Sin lugar a duda estos actos de violencia contra los animales son reprobables y deben ser esclarecidos, sentenció Wilmer Monforte Marfil, coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, al opinar de una reciente matanza de perros y gatos en Tzucacab.
El diputado destacó que “desde la 4T se impulsan iniciativas tanto a nivel federal como local para proteger sus derechos”.
“En ese sentido, en el primer período de esta Legislatura presentamos dos iniciativas precisamente enfocadas en reforzar el marco de protección a los animales; una es para reconocer en nuestra Constitución local a los animales como seres sintientes, y con ello reconocer el bienestar animal como una obligación compartida del Estado y la sociedad yucateca”.
Más allá de endurecer penas, señaló, este es un tema de concienciación compartida, en la que puedan entender que el cuidado y el bienestar de los animales compete a todos, en el que todos deben sumar esfuerzos para evitar acciones que dañan a los seres indefensos.
Roger Torres Peniche, coordinador de la bancada del PAN, comentó que las reformas al Código Penal, conocidas como Ley Rufo, representaron en su momento un avance significativo en la protección animal al tipificar el maltrato y crueldad hacia los animales domésticos como delitos sancionables con multas y penas de prisión.
Criterios
Entre sus disposiciones más relevantes, destacó, están penalizar actos de maltrato, crueldad, abandono y la muerte de animales y enfocarse en la protección de animales domésticos, estableciendo criterios claros sobre lo que constituye crueldad y negligencia.
“Sin embargo, como lo evidencian los casos recientes en Tzucacab, persisten desafíos en la aplicación de estas reformas, en especial la sanción de estos actos, que hacen necesaria una actualización de estas reformas para mejorar su eficacia, adaptarlas a los desafíos actuales y atender las lagunas que persisten en la protección animal”, indicó.
De las áreas clave para reforzar, el diputado panista citó el endurecimiento de las sanciones, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta y establecer protocolos para investigar, por ejemplo, envenenamientos.
“El problema del maltrato animal está estrechamente relacionado con la falta de una cultura de tenencia responsable”, comentó.
“Muchas de las víctimas de maltrato y envenenamiento son animales callejeros, que fueron abandonados por sus dueños o nacieron como resultado de la sobrepoblación no controlada”.
Por todo lo anterior, consideró importante la actualización de la normatividad para adaptarla al contexto actual y someterla a revisión y aprobación en la presente Legislatura.
Este paso, opinó, sería clave no solo para endurecer las sanciones, sino para fomentar una cultura de responsabilidad hacia las mascotas y garantizar el bienestar de los animales en todo el estado.
Gaspar Quintal Parra, coordinador de la fracción priista, remarcó que “es urgente hacer del conocimiento la existencia de mecanismos para denunciar casos de maltrato animal, fortalecer el acceso a mecanismos de denuncia seguros y eficaces, además de apoyar a los refugios y rescatistas que trabajan en la protección animal”.
El maltrato animal en Yucatán es un problema público que debe representar interés de las autoridades, dijo.
A pesar de los avances en la legislación, la existencia de la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán que data de 2011 y sus reformas, y el endurecimiento de las penas en el Código Penal yucateco, persiste esta lamentable situación.
Maltrato animal: casos locales
“La existencia incluso ahora penal como maltrato o crueldad en contra de animales domésticos no evita que en Yucatán se cometan crímenes violentos y actos de crueldad contra los animales, tal es el caso reciente de los seis perros muertos en Tzucacab, en Tekax en diciembre de 2024 y en Izamal en octubre de 2024, entre otros”, indicó el priista.
Quintal Parra enfatizó que la fracción del PRI rechaza absolutamente el maltrato animal y mantiene la postura de que la eficacia de la norma deviene de su aplicación y su observancia, de la colaboración entre autoridades.
Aunque existen leyes que protegen a los animales, su aplicación debe seguir a un proceso de denuncia hasta las últimas instancias, a la par de la aplicación de políticas públicas, promover campañas de concienciación en escuelas y en la sociedad en general para fomentar el trato digno a los animales.
“La ejecución de la política pública es urgente, así como el análisis de la posible responsabilidad de los funcionarios que no la aplican”, opinó. “Este es un tema que requiere la colaboración de la sociedad, el gobierno y las organizaciones. Solo con una postura firme y acciones concretas se podrá garantizar un trato digno y respetuoso para todos los animales”, puntualizó. (Continuará).— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA