El primer período ordinario de sesiones del segundo año de la 63a. Legislatura de Yucatán cerró con una larga jornada que incluyó todas las designaciones de servidores públicos pendientes, la aprobación de los paquetes fiscales de los 106 municipios de Yucatán, presentación de iniciativas de ley y escenas de dramas de dos mujeres que buscaban la ayuda de los diputados.
En esta última sesión del año 2022 del Congreso del Estado, los 25 diputados y los asistentes al recinto legislativo guardaron un minuto de silencio en memoria de la doctora fallecida Sandra Noemí Peniche Quintal, activista de derechos reproductivos de las mujeres.
También aprobaron la creación del reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” para saldar una deuda histórica con esta defensora de los derechos femeniles y promotora del reconocimiento del voto de la mujer en México.
Designan magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado
La parte fuerte de esta sesión fue la designación de los magistrados número 12 y 13 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cuyo rechazo no sólo se reflejó en la tribuna sino también en la votación. El favorito, el ex consejero jurídico del gobierno del Estado, Mauricio Tappan Silveira tuvo 17 votos a favor con lo cual aseguró la magistratura número 12.
Sus competidores, Carlos Manuel Cetina Patrón sólo obtuvo un voto y Manuel Jesús Monforte Cuevas ninguno. Sin embargo, siete diputados decidieron anular su voto. Además de los cuatro diputados de Morena, hubo tres votos de otros partidos de oposición que no apoyaron la propuesta del Ejecutivo.
En la otra votación para elegir a la decimotercera magistratura también hubo una favorita: la licenciada Sari Eugenia Ávila Novelo, hija del ex presidente del Tribunal Superior Ricardo Ávila Heredia , porque tuvo 19 votos a favor y nadie se le acercó. La otra abogada propuesta Mersy Jaqueline Arjona Díaz tuvo un voto y Aurelia Marfil Manrique ninguno. Cinco diputados anularon su voto.
Fue el diputado de Morena, Rafael Echazarreta Torres, quien criticó estas designaciones por mayoría.
Recalcó que la base de la democracia es la división de poderes y está claro que el Poder Judicial de Yucatán ha sido transgredido en su calidad moral porque hoy el 80% de los magistrados nombrados trabajaron en el Poder Ejecutivo, por lo tanto en estas dos últimas designaciones hay un claro conflicto de intereses.
“Quieren escudarse un dictamen apegándose a una legalidad custionable porque existe conflicto de interés, sobre todo en la decimosegunda magistratura. Hoy van a elegir al ex consejero jurídico del gobierno del estado, uno de los abogados que más violaciones constitucionales ha cometido”, dijo en tribuna.
“Les recuerdo sus últimas palabras a la prensa cuando dejó su cargo: ‘desde donde esté, seguiré sirviendo fervientemente al gobernador del estado’. Este no es el tipo de magistrados que deben estar en el Poder Judicial, no existe una democratización en la división de poderes. Y en la décimo tercera magistratura hubiésemos querido tener a una con carrera judicial, pero también hay conflicto de intereses porque son huestes del ejecutivo”.
Los dos nuevos magistrados rindieron el compromiso constitucional y con ello se incorporan al Poder Judicial, donde, según dijo Echazarreta Torres, tendrán trabajo por los próximos 15 años.
La diputada del PAN, Carmen González Martín, habló a favor del dictamen aprobado en comisiones, pero no pidió el voto para nadie, sino que destacó que el trabajo de la comisión solo fue dictaminar que todos son competentes para ocupar el cargo y cumplieron los requisitos, pero es el pleno quien debe tomar la mejor decisión.
Otros cargos en Yucatán
Los otros nombramientos aprobados por mayoría fueron la designación de la contadora pública certificada Laura Cervera Urtiaga como integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán.
José Alberto Ortiz Méndez, que recibió 18 votos, fue designado como titular del órgano de control interno del Inaip; Jesús Eduardo de Atocha Lugo López, con 19 votos, como titular del órgano de control de la Codhey.
