La Segunda Sala Colegiada Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ordenó la vinculación a proceso del conocido traficante de tierras ejidales Gabriel Guzmán Millet y de otras dos personas acusadas de falsificación de documentos y uso de documentos falsos, en un caso en el que, de nuevo, aparece la participación de notarios en la elaboración de documentos apócrifos.
El 6 de octubre, los magistrados de esa sala revocaron la resolución de no vincular a proceso a esas personas, elaborada por la titular del Juzgado Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Diana Yadira Garrido Colonia, el 29 de noviembre de 2022, y le ordenaron convocar a la audiencia para dictar el acto de vinculación.
Además de Guzmán Millet, fueron vinculados a proceso los hermanos Gerardo Iván y Mauricio Rubén Gutiérrez Domínguez, quienes, en contubernio con el empresario y tres fedatarios, habrían falsificado documentos para apoderarse de un terreno de tres hectáreas en el municipio de Seyé, propiedad de Saulo Méndez Puch y su esposa Juanita Pech Cano, mediante distintas maniobras realizadas entre 2017 y 2021.
Los magistrados que aprobaron la resolución son Adolfo González Martínez, Mauricio Tappan Silveira y Lizette Mimenza Herrera. Esta última, sin embargo, discrepó de sus colegas y en un voto particular señaló que en su opinión los acusados son también culpables de delitos de fraude.
Gabriel Guzmán Millet, traficante de tierras ejidales
Guzmán Millet se dedica desde hace 25 años a la compra y venta de tierras ejidales y a su nombre se encuentran cientos de predios en Mérida, Progreso, Yaxkukul, Conkal, Baca, Samahil, Chicxulub Pueblo, Umán, Samahil, Mocochá, Hunucmá, Tixkokob e Izamal.
Muchos de los predios están vinculados a denuncias de fraude, falsificación de documentos oficiales y despojo, lo que ha derivado en denuncias mercantiles y penales en su contra, pero pocas han prosperado hasta ahora.
Esto se debe, entre otras causas, a la participación de Guzmán Millet en una compleja red de traficantes de tierras, integrada por empresarios y políticos de distintos partidos, que le han brindado impunidad.
Uno de ellos fue el mismo ex fiscal general de Justicia, Wilbert Antonio Cetina Arjona, quien renunció en noviembre de 2020, en medio de acusaciones de tráfico de influencias y quien, como publicamos en su oportunidad, fungía como abogado y socio en el tráfico de tierras de Guzmán Millet.
De acuerdo con la información judicial del caso, en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, éste se inició el 22 de mayo de 2021 con la denuncia interpuesta en la Fiscalía por Méndez Puch y su esposa en contra de Guzmán Millet por falsificar la firma de ambos y apoderarse de la parcela ejidal 47Z1P2, hoy el tablaje catastral 4187.
En su denuncia, los esposos señalan que en junio de 2017 tuvieron contacto con Gerardo Iván y Mauricio Rubén Gutiérrez Domínguez, quienes les manifestaron su intención de adquirir su parcela e incluso en agosto de ese mismo año acordaron con ellos un precio, del cual recibieron una parte.
Sin embargo, añaden, pasó el tiempo y éstos no se volvieron a presentar, aunque trataron de localizarlos, sin éxito, por lo que dieron por perdido y concluido el trato.
Trabajaban para apoderarse del terreno de manera ilegal
De acuerdo con la carpeta de investigación del caso, mientras los afectados trataban de contactar con los supuestos compradores, éstos trabajaban para apoderarse ilegalmente del terreno.
El 15 de agosto de 2017, los hermanos Gutiérrez Domínguez firmaron un supuesto Contrato de Promesa de Compraventa con Méndez Puch y su esposa, en Seyé, con la presencia de testigos y del notario Fernando Castilla Patrón.
Como abundaremos en próximas entregas, la defensa de los afectados exhibió en el juicio un peritaje que prueba que las firmas del matrimonio Méndez-Pech son falsas y aportó elementos para demostrar que por lo menos uno de los testigos de la firma del contrato está ligado estrechamente con Guzmán Millet.
El mismo día de la supuesta firma del contrato de promesa de compraventa, celebrado el 15 de agosto de 2017, Méndez Puch y Juanita Pech Cano supuestamente otorgaron a favor de Guzmán Millet un poder notarial limitado, que facultaba a éste para vender su terreno. Este poder figura en el acta 445, de esa fecha, otorgado ante la fe de la notaria Ana Luisa López Pavón.
Notaria avala un contrato con firmas falsas
Sin embargo, dos pruebas periciales, una de ellas realizada por un perito de la Fiscalía, concluyeron que las firmas que obran en dicho poder no corresponden a las de Méndez Puch y su esposa, es decir, esta fedataria habría levantado una escritura a sabiendas que las firmas eran falsas.
Con ese poder falsificado, Guzmán Millet acudió con el notario José Luis Villalobos Bustillos el 24 de marzo de 2021, en supuesta representación de Méndez Puch y Pech Cano, para formalizar la venta del terreno de su propiedad a los hermanos Gutiérrez Domínguez, coludidos con él.
En esta escritura se consigna que la venta fue suscrita por Méndez y su esposa, quienes incluso comparecieron ante el notario a fin de dar su consentimiento conyugal para la venta de su parcela, puesto que están casados bajo el régimen de sociedad legal.
Como se demostró después, en realidad ninguno de los dos estuvo presente en esa reunión con el notario, aunque éste, no obstante, realizó la escritura.
Qué vergüenza e indignación que en Yucatán o en cualquier lugar ocurran cosas como éstas, que personas voraces y sin escrúpulos hasta dar asco cometan estos robos sin ninguna consecuencia, con impunidad total. Y de esto hay tanto en nuestro estado! Abusos cobijados por autoridades prevaricadoras y también sin escrúpulos que renuncian a una de las funciones que son razón de ser de la autoridad, la de evitar que el fuerte abuse del débil.