El exalcalde priista de Celestún Leonel Rosado Mena se apropió ilegalmente de un valioso terreno de 24,686 metros cuadrados (m2) y 157 metros lineales de playa en ese puerto en 2016, cuando era presidente municipal, según datos obtenidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.

Para hacerlo, Rosado Mena simuló una sesión de Cabildo en la que el Ayuntamiento donó ese predio, supuestamente parte del fundo legal del puerto, a una empresa “fantasma” vinculada a él.

El terreno, marcado como lote catastral 3867, se ubica entre el Golfo de México y la prolongación de la calle 12 de Celestún, que se une a la carretera a Sisal, en una zona privilegiada por su arena blanca y aguas cristalinas.

De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, el valor catastral de este terreno es de $15.700,000 y el comercial de $39.250,000, por lo menos, a razón de $250,000 promedio el metro lineal de playa, según estimación del economista Antonio Osorio Acevedo, director de Información Sistemática de la Península.

Empero, Rosado Mena se quedó con ese predio sin aportar un solo peso.

Según la escritura pública número 124 del 22 de abril de 2016, otorgada ante el notario Orlando Paredes Lara, el Ayuntamiento de Celestún adjudicó el lote 3867 a título gratuito a favor de Comercializadora del Sureste Bull, S.A. de C.V., representada por su apoderada y accionista Lina Asunción Castillo Chan.

Esta persona, añade el documento, “adquirió el predio que forma parte del fundo legal del municipio”, en virtud de la sesión extraordinaria de Cabildo del 2 de abril de 2016, celebrada en el Ayuntamiento de Celestún, “¡para que construya su casa!”.

La estafa de Leonel

La decisión de donar un terreno del Municipio a una empresa para la construcción de una vivienda familiar, es ilegal, entre otras cosas porque la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, en su artículo 155, fracción V, establece que el Municipio puede adjudicar a título gratuito un terreno de su propiedad para la construcción de vivienda, pero siempre que “la superficie no exceda de la necesaria para una vivienda de interés social”.

“En los casos de los terrenos del fundo legal, éstos tendrán una extensión mínima de 133 m2 y una máxima de 600 m2”.

Sin embargo, Rosado Mena pasó por alto esta disposición y autorizó la donación de un terreno de 24,686 m2, con vista a la playa, “para la construcción de una casa” a favor de Comercializadora del Sureste Bull, una supuesta compañía que, en realidad, es parte de una estafa fraguada por el mismo exalcalde.

La Comercializadora es una empresa “fantasma” sin actividades conocidas en el estado, Se creó el 20 de noviembre de 2015, con el objeto, entre otros, de “promover, facilitar, asesorar y coadyuvar con instituciones de educación superior e investigación, la creación de empresas de base tecnológica (spin-out-spin-off), a partir del desarrollo de tecnologías pertinentes y de alto potencial comercial”.

Según el Registro Público del Comercio, esta empresa tiene dos socias: Lina Asunción Castillo Chan y Lety Beatriz Pérez Uicab.

La primera era profesora de la Secretaría de Educación del Estado, por lo menos hasta 2018, y la segunda trabajó en la biblioteca pública de Tetiz hasta 2012. Ninguna de las dos acredita experiencia en la creación de empresas de base tecnológica.

Las socias registraron como domicilio social de su compañía una casa propiedad de Rosado Mena.

En efecto, de acuerdo con información obtenida por Central 9, el domicilio social de Comercializadora del Sureste Bull se encuentra en el predio número 279 de la calle 5 letra B de la colonia García Ginerés-Pensiones, propiedad de Rosado Mena y su esposa María del Pilar Castillo Ojeda desde 1997.

El 29 de junio de 1998, el matrimonio Rosado-Castillo donó la casa a sus tres hijos: Raúl Aarón, Leonel Moisés y Antonio Josué, reservándose para ellos el usufructo, según la escritura pública número 451, de esa fecha, levantada ante el notario número 5 de Mérida.

Es decir, el domicilio social de la empresa beneficiada por el exalcalde Rosado Mena con la donación gratuita de un valioso lote con 157 metros lineales de playa en Celestún es una casa propiedad del mismo Rosado Mena.

Pero éste no sólo violó impunemente la ley relativa a la donación de tierras del fundo legal del municipio, sino también incurrió en otras irregularidades.

Otra de la “mafia”

Por ejemplo, no hay pruebas documentales para probar la celebración de la sesión extraordinaria del Cabildo del 2 de abril de 2016, en la que se autorizó la donación a favor de Comercializadora del Sureste Bull.

El acta que se invoca sería falsa, al parecer.

Tampoco existe un documento que pruebe la existencia del fundo legal en Celestún y menos de la creación del fundo legal con número de tablaje catastral 3867, por lo que hay indicios para creer que ese lote originalmente era un terreno nacional que Rosado Mena lo convirtió, sin pruebas, en fundo legal y en ese carácter lo transfirió a un particular.

Como hemos informado, Rosado Mena es uno de los principales integrantes de la llamada “mafia inmobiliaria de la costa”, responsable de apoderarse ilegalmente de 10,594 metros lineales de playa y de 2.551,752 m2 de superficie en Celestún y Dzilam Bravo, durante el gobierno de Rolando Zapata Bello.

En Celestún, Rosado Mena, como alcalde, adjudicó a título gratuito 15 predios, propiedad del Ayuntamiento, a empresarios cercanos a él e incluso a sus tres hijos y a familiares del diputado federal por la coalición PVEM-Morena-PT, Mario Peraza Ramírez, pieza clave de la “mafia inmobiliaria”, como Central 9 ha publicado en anteriores reportajes.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Yucatán, encabezada por José Enrique Goff Ailloud, ha impedido que el municipio de Celestún pierda por lo menos dos de esos 15 valiosos terrenos de los que se ha apoderado el exalcalde Rosado Mena.

En 2021 esa dependencia denunció al exalcalde y en agosto de ese año, como también ya publicamos, un juez lo vinculó a proceso penal, junto a siete de sus regidores y tres empresarios por su probable participación “en hechos con apariencia de delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado, cometidos en pandilla”. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA