“Tenemos datos aterradores que exhiben la impunidad en el Poder Judicial de Yucatán”, que incluso revela que un consejero de la Judicatura del Estado es violador de la ley 3 de 3, y por lo que en los próximos días exigirán su destitución, afirman dirigentes de la agrupación civil “Todas somos México” desde Mérida.
“La impunidad en Yucatán ha permitido que en 2021, según se ha podido documentar, sean 34 casos de los cuales no hay sentencia en materia familiar, que podrían acumular 342 años de cárcel que no se aplican. En 2022 serían 487 años de cárcel para quienes han cometido estos delitos. Es indignante como se ha tenido que documentar toda la obstrucción al acceso a la justicia”, señala Yndira Sandoval, cofundadora de “Todas somos México”.
En tanto, María Eugenia Núñez Zapata, dirigente de AMISY y de la misma agrupación nacional, desde Yucatán; agregó que: “Volvemos a levantar la voz hoy, para decir que en el Poder Judicial se requiere una profunda reforma judicial, no solo en materia familiar, y una profunda revisión desde las magistradas y magistrados, y que se revise puntualmente el caso de un consejero de la Judicatura nombrado antes de la nueva ley 3 de 3, que tenía antecedentes de violencia familiar”.
En conferencia de prensa, que ofrecieron ayer en esta ciudad para dar a conocer su manifiesto político, ambas dirigentes señalaron que en Yucatán hay una grave situación de impunidad en el Poder Judicial.
Yndira Sandoval declaró que con esta información, ahora lo que sigue en cuanto a la ley 3 de 3 en Yucatán es hacer una revisión y certificación de cada uno de los servidores públicos, sobre todo de quienes se han prestado a que sigan los casos sin sentencia.
También se analizarán cuáles van a ser las medidas para tener el filtro en la administración pública municipal y estatal, así como en los órganos autónomos.
Violencia institucional en Yucatán
María Eugenia Núñez explicó que, las cifras mencionadas refleja la violencia institucionalizada por el número de años que sigue tardando un proceso para cualquier causal, y eso que solo tomaron aquellos con más de 3 años de antigüedad sin resolver en 2021, que fueron 34 casos; por cierto, uno de ellos con 27 años de antigüedad, y que acumulan 342 años de violencia institucional contra las mujeres y los menores.
En 2022, continuó, se vio en el comportamiento del Poder Judicial que sacaron muchísimos más expedientes, un total de 83 casos, pero revisando encontraron número de años que acumulan y llegan a ser 487 años que tardaron en la suma.
Además, señaló que está el caso de un consejero de la judicatura cuya presencia viola la ley 3 de 3, pero también, “en los últimos casos que se han hecho públicos, donde mujeres denunciaron mal trato, acoso y violencia de pareja ha estado maniobrando, se le señala por las víctimas por haber puesto en los juicios a juzgadores, que en lugar de inquirir al acusado inquirían a la víctima, como si estas hubieran provocado la violencia”.
“Estos casos los vamos a retomar a revisar y van a ser el punto de apoyo para exigir la destitución de este consejero, y la revisión de la curricula de todos los consejeros, los procedimientos y hacer una auditoria forense de los juicios de los últimos años que tengan que ver con la violencia y en contra de los menores”, afirmó, aunque no dijo cuándo lo haría.
Al dar otros detalles de este caso del consejero, la lideresa estatal manifestó que se trata de dos mujeres a las que el funcionario judicial hizo sus víctimas.
“Las dos mujeres está profundamente lastimadas, indignadas; hemos visibilizado las acciones, y están dispuestas a señalarlo, aunque una de ellas esta temerosa”.