Ante la aprobación de las reformas al Poder Judicial del Estado para que sean los mismos magistrados los que nombren a sus sucesores, ya empezaron a surgir dudas en el Sindicato Progresista de esa instancia.
Además, ya se interpuso un recurso legal contra esa disposición. Lo promovió la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) por esos cambios en el Poder Judicial estatal.
“En un estado de derecho no deben quedar dudas de que las personas que estarán al frente de la impartición de justicia en el Tribunal Superior sean las más idóneas y capaces, en vez de estar orquestando un blindaje para un grupo político”, afirmó Luisa Martín Puc, secretaria general del Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial del Estado.
Eso lo dijo al día siguiente de que se aprobó la iniciativa en el Congreso del Estado y advirtió que podría ser impugnada.
En efecto, el primer día de abril la Codhey, en ejercicio de su autonomía constitucional y por considerar de interés social que en Yucatán deben prevalecer los derechos humanos, el estado de derecho y el equilibrio en las relaciones de los poderes públicos, promovió un mecanismo de control constitucional local en contra de esta reforma constitucional.
En el caso del sindicato, Luisa Martín Puc declaró que tienen dudas sobre si realmente esta reforma garantizará autonomía e independencia al Poder Judicial de Yucatán, “sobre todo si tomamos en cuenta que la mayoría de los magistrados actuales, que tendrán la facultad de nombrar a sus futuros homólogos, llegaron al Tribunal Superior de Justicia envueltos en polémicas sobre la injerencia, imposición e invasión del gobernador en dicho poder”.
“Existe la posibilidad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también promueva recursos de impugnación como una controversia constitucional, porque quizás hubo una extralimitación de funciones del Tribunal”, dijo.
Otra opción es que esa instancia nacional promuebe una acción de inconstitucionalidad en contra del dictamen aprobado.
La lideresa sindical señaló que lo preocupante de esta reforma es que tampoco se garantiza que las nuevas magistraturas de Yucatán sean ocupadas por personas con la preparación, experiencia y profesionalismo que puede obtenerse a través de la carrera judicial.
“Creo que la reforma enviada por el Tribunal Superior y aprobada por los diputados si bien ponderó la alternancia para la vacantes en un artículo transitorio para que también se contemple a servidores judiciales, debió privilegiar la carrera judicial como mecanismo de selección y que los exámenes de oposición tengan un peso importante”, con sideró.
En su opinión, sin esos candados no se descarta que privilegien nuevamente el amiguismo, el favoritismo y el compadrazgo al momento de elegir a los nuevos magistrados.
“Los ciudadanos debe tener la certeza de que quienes llegan a las magistraturas tengan perfiles idóneos y conocimientos jurídicos para que en caso de que no estén conformes con una resolución de un juez de primera instancia, se pueda resolver su asunto con un magistrado que tenga capacidad”, afirmó.— David Domínguez Massa
Lo que sí destacó de esta reforma es que se ampliará el periodo de los jueces de primera instancia a seis años, y que una vez que se les ratifique serán inamovibles en los cargos. Así se evitará que los juzgadores sean sometidos cada cuatro años al proceso de ratificación, ya que eso pudiera vulnerar su independencia al momento de resolver sentencias en caso de que haya presiones externas que pongan en juego su estabilidad laboral.
En cuanto al recurso que presentó la Codhey, se trata de un mecanismo de control constitucional local en contra del proyecto de reforma a la Constitución Política del Estado de Yucatán y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad que presentó la magistrada presidenta del Tribunal y fue aprobado por el pleno del Congreso del Estado el pasado jueves 28 de marzo.
Explicaron que este mecanismo se llama Control Previo de Constitucionalidad y lo presentaron ante el propio Tribunal Superior de Justicia.
Se indicó que es el mismo Tribunal Superior el que se erige para conocer este tipo de asuntos como un Tribunal Constitucional Local, de conformidad con la Ley de Justicia Constitucional del Estado de Yucatán.
Lo anterior implica una revisión previa a la probable inconstitucionalidad del decreto aprobado por el pleno del Congreso hasta antes de que cobre vida jurídica, es decir, antes de su publicación.
Señalaron que los efectos que busca la Codhey con este mecanismo, en primera instancia, es la suspensión oficiosa del procedimiento legislativo para frenar la publicación del decreto impugnado y luego que el Tribunal Constitucional Local se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Es decir, precisó en su comunicado la Codhey, la inconstitucionalidad es por considerar que el decreto aprobado por el Congreso del Estado adolece de vicios graves de inconstitucionalidad que ponen en riesgo el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, el principio de división de poderes y de independencia judicial, tal y como lo manifestaron diputadas y un diputado en la propia sesión del Pleno del Congreso, el pasado jueves 28 de marzo.
Añadieron que en la Codhey estarán pendientes de que se garantice la protección de los derechos humanos y la no regresividad de los mismos, y coadyuvarán para el fortalecimiento de las instituciones en la entidad desde una perspectiva de prevalencia del estado de derecho, lo quee fortalece a la democracia y al sistema federal.
Codhey Recurso
Más del recurso legal que promovió la Comisión de Derechos Humanos yucateca.
Riesgo
La Codhey considera que el decreto aprobado por el Congreso del Estado adolece de vicios graves de inconstitucionalidad que ponen en riesgo el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, el principio de división de poderes y de independencia judicial, tal y como lo manifestaron diputadas y un diputado en la propia sesión del Pleno del Congreso, el pasado jueves 28 de marzo.