A pesar de los avances y leyes a favor de los derechos políticos de indígenas y mujeres, en la actualidad existen obstáculos, simulación y violencia para que accedan a puestos de elección popular y ejerzan plenamente sus funciones del cargo que ganan en las elecciones.
Esta visión surgió ayer durante el “Diálogo sobre pueblos y comunidades indígenas”, que encabezó la doctora Marina Martha López Santiago, titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el salón universitario del edificio central de la Uady.
En el marco de este evento, organizado por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, que preside la magistrada del Tribunal Electoral del Estado, Lissete Guadalupe Cetz Canché, esta funcionaria afirmó que el tribunal que dirige no permitirá que usurpen las candidaturas determinadas por paridad y de las personas originarias de comunidades indígenas, por lo que garantizará su participación activa en el proceso electoral de 2024.
“La discriminación y la marginación no tienen cabida en nuestra democracia”, advirtió.
“Todas las personas, absolutamente todas, tienen derecho a participar activamente en los procesos electorales y todas las poblaciones y sectores tienen que ser representados en las esferas públicas de toma de decisiones”.
“Como autoridades electorales estamos obligados a garantizar que los sectores históricamente vulnerados, como son las personas indígenas, ejerzan sus derechos políticos-electorales con plenitud y sin ningún tipo de obstáculo”, reiteró.
Por su parte, la doctora ponente reconoció que sí hay una complicación y obstáculos políticos para que indígenas y mujeres puedan acceder y ejercer plenamente cualquier cargo de elección por el férreo control machista, los sistemas normativos y los partidos políticos.
“A lo largo y ancho del país se ven casos donde no se les permite participar a las mujeres y a los indígenas. Existe la simulación cuando llega una mujer como presidenta, como síndica; tradicionalmente el cargo lo termina por ejercer el marido, el primo, el hermano, el tío”, reconoció ante numerosa concurrencia que asistió a escuchar su charla.
“En realidad no hay una participación tan efectiva. Sí hay avances, pero hay que buscar la manera para que puedan ejercer los cargos sin violencia”.
Dijo que hoy está garantizada la participación de la mujer al 50% por la paridad. Ya no es cuota partidista, sin embargo, lo ideal es que participen de manera efectiva, que ejerzan sus derechos políticos desde que son candidatas hasta que llegan al cargo público, que ejerzan sus funciones sin ningún tipo de violencia.
Pero la realidad es que de manera sistemática se ve que se está violentando a las mujeres en diferentes medios, redes sociales, de manera verbal y físicamente, incluso, algunas ya perdieron la vida por ejercer un cargo público.
“Las mujeres y los indígenas se enfrentan al estigma de la comunidad; si son mujeres indígenas peor. No se les permite participar, si no tienen el permiso de un varón de la familia, hay mucha violencia simbólica, hay pinta de bardas, señalamientos contra ellas, son muchos modos de violencia en contra de las mujeres”, señaló.
“Está documentado en sentencias electorales que hay hombres que usan a mujeres para atacar a mujeres, presidentas municipales que no dan licencias de maternidad a mujeres, eso también es violencia”.
¿Cuál es el panorama para la mujer y los indígenas para el 2024?, se le preguntó.
“Lo ideal es que pudieran acceder a los cargos de elección sin ningún tipo de violencia, pero lo que estamos viendo es que la violencia se ha incrementado mucho a raíz de que la paridad esta al rango constitucional”,reconoció. “Lo que tienen que hacer es asistir a espacios como este, en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres crear una red de mujeres candidatas y mujeres electas para unirse y detener un poco la violencia. Yo creo que sí va a ver violencia en las elecciones de 2024”.
También propuso que mujeres e indígenas que sienten que vulneran sus derechos o sufren violencia política deben promover juicios ante los tribunales, recurrir a la defensoría pública electoral o federal para que hagan valer el marco normativo. Sin embargo, sabe que el tema de la violencia es tal que hace que las mujeres tengan miedo de promover un juicio porque piensan que les va a ir peor, que la van a sancionar, van a señalar, van a decirle que es conflictiva y la podrían vetar como candidata de su partido.
“Lo que necesitamos es que las mujeres se empoderen para promover juicios, cuando estos juicios lleguen a los tribunales se determinará si existen elementos para calificar si es violencia política o no”, recomendó.
“Los observatorios que se están implementando en los estados y en el gobierno federal hacen que otros candidatos, partidos o grupos de personas que ejercen violencia se vean inhibidos un poco porque podrían ser sancionados, quedar en la lista de violentadores, lo que traerá una consecuencia para la siguiente elección porque ya no podrían postularse como candidatos. Los violentadores empiezan a tener un poco de temor gracias a las sentencias de los tribunales locales y federales”.
Ante la pregunta de cómo ayudará la Ley 3 de 3, la doctora López Santiago afirmó que empoderará y ayudará a la mujer con interés político, pero atrás de todo esto a veces se ejerce una violencia un tanto simbólica, un tanto oculta, no saben quiénes las vulneran, las atacan, las menosprecian, discriminan por su condición de mujer, indígena o de cualquier otro grupo social. Pero hoy, dijo, la ventaja es que existe un marco normativo que pretende frenar esta cultura de violencia política.
“No se desanimen, que sigan participando, que busquen una participación sustantiva y efectiva”, exhortó a mujeres, indígenas y a la ciudadanía en general. “Consideren que si sus derechos políticos están siendo vulnerados, existe esta defensoría electoral que puede ayudarlos, asesorarlos y promover juicios de manera humana y gratuita”.
Yucatán no tiene una defensoría electoral federal, pero la necesita porque la población indígena es grande, hay antecedentes de suplantación de indígenas en las candidaturas, indicó. Sin embargo, la creación de esta institución depende del Poder Legislativo federal porque tendrían que asignarle un presupuesto.
En el conversatorio la doctora López Santiago escuchó una reclamación de Marcela Chan, integrante de la Asociación de Gobernadoras Indígenas en Yucatán, de que el avance en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres es lento, a las lideresas las aplacan cuando se empoderan y no se respetan las candidaturas indígenas.
Milagros Herrera Buchanan informó que la defensoría electoral de la federación ha ayudado a activistas de Yucatán y recordó que han propuesto la creación de una Regiduría Indígena en los ayuntamientos yucatecos, pero es una iniciativa que está “congelada” en el Congreso del Estado.
En su charla, la titular de la defensoría electoral federal puso ejemplos de la cerrazón que había y aún persiste en comunidades de Oaxaca, Chiapas y Guerrero contra la participación de las mujeres, incluso, en la elección de auxiliares municipales, pero con las sentencias de los tribunales se empiezan a abrir espacios a este sector de la población mexicana.