubiera tenido oportunidad de encontrar la información en este portal, por el número de información previa que necesitaba para dar “click” en el lugar adecuado.
—El 7 de octubre el gobernador Vila dio a conocer el inicio de la estrategia Apoyo Seguro, mostrando un ejército de empleados vinculados al proyecto. Me pareció conducente conocer el origen de los recursos y solicité el documento que contenga objetivos, reglas de operación, actividades o acciones que se realizarán, la dependencia que tendrá la responsabilidad, partida presupuestal asignada del presupuesto 2022 y monto total asignado para operar del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2022.
—Solicité la plantilla del personal que estará adscrito a esta estrategia. También el documento que contenga el listado de las personas que el gobernador Vila anunció que realizarán funciones de “asistentes del pueblo”.
—Hice la solicitud a cuatro sujetos obligados que pudieran tener la información. El Despacho del Gobernador, Consejería Jurídica y Secretaría de Administración y Finanzas resolvieron que la información no es de su competencia. Aunque sea difícil de creer, la Secretaría de Desarrollo Social solicitó diez días de ampliación del plazo para hacer más exhaustiva la búsqueda de la información que requerí.
—Me causa mucha extrañeza que a casi un mes de haberse anunciado —repito, con bombo y platillos— esta estrategia tenga tan escondidos (la Sedesol) documentos que respaldan la puesta en marcha. Me extraña que hasta la institución que será responsable de las acciones requiere de mayor tiempo para encontrarlos.
—Es por esto que ¡Ya Basta! insiste en que el gobernador cumpla con el compromiso suscrito en la agenda ciudadana de implementar de forma correcta la metodología de la Alianza para las Compras Abiertas bajo los parámetros del Estándar EDCA-MX.
—El tercer compromiso de la agenda ciudadana suscrito por el titular del Ejecutivo se dirige a fortalecer la Contraloría Social. Se encuentra en proceso, ya que tomamos en cuenta que la información obtenida en el quinto y sexto seguimientos indica que se han instalado contralorías al menos en los programas de desarrollo social.
—Sin embargo, no hay señales de que estas contralorías cumplan sus funciones de favorecer transparencia en las acciones de gobierno, que este acompañamiento obligue a los servidores públicos a ejercer sus funciones con ética y responsabilidad, y que se prevengan irregularidades y desvíos de recursos.
—En el cuarto compromiso de la agenda ciudadana el Ejecutivo se comprometió a dar máximo cumplimiento a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán. Sigue en el estatus de no cumplido.
—Realmente es lamentable que este instrumento jurídico no tenga la difusión que les permita a todos los pobladores de Yucatán conocer los instrumentos que tienen a su disposición frente a los posibles actos de corrupción y las sanciones a que se hacen acreedores los servidores públicos que los realizan, así como las sanciones a los ciudadanos que se involucran y participan en actos de corrupción.
—En cuanto a promesas de campaña más publicitadas, uno de los temas a los que hemos dado seguimiento es el de movilidad. Ante el anuncio de un nuevo endeudamiento solicitado por el gobernador Vila al Poder Legislativo decidí saber más y solicité información en dos vías:
a) Al Poder Legislativo le solicité copia del expediente presentado por el gobierno del Estado en mayo de 2022 para amparar la solicitud de autorización de una deuda de 1,800 millones de pesos.
b) A la Secretaría de Administración y Finanzas le solicité:
1. Copia del documento que indique los trámites hechos para contraer la deuda.
2. Copia del documento que indique qué institución otorgó el préstamo o crédito. 3. Copia del contrato que sustente las condiciones del préstamo o crédito.
Sí, pero siempre no…
En el caso del Congreso, nos envió un oficio en el que su unidad de transparencia declara procedente entregar la información solicitada. Sin embargo, no la proporcionó bajo el pretexto de sobrepasar el límite de la Plataforma Nacional de Transparencia y solicitó un correo electrónico para enviarla.
—Aunque puedo considerar esta acción como un intento intimidatorio para desistir, hice de su conocimiento el correo electrónico al que podría remitir la información solicitada, cosa que no ha cumplido por lo menos hasta la noche de ayer (se refería al jueves pasado) que revisé la cuenta de correo.
—La SAF respondió enviando un hipervínculo que me conectó con el portal donde está la información. Así pude saber que tenemos la deuda con BBVA México mediante un crédito hasta por mil setecientos treinta y cinco millones de pesos que tendrá vigencia hasta el 5 de septiembre de 2042.
—Para saber cómo se utilizará este dinero, que será pagado al banco acreedor con aportaciones federales, y como parte del seguimiento a la misma promesa de campaña de mejorar la movilidad del Estado, solicité al Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano copia del proyecto ejecutivo del nuevo sistema de transporte eléctrico Ie-Tram, presentado en junio de 2022. Solicité que se indiquen costos, rutas, tipo y características de las unidades que prestarán el servicio.
—Pedí también copia de la licitación de construcción o ejecución de las obras para la adecuación de las vías indispensables para la prestación del servicio, así como de la licitación o mecanismo utilizado para otorgar la o las concesiones para prestar el servicio del nuevo sistema de transporte eléctrico.
—El Instituto de Movilidad accionó su Comité de Transparencia y se autoconcedió diez días de ampliación de plazo para intensificar la búsqueda exhaustiva de la documentación que sustenta la inmensa deuda que tenemos que pagar.
—Es mucha coincidencia que no esté a la mano la documentación de dos proyectos anunciados como históricos y trascendentes. ¿Será que no la tienen? ¿Será que la intentan esconder?
—Me hace mucho ruido que las generaciones que nacerán en los próximos 20 años ya deban hasta la camisa y quien les colgó la deuda no tenga el proyecto ejecutivo que sirvió de soporte para solicitar el endeudamiento.
—Lo peor es que quienes autorizaron semejante deuda tampoco tengan el expediente a la vista de quienes pagaremos los platos rotos.
—En este séptimo ejercicio los integrantes del grupo promotor de ¡Ya Basta! acordamos dar seguimiento a la situación del Isstey. Solicitamos información documental con desglose de activos del instituto (patrimonio, bonos de inversión y/o ubicación de lotes de inversión), ya que en los portales web de transparencia no tuvimos suerte de obtenerla.
—Como si fuera consigna, el Isstey también se autoconcedió una ampliación del plazo para entregarla. Sin embargo, y quiero pensar que fue por equivocación, me enviaron una respuesta al folio 183, que no corresponde a mi solicitud. Presenté el recurso de queja y estaremos atentos del proceso (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA