Rescatistas de animales de Yucatán se manifestaron ayer en el Monumento a la Patria por la muerte del perro Rufo, ocurrida en la colonia Chuburná de Hidalgo en 2023.
El agresor, dueño del canino, es Julio N. y está en prisión por crueldad animal. Los activistas señalaron que el can fue colgado, apaleado, le reventaron las vísceras y decapitado
Fue una muerte brutal, lamentaron.
El cuerpo del can se encuentra resguardado por las autoridades hasta que este caso llegue a su final.
Los rescatistas desean que el agresor cumpla muchos años de prisión, no desean que haga trabajos comunitarios, ni entrega croquetas sino que pague por el biocidio en la cárcel.
¿ Dónde están las leyes, no queremos más Rufos?, dijo Elsa Arceo en esta manifestación contra el maltrato animal.
Los participantes llevaron pancartas con una imagen de Rufo y también portaron un moño negro de duelo por la muerte de Rufo, Chiquilin y de muchos felinos y caninos, en Yucatán.
¿Qué queremos para Rufo? ¡Justicia!, gritaban. ¿Qué queremos para Chiquilín?, ¡Justicia!, respondió la veintena de animalistas.
Elsa Arceo expuso que el 12 de febrero se cumplieron los seis meses de que mataron al perro Rufo.
Además dijo que ella vivió de cerca esos hechos ya que al ser notificados acudieron al predio donde mataron al can. Los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2023.
Bajo amenazas de familiares del detenido
Medio centenar de rescatistas estuvieron ese día y hasta recibí amenazas del hermano de Julio N. que me iba a matar con una coa y con un hacha, recordó.
Es un biocidio, es un crimen contra la vida así está tipificado, es la declaración que la avala la ONU y la Unesco, apuntó.
Además dijo que en esta manifestación luctuosa pedían que no salga de la cárcel el agresor, quien ya tiene nuevo abogado.
No sabemos cuándo saldrá libre, sólo que el 23 de febrero, a las 12 del día, en la Sala de Juicios Oral habrá una sesión del caso.
Elsa Arceo detalló que la pena en Yucatán por el delito que cometió Julio N. contra Rufo es de seis meses a tres años y las adecuaciones a la ley están varadas en el Congreso.
Lo que desean es que algún día entre en vigor la Ley Rufo con penas más severas, pues ya trabajan en ella para que hayan una pena máxima de 12 años.