El colectivo ¡Ya Basta! sostiene que, contra lo que aseguró la pasada administración municipal, el litigio por el alumbrado público de Mérida sigue abierto y este caso se mantiene como “el daño más grande al patrimonio de los meridanos”.
“Hay una deuda y un daño patrimonial que recibió como herencia el actual Ayuntamiento”, señala Blanca Estrada Mora, integrante del grupo promotor de ¡Ya Basta! “El litigio no ha terminado. Finalizará cuando la actual administración y la que le seguirá terminen de pagar los cinco millones de pesos mensuales comprometidos con el banco”.
“Nos presentan como un éxito la negociación que hicieron con el banco (Santander)”, interviene Nicolás Andrés Dájer, también del equipo promotor de ¡Ya Basta! “Nos dicen que en lugar de pagar 890 millones de pesos ahora serán 475 millones”.
“Lo que no se dice es que si se hubiera actuado con apego al derecho, en el momento oportuno, solo se habrían pagado $208 millones de rentas pendientes”, añade el empresario. “La otra opción era la suspensión anticipada de contrato (en la administración municipal 2012-2015), pero con un procedimiento de acuerdo con la ley, en tribunales. Así no nos hubiera costado nada”.
Los representantes de ¡Ya Basta! se refieren al anuncio de la administración anterior, que comenzó Renán Barrera Concha y concluyó Alejandro Ruz Castro, de un acuerdo del Ayuntamiento con el banco Santander para finiquitar el conflicto legal por las luminarias.
Como publicamos el 30 de junio pasado, Ruz Castro dijo que Santander aceptó la propuesta de la Comuna de pagar 475 millones de pesos en cinco años, cuando el banco reclamaba $588 millones más $302 millones de intereses moratorios, es decir, un total de $890 millones.
Antecedentes
Con la observación de que analizan únicamente el aspecto legal del tema, la maestra Blanca Estrada dice, entre otras cosas, lo siguiente:
—En primer lugar hay que recordar que el cambio de luminarias públicas en Mérida en 2011 fue parte de un programa nacional que impulsó el entonces presidente Felipe Calderón, para capitales de los estados y otros municipios importantes. Por eso lo aprobaron también los regidores panistas.
—En ¡Ya Basta! empezamos a darle seguimiento al caso de la sustitución de lámparas porque implicaba una deuda que se iba incrementando.
—Pasaron más de cinco años en los que no teníamos respuesta de ese adeudo por la vía de transparencia, hasta que nos dimos cuenta de este punto: lo tenían catalogado como “pasivo circulante”.
—Fue en 2022 cuando ¡Ya Basta! tuvo acceso a información de las calificadoras contratadas por el Ayuntamiento. En esos documentos vimos que las empresas ponían como riesgo ese pasivo, que llegaba a 580 millones de pesos en ese entonces.
—Ya con el aprendizaje de ese tecnicismo solicitamos información con ese nombre y así fue como nos comenzaron a responder.
—En cada uno de nuestros seguimientos semestrales expusimos que había un daño al patrimonio del municipio y preguntamos por qué no se había resuelto el conflicto, que había llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
—La Corte ratificó en 2017 un fallo de 2014 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, que determinó que el Ayuntamiento tenía que pagar (las rentas pendientes) o reponer el proceso (de cancelación anticipada del contrato) e ir a tribunales.
—Desde ese año (2017) el Ayuntamiento comenzó a patear la lata. En 2024, un juez de Ciudad de México le fijó un plazo de 72 horas para cumplir con el pago.
—Así llegamos al 4 de junio de 2024. A pesar de que teníamos alerta naranja por la cercanía de un huracán, se citó a sesión extraordinaria de Cabildo cuyo único punto era aprobar el acuerdo para pagar.
—Yo asistí a presenciar la sesión. Fue una serie de momentos que pasaron de la sorpresa a la indignación de algunos al escuchar ciertas posiciones, como la del regidor Raúl Escalante Aguilar, quien dijo que estaban cumpliendo con proteger el patrimonio de los meridanos y agradeció a las autoridades municipales por haber logrado ese descuento y pagar solo 475 millones de pesos, cuando la cantidad total era de $890 millones.
—El mismo regidor afirmó que eso era una buena noticia para Mérida, porque por fin se estaba resolviendo un problema. Es decir, celebraba que se estuviera aprobando el mayor daño patrimonial a Mérida y a los meridanos, cometido por una sola acción indebida.
