La base trabajadora del Poder Judicial del Estado atraviesa uno de los peores episodios de su historia, al negarles el pago de horas extras a pesar de hacerlos trabajar más de las horas que les corresponde, con sueldos insuficientes y la negativa de recategorizaciones que son necesarios, señala el Sindicato Progresista de esta institución.
Con base en lo anterior, el organismo exige el pago de 30 días de bono de fin de año en vez de solo 10.
“No se acerca a lo que les corresponde, pero al menos ese pago de 30 días ayudaría en algo a sopesar las fuertes cargas de trabajo, por la falta de personal suficiente para atender la demanda laboral y la negativa a ser basificados alrededor de 200 empleados”, dijo su secretaria general, Luisa Martín Puc.
Ejercicio
La dirigente señaló que la base trabajadora del Poder Judicial la pasa mal, pues si bien para este ejercicio fiscal 2024 se concedió un histórico incremento del 21% en el presupuesto; es decir, 19% más que en los años anteriores, no se atienden los problemas reales de los servidores judiciales.
Por ejemplo, citó, la falta de personal en los juzgados familiares, civiles, mercantiles, penales y labores, la negativa de basificar a más de 200 trabajadores de primera instancia, no pagar horas extras, sueldos insuficientes y otras afectaciones.
“Aunado a lo anterior es preciso señalar que si bien la magistrada presidenta y los plenos del consejo de la judicatura y del Tribunal Superior no atienden las peticiones de los trabajadores y trabajadoras, si están más preocupados en crear puestos de subjefaturas y subdirecciones en el Poder Judicial para emplear a ex trabajadores de Mauricio Vila Dosal, con sueldos dorados”, reiteró.
Además, la lideresa consideró importante señalar que en el ejercicio fiscal 2024 se presupuestó la creación de siete juzgados, los cuales no se han realizado y menos se ha utilizado el presupuesto para el pago de salarios.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA
Escrito
Luisa Martín Puc, secretaria general del Sindicato Progresista del Poder Judicial del Estado, presentó esta semana un escrito al Pleno del Consejo de la Judicatura en la que se solicitó en representación de sus agremiados y agremiadas el pago de 30 días de bono de fin de año, en apoyo a la economía de la base trabajadora del Poder Judicial, del que esperan una respuesta positiva.