Otro momento álgido de la sesión fue la aprobación de las reformas a ley de hacienda y ley de ingresos de los 106 municipios porque hubo posicionamientos a favor y en contra y obviamente fueron aprobados por mayoría.
Congreso de Yucatán cierra período ordinario
Jesús Pérez Ballote, del PAN, intervino dos veces. Primero para reconocer el cumplimiento de los ayuntamientos que entregaron en tiempo y forma sus leyes municipales, lo que habla de su compromiso y responsabilidad con el estado de derecho y la responsabilidad de los diputados que revisaron la constitucionalidad de esas leyes.
También destacó que no se crearon nuevos impuestos y aunque algunos ayuntamientos ajustarán el cobro del impuesto predial, este no rebasará el 8% del porcentaje de la inflación.
La diputada de Morena, Alejandra Novelo Segura, dijo están a favor del dictamen como reconocimiento al esfuerzo del gobierno federal para aumentar la recaudación de los municipios, con el fin de que tengan recursos para sus programas. Sin embargo, dijo que no el dinero no debe destinarse al gasto de lujos, sino para el gasto social y por ello vigilarán que sea a favor del bienestar de los yucatecos.
José Crescencio Gutiérrez González, de Nueva Alianza, votó a favor también con el propósito de que los ayuntamientos capten recursos para que mejoren los servicios públicos que ofrecen y destacó que hayan cumplido en tiempo y forma.
Pérez Ballote usó de nuevo la tribuna para defender el presupuesto del Ayuntamiento de Mérida porque sus ingresos son fundamentales para que cumpla su responsabilidad.
Además afirmó que los valores catastrales tienen un tope para todos los que reformaron su ley de hacienda, hubo un ajuste en el impuesto del ISAI y estímulos para la mejora de predios históricos y artísticos del centro histórico de Mérida.
“Mérida tiene un presupuesto sólido, elaboró en forma profesional su paquete económico que refleja un sentido de equilibrio y racionalidad a favor de los meridanos” dijo.
“El ayuntamiento sobresale en transparencia y es uno de los ayuntamientos mejor evaluados en base a sus resultados. Invierte correctamente los recursos para que la capital yucateca siga avanzando en materia de calidad de vida”.
La priista Karla Franco Blanco fijó la postura del PRI sobre la ley de hacienda y de ingresos y afirmó que los servicios públicos que da el ayuntamiento no presentan mejoría, hay problemas en mercados, aceras en mal estado, falta de iluminación, falta de atención en los parques, ha aumentado el robo de vehículos en la ciudad y la atención no está llegando parejo a todos los sectores.
“Vemos que hay un aumento en la recaudación del predial, lejos de reducir los costos de este pago, es superior a un 16% este año”, indicó.
“Están encareciendo los servicios públicos, esto quiere decir que el pago de predial llenará las arcas para negocios familiares, hay un caos vial que causa conductas violentas en la ciudad, el índice inflacionario en los ajustes le pegan fuerte a las colonias del sur que tienen alzas del 14 al 26%, el pago del ISAI con los 4 factores no beneficia a los que compran casas para vivir sino para los desarrolladores inmobiliarios”.
Eduardo Sobrino Sierra, del PRD, votó en contra no sólo por las leyes de Mérida sino de 20 municipios más.
“Es cierto que no aumentan el predial, pero mañosamente aplican el ajuste catastral y con ello lo aumentan”, indicó. “No olvidemos que ya se había aumentado los valores catastrales en algunas zonas, en la calle 47 subió un 46%, en Dzununcán 66%. No estoy de acuerdo porque la situación económica de las familias son muy reducidos y no están para mayores pagos”.
También expuso que el Ayuntamiento de Mérida no ejerce todo su presupuesto porque en 2021 transfirió para el siguiente año unos 700 millones y este 2022 será de alrededor de 1,000 millones. Y esto es porque quiere vender la idea de que es eficiencia financiera, pero no es justificación porque la ciudad tiene muchas necesidades.