El sábado 3 de septiembre del 2022, cerca de las 20 horas, Julio Francisco A. S llegó a casa de Guadalupe R.C.M. y le pidió ver a su hijo, pero ésta se negó debido a que la separación entre ambos se había dado por situaciones de violencia familiar.
“Entonces me lloró y me rogó, por lo que accedí, pero en un descuido él lo cargó, lo subió a una camioneta y se lo llevó. Le marcaba y me mandaba a buzón; no me contestaba, y cuando lo hizo sólo fue para decirme que no me devolvería a mi hijo”, relata la joven madre.
Desde entonces no ha vuelto a ver a su hijo J. M. A. C., de 7 años de edad, y aunque se ha acercado a las instituciones encargadas de impartir justicia, aún no recibe apoyo, por lo que se siente desamparada por las autoridades.
“Nadie, en más de seis meses, ni siquiera un juez familiar, ha visto al menor y nadie puede garantizar que esté bien o que siga en el Estado”, confirma Ángel René Cruz Celis, abogado de Guadalupe, lo anterior es a pesar de que el caso está —desde hace varios meses —en el Juzgado Cuatro Mixto de lo Civil y Familiar, con sede en Kanasín, bajo la titularidad del juez Luis Fernando Dorantes Canché.
Acusan a jueces de no velar por interés de un menor
El problema, indica el abogado, es que el juez no se ha preocupado por garantizar el interés superior del menor, pues aunque el padre se ha negado a presentar al niño ante los jueces, no existe una medida provisional, ni se han dictado acuerdos de guardia de custodia provisional y se ha negado a una petición para que el menor sea escuchado.
En entrevista, Cruz Celis relata que Julio Francisco y Guadalupe tuvieron al menor en el 2015 producto de una relación, sin embargo él comenzó a ejercer varios tipos de violencia sobre la joven madre, la cual decidió poner fin a la pareja, antes de perder la vida; según expone.
Pasaron al menos cuatro años sin que Julio viera al menor, pese a no existir impedimento para ello. E 2019 se acercó a él, luego dejó de verlo nuevamente, hasta que volvió en el año 2022 a buscar a su hijo.
Un viaje, posible movil de la sustracción
La última visita del padre al menor, el día que lo sustrajo, tuvo lugar luego de que Guadalupe Guadalupe acudiera a un juez familiar para un permiso para que el menor saliera del país bajo el criterio jurisprudencial en el que se señala que “el desarrollo del menor está supeditado a sus ratos de esparcimiento y al conocimiento del mundo”; por lo que se determinó imperativo que saliera y no había nada que le impidiera realizar un viaje al extranjero, incluso cuando el padre se negó a otorgar el permiso al menor.
Días antes de realizar el viaje, Julio acudió a la casa donde habitaba el menor con su madre y su nueva pareja y, como ya se ha señalado, se llevó al niño.
“La madre me busca y acudimos a la Fiscalía a presentar una denuncia por desaparición, pero se la niegan. Desgraciadamente no había un acuerdo de guarda y custodia y en la Fiscalía le dicen que no pueden hacer nada y que tiene que ir a los juzgados familiares”.
La mujer, apoyada de su abogado, relata que llegó al Juzgado Quinto de Oralidad Familiar y ahí promovió, inicialmente, un juicio de guarda y custodia que quedó en el expediente 635/2022. La Jueza Juliana Hortensia Soberanis Santana, señala, fijó una fecha para la escucha del menor, sin embargo al llegar ese día el niño no fue presentado por el padre, y lejos de ejercer un apercibimiento, la magistrada envió el caso a juzgado Cuarto de Kanasín donde fue admitido bajo el nuevo número de expediente 01573/2022, con el pretexto de jurisdicción.
Se desconoce paradero del menor
“Sobre cualquier formalismo procedimental, el menor siempre va a estar por delante de ello. Y por lo tanto, debió reservarse la acción de entrar al análisis de competencia y volver a citar al menor, y apercibir al señor de que si no lo presenta, podría enviar la fuerza pública. Tienes todas las facultades el juez para hacer valer ese derecho y proteger al menor”, dijo el abogado Cruz Celis, quien para no retrasar el proceso, admitió el cambio, pero cada vez la situación ha ido empeorando muy lejos de garantizar los derechos del infante.
“Cuando llega a Kanasín, el juez los obliga a acudir a una audiencia de mediación que se fijó para el 26 de enero. Es el acuerdo único que dicta en atención al procedimiento; no señala fecha para escuchar al menor, no señala medidas provisionales, no apercibe al señor en caso de no presentar al niño y como ambos quieren la custodia, ninguno se presenta a la mediación, pero el juez no hace nada, no impulsa el proceso, simplemente no hace nada a pesar de que tiene la obligación de hacerlo como señala el artículo 489 Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán“.
No obstante, el abogado ya promovió una audiencia de escucha del menor, pues desde que el padre se lo llevó éste no va a la escuela, no ha visto a su madre ni hermanos, por lo que no existe garantía de que esté bien.
Días antes de obtener una respuesta, dice el abogado, acudió él mismo a los juzgado a preguntar por el proceso y la secretaria le indicó que ya había una fecha para que el menor sea presentado, sin embargo, un día antes el juez pidió el expediente para revisar personalmente y posteriormente negó la petición mediante un oficio publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado con fecha siete de marzo.
Cuestionan proceder de un juez y madre pide justicia para ver a su hijo
El abogado considera que el juez pudiera estar actuando de mala manera por compromisos personales con el padre del demandando, pues ese mismo juzgado ha llevado varios casos del padre de Julio Francisco y se ha notado cierta celeridad en los acuerdos.
“Tengo varios expedientes en los que hay acuerdos de manera pronta, pero curiosamente en este caso, el juez no solo no garantiza los del menor por omisión, si no que se niega a que sea escuchado y presentado”.
Por lo pronto, Guadalupe, con la ayuda de su abogado promoverá un juicio de amparo para que el menor sea presentado, escuchado y el juez dicte medidas provisionales, esperando poder ver una luz de acceso a la justicia, pues como se ha dicho, hasta el momento ninguna autoridad puede garantizar que el menor se encuentra bien o dentro del Estado.