—Esa sesión fue precisamente la prueba del delito que se cometió con la rescisión de un contrato de manera ilegal y un actuar indebido del alcalde Renán Barrera. Fue la aceptación de culpa, de que se había cometido un ilícito y se había dañado el patrimonio de los meridanos.
—En otras intervenciones de regidores se dijo que estaban poniendo fin al litigio. ¡Tenían que actuar por orden judicial! Habían caído en desacato y en tres ocasiones les habían ordenado: sesiona y paga.
—Como no lo hicieron, les impusieron multa de diez mil pesos a cada uno. Esta vez les pusieron plazo: tienen 72 horas para cumplir. Por eso tuvieron que sesionar en plena alerta por el huracán y la aprobación fue unánime.
El plazo de pago
Nicolás Andrés interviene para subrayar que el acuerdo aprobado fue pagar 175 millones de pesos “de abono” y lo demás en 60 meses (cinco años), a razón de cinco millones mensuales.
“De acuerdo con los registros, es el daño patrimonial más grande a los meridanos”, insiste.
Los entrevistados agregan lo siguiente:
—Ante la situación de ilegalidad, de uso indebido de funciones del alcalde, en ¡Ya Basta! decidimos dar un paso más y, con pruebas, se presentó una denuncia penal el 23 de septiembre de 2023, por ejercicio ilícito de servicio público.
—Después de presentada la denuncia, que fue admitida en forma debida, en un tiempo prudente pedimos información sobre el procedimiento a la Fiscalía Anticorrupción. Ésta nos notificó que no podía informar, porque somos denunciantes pero no personas afectadas. Sustentó su respuesta en tesis y argumentos jurídicos.
—Aun con esa incongruencia aceptamos lo que dice la ley. Es cuestionable, pero es lo que dice la ley, aunque esto demuestra que las leyes, en determinado momento, están para proteger al corrupto cuando se denuncia a una autoridad.
—Hoy, un año después, no tenemos respuesta alguna, ni pública ni privada, del Estado sobre esta denuncia, lo cual muestra que no hay justicia pronta y expedita.
—Aquí entramos al tema de la impunidad, con esa red de complicidades que es caldo de cultivo para la corrupción.
—Solicitaremos audiencia al fiscal anticorrupción para ver si nos dice algo o mantiene en secrecía este asunto de autoridad corrupta y cuya acción indebida quedó en evidencia en la sesión del 4 de junio, cuando se acordó que se tenía que pagar.
—Es necesario que la ciudadanía se mantenga alerta. Ya basta de que nos tergiversen las situaciones como el caso de las lámparas y nos den información no solo contradictoria sino ridícula, pretendiendo engañar a la ciudadanía, que es la que hace la opinión pública.
—La ciudadanía es una profesión difícil, pero de la vigilancia, del uso de nuestros derechos a exigir rendición de cuentas e información veraz depende la convivencia armónica.
—En el colectivo tenemos como lema “No a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad”. Nuestro principal objetivo es que tengamos una ciudadanía vigilante, exigente, que cobra relevancia en cada cambio de autoridades. La vigilancia ciudadana es el único contrapeso real a las acciones de poder.— ÁNGEL NOH ESTRADA
Ciudadanía Su papel
Más declaraciones de ¡Ya Basta! sobre el acuerdo en torno al alumbrado público:
Mantenerse alertas
“Es necesario que la ciudadanía se mantenga alerta. Ya basta de que nos tergiversen las situaciones como el caso de las lámparas (se referían al acuerdo entre el banco Santander y el Ayuntamiento) y nos den información no solo contradictoria sino ridícula, pretendiendo engañar a la ciudadanía, que es la que hace la opinión pública”.
Una profesión difícil
“La ciudadanía es una profesión difícil, pero de la vigilancia, del uso de nuestros derechos a exigir rendición de cuentas e información veraz depende la convivencia armónica”, puntualiza la maestra Blanca Estrada Mora, integrante del grupo promotor del colectivo.
Contrapeso del poder
La exdiputada recuerda que el lema del colectivo es “No a la corrupción, cero tolerancia a la impunidad” y, en ese sentido, su principal objetivo es que haya una ciudadanía vigilante, exigente. La vigilancia ciudadana es el único contrapeso real a las acciones de poder, dice. En yucatan.com.mx ofrecemos una versión más amplia de esta información.