MÉRIDA.- La construcción de vivienda dejó de ser una política social para los gobiernos desde la década de los 90.
En ese período se empezó a privilegiar la estrategia financiera que reactive la economía, fomente empleos y atraiga inversiones, señala un grupo académico urbanista llamado MetrópoliMid, especializado en el sector de la vivienda.
Por medio de sus representantes, Jorge Bolio Osés y David Montañez Rufino, MetrópoliMid recuerda que en 1992 hubo profundos cambios en la gestión del Infonavit y del Fovissste, las dos grandes promotoras y financiadoras de vivienda social, con miras a su adecuación al neoliberalismo económico imperante entonces.
“Círculo vicioso” en el sector vivienda
Los especialistas en urbanismo advierten un círculo vicioso en el ramo de la vivienda no solo en Yucatán, sino en general en todo el país.
Los especialistas en urbanismo advierten un círculo vicioso en el ramo de la vivienda no solo en Yucatán, sino en general en todo el país.
Bolio Osés y Montañez Rufino recuerdan que los cambios profundos en la política social de la vivienda que afectarón a los trabajadores de menores ingresos y también a los que no tienen empleo formal.
Esos cambios generaron directrices que se documentaron en la segunda década del presente siglo:
La población que recibía 2.5 salarios mínimos y menos, así como todos aquellos que no tenían un empleo formal, en su mayoría quedaron excluidos de la oportunidad de obtener una vivienda, precisa.
Con esta exclusión surgió una gran cantidad de viviendas de mala calidad, espacios muy reducidos y modelos ajenos a las costumbres de sus habitantes.
Además, detonaron los asentamientos en las periferias urbanas, donde el precio de los terrenos es más bajo, y permitió generar mayores ganancias a los agentes inmobiliarios, señala.
Es decir, con los cambios en la política de vivienda, el objetivo principal no consistía en construir habitaciones para el bienestar de las familias mexicanas, sino privilegiar una estrategia financiera.
Por tal razón, las dos instituciones públicas encargadas de accionar todo el proceso de las viviendas delegaron la promoción a la iniciativa privada y se concentraron en el financiamiento de créditos hipotecarios.
En 1972 cuando se crearon el Infonavit y el Fovissste, estos organismos instrumentaban la política pública federal de vivienda.
Ambos operaban todo el proceso: elección de terrenos, construcción y financiamiento, pero tuvieron problemas de solvencia y carteras vencidas.
Panorama desfavorable
Hoy se aprecia una complejidad para adquirir vivienda social no solo en Yucatán, sino en el país.
En primer lugar, dicen los expertos, tenemos un problema generalizado a escala nacional: la complejidad de adquirir vivienda social, y las consecuencias que derivan de la autoconstrucción y la vivienda mal planeada.
En el mercado inmobiliario, la vivienda destinada a la población de escasos recursos no cuenta con los mecanismos de financiamiento, crédito o apoyos económicos suficientes y adecuados para satisfacer las necesidades de este gran porcentaje de la población.
Citaron unas declaraciones del arquitecto Ricardo Combaluzier, integrante de este grupo académico:
“La falta de oferta para este sector de menores ingresos se encuentra en un círculo vicioso. Por un lado, está la baja capacidad de crédito que le otorga el Infonavit, que es el principal motor financiero del mercado laboral. Por el otro, están los costos finales de la vivienda ofertada, que se ha encarecido por el incremento discrecional en tiempos y costos de tramitología con nuevas imposiciones regulatorias”.
Los dos representantes de MetrópoliMid hablaron sobre cómo está hoy día el sector de la vivienda social y lo vislumbran que pasará en los próximos años.
Capacidad de compra, a la baja en Yucatán
“Las modificaciones a la política nacional de vivienda hicieron que las bases de la pirámide —la gente que tiene menos recursos— disminuya su capacidad de compra, por tanto, sus probabilidades de poder adquirir una vivienda es mínima”, explicaron.
“Antes de 2018, el 50% de la vivienda que se vendía en Yucatán era justamente para los segmentos de la población que menos ingresos tienen y que más requieren una vivienda, hoy estamos en 40%. Hay una disminución de un 10% en la oferta de vivienda social”.
“Se trata de una problemática que afecta a todo México, pues el 50% de los derechohabientes del Infonavit necesita una vivienda, y sus sueldos no les alcanzan para poder adquirir ni siquiera una vivienda social”, reiteraron.
“Aquí en Yucatán, el valor promedio de la vivienda popular es de 433 mil pesos. Para que una persona pueda comprar una vivienda de este precio necesita ganar, al menos, 9 mil pesos mensuales. El 50% de los derechohabientes del Infonavit gana menos de eso”.
“El segmento de la vivienda social, entendido como las opciones de vivienda con valores menores a un monto de 430 mil pesos, ha venido a la baja de manera consistente desde hace algunos años”, dijeron.
“Esto debido a una combinación de factores en donde intervienen el incremento en los costos de producción (valores de la tierra, mano de obra y costos de los materiales) junto con cambios en las políticas que apoyaban a las personas con menor poder adquisitivo para poderse hacer de una vivienda”.
Reto para Mérida
“En Mérida y su zona conurbada, no se puede dejar de hablar de la vivienda social económica. Es un reto que se presenta en el ámbito nacional para los más necesitados, es decir, aquellos que ganan hasta 2.8 UMAs (antes salarios mínimos), ya que no tienen la capacidad para adquirir vivienda”, señalaron los profesionales.
“Tener vivienda es el indicador más relevante para salir de la pobreza, es decir, contando con un patrimonio. Porque el patrimonio genera arraigo y, por supuesto, tejido social. Teniendo estos dos es como formas parte de la comunidad”, explican.
“Lo que ocurre es que, al no haber mercado de este tipo, los desarrolladores dejan de pensar en estos posibles compradores. Así, la vivienda que se ofrece es de 400 mil pesos en adelante, y los más necesitados no pueden acceder a ella”.
Los dos voceros del grupo MetrópoliMid consideraron que ante este panorama desfavorable para la clase trabajadora de bajos ingresos, la vivienda tiene que estar a la par de la capacidad de compra de la gente más vulnerable.
Esto para que no sigan viviendo en hacinamiento con dos o tres familias por casa. O, coexistiendo en un cuarto porque no tienen crédito o son población flotante que no se queda en Mérida y tiene que migrar.
“Si queremos mejorar como sociedad, es necesario conseguir ayuda para quienes más lo necesitan. Ya que una casa o un espacio propio ayuda a que las personas puedan prosperar, no sólo en el plano económico sino en lo social, personal y familiar”, concluyeron.
El grupo académico MetrópoliMid lo integran alrededor de 10 especialistas en desarrollo urbano y difunden sus análisis sobre la materia en la revista digital del mismo nombre.