Mediante el hahstag #MiVotoNoSeToca, organizaciones civiles que defienden la democracia mexicana, el voto libre y secreto y al INE lanzaron una invitación pública para que los ciudadanos pidan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que frenen el plan b de reformas electorales ya vigentes.
La meta es recabar 200,000 firmas para que posteriormente en un evento público entreguen a la Corte la petición porque las reformas aprobadas afectan y contradicen lo que establece la Constitución federal.
La asociación Unid@s lanzó esta iniciativa dirigida a la Suprema Corte y los ciudadanos pueden adherirse ingresando a la liga https://chng.it/yTknB498.
Respuesta a la campana #MiVotoNoSeToca en defensa del INE
Hasta las 3:32 de la tarde de este jueves 2 de marzo, la iniciativa había registrado a 163,350 personas, pero la cifra aumenta conforme pasan los minutos y los ciudadanos ingresan a la plataforma.
“Sabemos que los ciudadanos no estamos facultados para presentar acciones de inconstitucionalidad, pero sí podemos dar nuestra opinión de manera voluntaria y por escrito para que sea tomada en cuenta por los ministros al momento de resolver si esas leyes son constitucionales o inconstitucionales”, explica el texto de la solicitud.
“El escrito que contiene la opinión de los ciudadanos se llama ‘amicus curiae’ (amigos de la corte) y es muy valioso porque busca colaborar con la resolución de la sentencia”.
Juicios de inconstitucionalidad del plan b de la reforma electoral
Patricia McCarthy Caballero, coordinadora del Frente Cívico Familiar, informó que la Suprema Corte ya inició el análisis de los primeros juicios de inconstitucionalidad contra el plan b derivado del primer paquete de leyes reformadas, pero ahora que ya se promulgó el segundo paquete de leyes vendrá una férrea defensa jurídica por la vía de la SCJN.
“Por ello es muy importante que la ciudadanía firme esta petición a los ministros para que tomen en cuenta la opinión de la sociedad”.
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“Todo aquel ciudadano que esté preocupado por el atentado que realiza el gobierno federal a la democracia, lo invitamos para que firme esta petición a los ministros”, recalcó.
“Es muy sencillo el procedimiento, solo es abrir la liga, leerán el texto que sustenta la petición de que frenen el plan b. Luego mandaremos todas estas firmas a la Suprema Corte para que tenga más elementos y conozca el sentir y la voz de la ciudadanía, por ello es importante sumarse a esta iniciativa”.
Llega la “fase fuerte” de la campaña para defender la democracia
Señaló que hace unos días empezó la recepción de firmas y espera que entre a una fase fuerte esta campaña porque ya empezó el análisis del plan b por la Suprema Corte pues las reformas ya fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
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“Es fundamental que la voz ciudadana acompañe en el proceso de análisis a la Suprema Corte, es importante que los ministros escuchen a los ciudadanos, independientemente que las machas dejaron bien claro el rechazo al plan b”, recalcó la activista.
“Amicus curiae es una expresión en latín que significa ‘amigos de la corte’, es una forma de decirle a los ministros que aunque somos terceros perjudicados, tenemos interés y el derecho de opinar”.
Patricia McCarthy reiteró que el plan b del presidente Andrés Manuel López Obrador pone en riesgo el ejercicio del voto libre y secreto, y es un atentado muy grave contra la democracia, por ello los mexicanos pedimos que lo frenen.
Prevén más medidas legales contra el plan b de AMLO
Anticipó que mientras la Suprema Corte no emita un fallo sobre los juicios de inconstitucionalidad del plan b, las organizaciones civiles continuarán presentando acciones legales y levantando la voz en concentraciones masivas.
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Las primeras demandas de inconstitucionalidad las presentaron el propio INE, las organizaciones civiles contra el primer paquete de leyes reformadas, pero ahora que se publicó la segunda en el DOF seguramente van arreciar las demandas, como acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos colectivos o individuales porque muchos trabajadores del sistema electoral verán afectados sus derechos laborales porque se quedarán sin trabajo de manera ilegal, continuó la activista.
“Vienen muchas acciones jurídicas y pretendemos acompañar a la Suprema Corte en este análisis jurídico”, señaló.
“Pedimos a la ciudadanía que esté pendiente de las siguientes acciones que se puedan convocar, ahora se analiza la parte jurídica en la Corte, pero esta lucha seguirá”.