El sistema de combate a la corrupción en Yucatán costará este año a los yucatecos 16 millones 346,299, pese a que no se conoce una sola denuncia y menos se ha iniciado proceso o seguimiento a acciones contra ese flagelo en la entidad.
De ese dinero, el presidenta del sistema cobra actualmente cada mes 65,422 pesos (además trabaja en su empresa); los otros 4 ciudadanos integrantes del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, 59,622.38 pesos cada uno y su secretaria Ejecutiva, 84,301.20 pesos.
Lo demás es para empleados y funcionamiento de esta institución con siete años en operación y que, sin resultados, habría costado a los yucatecos alrededor de 100 millones de pesos.
Al inicio, este Comité no contaban ni siquiera con un solo salón donde reunirse a sesionar. Ahora cuentan con instalaciones propias, recientemente adquirieron un vehículo y toda una infraestructura burocrática con dirección jurídica, oficina de enlace y otros servicios.
“Recuerdo que cuando se creó este comité, conscientes de que no tenía armas y los instrumentos para atacar directamente a la corrupción se acordó que al menos debían dar seguimiento a los casos que se presentaran en el Estado, pero nunca supe de que eso se cumpla”, expresó Oscar Peniche Coldwell quien fue uno de los primeros integrantes del Comité.
El Comité Ciudadano se instaló el 25 de junio de 2019. Al principio se recibieron unos 80 expedientes, que en algunos casos sirvieron para que den marcha atrás en sus acciones algunos alcaldes y funcionarios.
El Sistema estatal Anticorrupción: eficacia en duda
El Sistema Anticorrupción del Estado de Yucatán fue creado en 2017 con las reformas constitucionales y las leyes secundarias derivadas de la reforma anticorrupción en el plano nacional.
Al aterrizarlo en la entidad, a través de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado, se establecieron instituciones que tienen la responsabilidad de prevenir, detectar, investigar y sancionar hechos de corrupción en el ámbito local.
Solo se habla en los medios de comunicación del Sistema Anticorrupción en el inicio de diciembre, cuando acostumbran hacer actividades por “La Semana contra la Corrupción”, que se estableció en los primeros años de su funcionamiento y aún se conserva.
Ingresos del Sistema Anticorrupción
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema estatal Anticorrupción, que cobran generosos salarios, realizan otros trabajos, pues el tiempo que les sobra en ese órgano colegiado les permite hacerlo sin problema alguno.
Esta instancia local forma parte de un sistema nacional, cuyos resultados en el país se desconocen. En Yucatán, a decir incluso de algunos de sus fundadores, no se sabe ni qué hacen hoy en día en el Sistema Anticorrupción.
En la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, su artículo 24 establece en uno de sus párrafos que: “Durante el tiempo de su gestión, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la comisión ejecutiva.”
Por lo menos la actual presidenta del Comité de Participación, Ivana Ongay Xacur, tiene una empresa en la cual señalan que “somos un grupo de instructores, encabezados por Ivana Ongay Xacur, que nos une el interés de promover una mejora continua en las organizaciones a través del diseño de nuevas estrategias que propicien un desarrollo integral en las personas”.
Integrantes del Comité Anticorrupción en Yucatán
Actualmente los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Yucatán son los siguientes: Ivana Ongay, presidenta, y como vocales están Freya Benítez Mendoza, Marycristian Sosa Novelo, Héctor Ernesto Franco Ceja e Ivone Lases Dib.
Los que han pasado por este mismo órgano colegiado y en su momento fueron sus presidentes fueron, el primero, Eduardo Ancona González, Graciela Torres Garma (hoy magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado), Javier Montes de Oca Zentella, Monica Febles Álvarez Icaza, Manuel Castillo Rendón, Rubén Arjona Ortiz y José Luis Villamil Urzaiz.
Cuestionado sobre la falta de resultados del Comité de Participación Ciudadana contra la corrupción, el 20 de abril de 2021 el Diario publicó declaraciones de su entonces presidente, Javier Montes de Oca, en las que dijo que siguen viviendo aún una etapa de construcción que les puede llevar entre ocho o 10 años para lograr su madurez y dar los resultados plenos que espera la sociedad.
También dijo que en Yucatán hay que darle más tiempo a la creación de su andamiaje, a los cimientos, a “aquello que no luce ni produce resultados visibles por ahora, pero a la larga le dará una base sólida a esta institución”.
En su creación se informó que el sistema está diseñado para ser integral. Uno de los desafíos más grandes ha sido garantizar la plena independencia de los órganos encargados de supervisar y sancionar la corrupción, así como fortalecer la participación ciudadana en la fiscalización de las actividades gubernamentales.
Deber principal
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado es un órgano autónomo que tiene la función de promover la participación activa de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción y contribuir a la vigilancia de las políticas públicas anticorrupción en el ámbito local.
Este Comité se estableció con ciudadanos seleccionados a través de un proceso transparente, con base en los principios de imparcialidad, autonomía, independencia y profesionalismo.
El Comité tiene como principal objetivo colaborar en la implementación de estrategias y acciones de combate a la corrupción y contribuir a la transparencia del ejercicio público.
También se acordó que los componentes del Sistema Anticorrupción en Yucatán serán: el Comité de Participación Ciudadana, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Yucatán, Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), Secretaría de la Contraloría General del Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán.
Salvo el Comité de Participación Ciudadana, del que se insiste en que no se ven los resultados que esperaba la ciudadanía, las demás instituciones se sabe que han presentado denuncias, tienen incluso a exalcaldes en procesos penales y han logrado la devolución de recursos públicos.
En teoría el Comité de Participación Ciudadana debería de organizar reuniones periódicas con todos sus componentes, con el fin de conocer los casos de corrupción y los avances que tienen. Aunque en un principio se hacían esas reuniones, eran en privado.
Escrutinio
En una ocasión el presidente nacional de este sistema en visita a Yucatán dijo que ante la falta de instrumentos para actuar directo contra la corrupción, decidieron hacer públicas esas reuniones, para al menos exhibir qué se hace, quiénes cumplen y los que no y para que la sociedad los juzgue.
En opinión del empresario Óscar Peniche Coldwell, expresidente de la Cámara de Comercio de Mérida, exfuncionario estatal e integrante del primer Comité integrador, encargado de nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, a pesar de que se seleccionaron a individuos idóneos para el comité, la falta de recursos y apoyo pareciera que los ha llevado a su abandono.
Dijo que el seguimiento a las denuncias de corrupción, que deberían ser su prioridad, han quedado en el anonimato. Señaló que por lo menos los objetivos y finalidades principales de los que recuerda fue para los que se creó todo este comité ciudadano no se cumplieron. Asimismo, el entrevistado consideró que con un presupuesto de más de 16 millones de pesos este año, la ciudadanía se pregunta dónde están los resultados. Las promesas de transparencia y seguimiento han sido incumplidas y han dejado a la población frustrada.